Se aprobó en grande el proyecto de Ley 207 que también es conocida como Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción. Dicha norma es observada por la oposición porque señalan que permitirá quitar la personería a las entidades cuyas personas jurídicas estén involucrados en delitos de corrupción.
Además, la propuesta de norma plantea la figura del “colaborador eficaz”, una especie de testigo para procesos, y juzgará a las personas en rebeldía así no se presenten a los estrados. La oposición ve que se busca “controlar a la sociedad”..
A esas figuras se suma las “escuchas de llamadas” telefónicas, medida que ya causó polémica en julio cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Otros tres temas polémicos de la norma aprobada son que a partir de la promulgación se contemplará como daño económico grave desde los siete millones de bolivianos y por debajo de esa cifra no será considerado grave.
El proyecto considera que si una persona es sentenciada por algún delito quedará inhabilitada para cumplir su trabajo desde seis meses hasta 10 años, según la sanción.