Por Johnny Nogales.-
El emperador romano Cayo Julio César se divorció de su esposa Pompeya Sila, con una frase que quedó grabada en la historia: “La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”. Hay varias versiones sobre el hecho que llevó a este rompimiento: una dice que Pompeya asistió a una Saturnalia, que era una orgía sexual permitida en aquel tiempo, y que, aunque las matronas afirmaron que sólo lo hizo como espectadora, la explicación no convenció al Divino César; otra señala que durante la celebración de la diosa de la fertilidad, la castidad y la salud, Bona Dea, en la que estaba prohibida la presencia masculina, se disfrazó de mujer un mancebo llamado Clodio, con la intención de seducir a Pompeya; descubierto el profanador, no recibió condena porque César no quiso aportar prueba alguna, pero igual desencadenó el mentado divorcio.
Desde entonces, la frase se utiliza para describir una situación o conducta que mueve a duda o sospecha. Eso es precisamente lo que ocurre en nuestro país con el Presidente y los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque aquél es defendido a capa y espada precisamente por el candidato que sería el primer perdedor o el más afectado, existen muchas voces que se han alzado desde la celebración de la consulta y que siembran razonados cuestionamientos a la labor del órgano rector de las elecciones.
Desde el inicio las cosas tuvieron un tufo indeseable. La conformación de la entidad que tendría a su cargo eventos cruciales para la democracia, como la recepción y el conteo del voto ciudadano, nació de un arreglo promiscuo entre el gobierno y los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS); de allí salieron las listas que servirían para designar a los Vocales del TSE.
Luego se vino una sucesión de divagaciones; como cuando el entonces Procurador General del Estado les obligó a presentar la denuncia por la comisión del fraude de 2019 y lo hicieron de tan mala manera que se vieron forzados a enmendarla. El juego de taquito con el que se deshicieron del pedido de anulación de la sigla política del MAS y el pilatuno trato que le dieron a la publicación de encuestas hecha por el aspirante presidencial del mismo partido, traspasando el pronunciamiento a la justicia constitucional, han sido muestras del mismo proceder ambiguo.
Nunca convenció su famosa depuración del Padrón Electoral, donde creyeron que quitando 20.000 muertos “votantes” ya se cerraba el asunto, cuando la cifra era ridícula frente a los más de 7.3 millones de participantes; únicamente en Argentina se tenía más de 160.000 inscritos. Tampoco se les movió un pelo para desmontar todo un sistema meticulosamente instalado y que acopió métodos para perpetuar a un gobierno específico. Aunque los correctivos no estuvieran enteramente en sus manos, esos temas debieron ser tratados y señalados de la forma idónea para llegar a una justa e imparcial consulta popular.
Pero lo que despertó la mayor suspicacia fue la tardía anulación del sistema de resultados preliminares o conteo rápido, a menos de 24 horas de realización del plebiscito. Precisamente fue la paralización de este instrumento el que arrojó la certeza de una evidente manipulación en las elecciones del pasado año. Ahora se repitió la historia. La falta de pulcritud acerca del mecanismo de recuento ya nos dejó con un sabor amargo, aparte de otras observaciones públicas sobre el programa informático, el manejo de datos y los servidores empleados; como si no hubieran tenido el tiempo y los recursos económicos suficientes para dotarse de los instrumentos tecnológicos y humanos necesarios para desempeñar tan crucial tarea.
Estas y otras observaciones llevaron incluso a la propia Iglesia Católica a expresar, en su momento, que no había garantías de una elección transparente, y a pedir hoy, junto a muchos segmentos de la sociedad civil, una auditoría forense e informática. Si no hay nada que esconder, las respuestas a cada una de las inquietudes no se harán esperar y se allanarán a la revisión solicitada; de lo contrario, quedará la incertidumbre sobre la honestidad con que han procedido y, al igual que en el caso de la mujer del César, de seguro se dará un divorcio obligado entre el Tribunal y el pueblo, que podría ser traumático.
Por todo lo expuesto, es inexcusable que tanto Romero como el órgano electoral, en su conjunto, sean capaces de responder en forma clara y contundente todas las interrogantes sobre la reciente votación; no sólo para disipar los negros nubarrones que hoy asoman sobre la limpieza del acto sino también porque no sería aconsejable llamar y concurrir a nuevas elecciones, como las de gobernadores y alcaldes, si no se cierra de forma inobjetable el actual proceso. No sólo se debe ser honesto, sino también parecerlo y, cuando es necesario, demostrarlo.