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Por: Carlos Derek y Gonzalo Flores |
El gobierno de Luis Arce Catacora está continuando acciones ilegales e inconstitucionales que acentúan el riesgo de desaparición del estado constitucional de derecho y la existencia misma de la democracia en Bolivia. Esas acciones son, por ejemplo:
La detención ilegal y arbitraria de la ex presidenta constitucional interina, Jeanine Añez; de dos de sus ex ministros, de varios ex miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de otros ex funcionarios del gobierno de transición, sin respetar el ordenamiento jurídico, desdoblando ilegalmente los actos y privándoles de su derecho a la defensa, al debido proceso y la presunción de inocencia.
La persistencia en negar un intento de fraude en las elecciones generales de
2019 y en querer involucrar, en un supuesto golpe de Estado, a la Iglesia Católica, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, sin cuya pronta intervención pudo haberse producido un baño de sangre que estaríamos lamentando hasta ahora.
La persecución de dirigentes de la oposición, que son convocados a declarar como testigos, con clara intención de incriminarlos en la comisión de supuestos delitos. La detención arbitraria de activistas pro-democracia, a quienes no sólo se les priva del derecho a la defensa y al debido proceso, sino que se somete a malos tratos, presiones y violencia física. La omisión intencional de todos los hechos en los que partidarios del MAS atacaron violentamente y cegaron la vida de ciudadanos bolivianos o abusaron de ellos. Las amenazas vertidas por distintos personeros del gobierno, de procesar a ciudadanos que disienten del MAS. Las amenazas del viceministro Nelson Cox, que advierte que quien no esté de acuerdo con la versión gubernamental de una conjura internacional en contra del ex presidente Morales podría ser involucrado en los diferentes casos que están siendo armados por el gobierno. La extinción de juicios penales en contra de militantes masistas que claramente cometieron atentados contra la seguridad y el orden público. En suma, la utilización de la justicia para la persecución política en su peor versión.
La declaración, por el expresidente Evo Morales, de que la reconciliación sólo será posible si todos adoptan la doctrina masista.
La advertencia de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia, sólo será aceptado por el gobierno y se le reconocerá carácter vinculante si satisface las expectativas del MAS y si incrimina a los medios que, según los masistas, mintieron al país.
La ocupación arbitraria de tierras, loteos, incendios y deforestaciones en la
Chiquitania, con claro y expreso involucramiento del ex presidente Evo Morales.
La destitución ilegal e inconstitucional de vocales electorales departamentales y su reemplazo por nuevos personeros nombrados por el presidente Arce; los intentos de procesamiento a varios de sus miembros.
El alineamiento gubernamental con dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, caracterizadas por la conculcación diaria y permanente de los derechos de las personas.
El despido selectivo de funcionarios públicos que no militan en el MAS o que se atreven a realizar comentarios críticos respecto a las políticas del gobierno.
La retoma por el gobierno, de medios de comunicación social y la multiplicación de cuentas falsas en Redes sociales, que emiten sistemáticamente sólo la versión oficial de los hechos, y esconden convenientemente hechos e interpretaciones que cuestionan el desempeño del gobierno y sus directivos.
El uso abusivo del nuevo Reglamento de Debates en la ALP, que permite que los ministros que son interpelados, reciban sólo las preguntas amistosas de miembros de su propio partido, mientras que a los de oposición se les prohíbe preguntar e incluso hablar. Esta práctica insólita cercena la capacidad del Órgano Legislativo de fiscalizar y estropea la capacidad que debe tener éste de dialogar con el gobierno y con la propia sociedad civil
Estos y otros hechos configuran de manera incontrovertible la voluntad gubernamental de eliminar la disidencia y la pluralidad, consagradas en la Constitución Política del Estado, y un afán de imponer un pensamiento y un proyecto único que eternice en el poder a un partido y a sus dirigentes.
Ante ello, la plataforma ciudadana Una Nueva Oportunidad (UNO):
1. RECHAZA todas las actitudes de abuso del gobierno del MAS, que violan la Constitución, las leyes y los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y que restringen y/o suprimen los derechos consagrados para todas las personas en los mencionados instrumentos legales.
2. CONVOCA a la ciudadanía en pleno a mantenerse vigilante frente a estos atropellos, y a emplear todos los caminos constitucionales y legales que permitan revertirlos.
3. EXIGE al Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, actuar en el marco de la Constitución y las leyes y no someterse a las decisiones arbitrarias de quienes están en función de gobierno.
4. ALERTA a la comunidad internacional y a organizaciones internacionales de derechos humanos, sobre los hechos que se están suscitando en el país y pide su actuación en el marco de la normativa que rige la materia.
La Paz, 26 de julio de 2021
Por la plataforma Una Nueva Oportunidad:
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