DEPREDACIONES MINERAS Y AVASALLAMIENTOS DE TIERRAS COMUNARIAS

Por: José Luis Saavedra |  

En el decurso del presente mes de julio hemos vivido, en Bolivia, un par de procesos sociales y ambientales sumamente preocupantes (no son los únicos, pero sí los más importantes por su magnitud e impacto climático): uno, la reactivación de los incendios en la región de la Chiquitania, cuyos focos de quema (más de tres mil) continúan en gran parte del departamento cruceño y que aún hoy día se encuentra en riesgo de incendios.

Otro, los avasallamientos de tierras de comunidad indígena, cuyas afectaciones, a diferencia de los incendios, no sólo tienen lugar en una región específica, como es la Chiquitania, sino también en la Amazonia. La raíz de los avasallamientos en el oriente boliviano es la colonización colla en general y cocalera en específico. En cambio, la fuente de los avasallamientos de tierras y territorialidades indígenas en la Amazonia norte de La Paz, es la minería y particularmente la minería aurífera.

La causa u origen común de estos procesos, aparentemente aislados o incluso separados, es pues el mismo: el extractivismo, concretamente el agroextractivismo en el caso de los incendios forestales y la salvaje expansión de la frontera agrícola para la siembra de los monocultivos, esencialmente de soya transgénica. Y en el caso de los avasallamientos, tanto de los colonizadores como de los operadores mineros, es pues la misma ilógica del extractivismo depredador y la catastrófica contaminación ambiental.

Si bien convendría trabajar este conjunto de procesos de devastación socioambiental desde y a partir de una misma comprensión global u holística, que es lo que corresponde a la propia realidad socioambiental, por razones de espacio hoy vamos a limitarnos a demostrar la política profundamente destructora y vandálica de los avasallamientos mineros en la Amazonia del norte de La Paz y posponemos para una próxima oportunidad el tratamiento de los incendios forestales y los avasallamientos perpetrados por los colonizadores (mal llamados interculturales).

Veamos pues el núcleo común de la conflictividad en la comunidad de Charopampa y la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo en el municipio de Mapiri, donde se concentra gran cantidad de cooperativas que se dedican a la extracción del mineral. No tenemos espacio para referir los diversos antecedentes de esta grave problemática, bastará con decir que la comunidad y la cooperativa (dedicada a la explotación de oro aluvial), vienen arrastrando viejos conflictos limítrofes y por ello mismo se suscitan frecuentes enfrentamientos entre los comunarios y los cooperativistas mineros (cfr. “Extracción intensiva de oro trae conflictos y daños ambientales”, Página Siete, 13 julio 2021).

La denuncia primordial de los dirigentes de la comunidad Charopampa, que está saneada y titulada como propiedad indígena, es que los mineros invadieron su territorio, es decir que la cooperativa minera avasalló -impunemente- su territorio y no se realizó ninguna consulta previa (ni libre, ni informada) para la explotación aurífera. Y precisamente de la conciencia de esta realidad emerge la contundencia del posicionamiento de Eduardo Coaquera, dirigente de Charopampa, en el sentido que no permitirán que la cooperativa 15 de Mayo “avance un metro más en nuestro territorio, porque nos han avasallado”.

El conflicto más violento es el que se ha suscitado el pasado reciente 09 de julio, en el que se han producido graves enfrentamientos -con todo y dinamita- entre los mineros de la Cooperativa 15 de Mayo y los comunarios de Charopampa. Los comunarios, los cooperativistas y al menos 400 efectivos policiales (llegaron “buses con 400 policías), que habían sido desplazados a la localidad, se enfrentaron con dinamitas, gases lacrimógenos y perdigones. De manera generalizada, los pobladores del lugar acusan a la fuerza pública de intervenir para favorecer -claramente- las actividades de la cooperativa aurífera.

Al no disponer de espacio para una descripción detallada del conflicto, ni de sus causalidades coyunturales o estructurales, nos limitamos a remitir a la lectura del interesante reportaje de Página Siete “La explotación de oro activa un polvorín de conflictos en Mapiri” (27 junio 2021). Sin embargo, no podemos dejar de decir que la tensión subió en la región con los bloqueos y la llegada de más de medio millar de policías que -según los representantes de las comunidades- protegen a los avasalladores mineros que pretenden tomar la región porque uno de los más interesados es el alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, obviamente del MAS, y quien además ha admitido que es socio de la Cooperativa Minera Aurífera “15 de Mayo”.

Así, de los hechos hasta hoy conocidos, podemos inferir que, uno, los cooperativistas vulneran -flagrantemente- los derechos fundamentales de los comunarios en las regiones auríferas. De hecho, la empresa minera empezó a explotar oro sin una consulta previa al pueblo indígena y ahora mismo la Cooperativa “no quiere consultar ningún trabajo con la comunidad”. Es pues evidente que “hay una violación de los derechos de los hermanos lecos”.

Dos, los cooperativistas dañan severamente el medio ambiente con el uso y abuso del mercurio. Uno de los problemas más serios de la explotación del oro es precisamente el daño al medio ambiente, ya que las cooperativas apelan al uso (yo diría abuso) del mercurio y que, como sabemos, envenena los ríos. Ojo que en muchos ríos se observa a gente colombiana o china con maquinaria y dragas para explotar el oro a mayor escala. 

Tres, el desvío (por los mineros) del río Mapiri ha puesto y pone en grave peligro a varias familias de la comunidad, provocando la inundación tanto de las áreas de cultivo como de las viviendas de la comunidad. Es así que la cooperativa empezó los trabajos sobre las tierras de los lecos y desvío el río causando la pérdida de al menos 300 hectáreas de cultivos, criaderos de animales, áreas de vivienda y parte de la plataforma de la vía Mapiri-Apolo. Esto sin contar con el impacto ambiental en toda la región. 

Cuatro, por ello mismo y bajo el amparo de la justicia indígena originaria, la comunidad ha determinado expulsar a la cooperativa (a la empresa extractivista) de su área ancestral y que además es tierra agrícola. Recordemos que el conflicto se debe a que la AJAM otorgó una concesión minera sobre una TCO saneada y titulada en favor del pueblo indígena leco. Así y de acuerdo con el presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver, es “Ante la falta de acción de las autoridades, (que) se aplicó la justicia indígena y se determinó la expulsión de esta cooperativa, en respeto y resguardo al área jurisdiccional ancestral de la comunidad”. 

En resumen, por lo que hasta aquí hemos podido ver, hay que advertir que la explotación intensiva de oro, con graves y severos impactos en el medio ambiente, puede generar muchos más enfrentamientos con las comunidades, como ocurrió en Mapiri. Como bien dice la Central de Pueblos Indígenas de La Paz este caso es sólo la puntita de un conflicto que se extiende por todo el norte del departamento paceño. Más aún, si tomamos conciencia de la preocupante alevosía de los cooperativistas, que además la han manifestado, públicamente, en el sentido que los “Cooperativistas anuncian «batalla campal» para ingresar a Charopampa” (Página Siete, 15 julio 2021). 

En este contexto, tan brutalmente belicoso y pendenciero, me pregunto, si hay lugar para la negociación, el acuerdo y/o el entendimiento, no digamos el concierto porque a estas alturas ya parece imposible por la política de odio tan activamente impulsada por el régimen MASista. 

| José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.