Foto: APS.-
Por presentar observaciones técnico financieras, legales y operativas, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) este jueves procedió a la intervención de la compañía de seguros Provida SA. para la liquidación forzosa.
Adicionalmente, instruyo la anulación de la autorización de funcionamiento de la aseguradora, mediante la Resolución Administrativa Nro. 945 y en aplicación de la Ley de Seguros 1883 y del Decreto Supremo 25758.
De acuerdo a un comunicado público, Provida SA. desde el año 2017, presentó observaciones técnico financieras, legales y operativas, y estuvo bajo un proceso de fiscalización permanente.
Un proceso que se extendió hasta la gestión 2018, cuando suspendió la comercialización y renovación de pólizas en el territorio nacional. Para entonces, Provida SA. no respondió de manera apropiada a los requerimientos administrativos, financieros y patrimoniales que la APS.
Asimismo, en los últimos 10 meses, esta compañía de seguros cambió su composición accionaria en dos oportunidades, poniendo en riesgo, no sólo las políticas del gobierno corporativo, si no la estabilidad financiera de la entidad misma.
La APS también comunicó "a los beneficiarios y a sus familias en particular, queremos informarles que sus prestaciones y beneficios están asegurados, resguardados y protegidos, por lo que continuarán recibiendo sus pagos en las fechas previstas de manera mensual, a través de las entidades financieras y medios de pago vigentes a la fecha".
De acuerdo a la información proporcionada a través del comunicado, actualmente Provida SA. cuenta con 1.767 beneficiarios, de los cuales 470 son por jubilación (pensión de vejez) y 1.297 por coberturas de muerte e invalidez de riesgo común y/o riesgo profesional.
Ese grupo de beneficiarios provienen de la cobertura de una póliza de seguros previsionales, correspondiente a las gestiones 2001 al 2006.
La APS informó que tomó esa medida de carácter administrativo, "velando por el interés de los asegurados y beneficiarios y con el objeto de precautelar la salud financiera de los recursos previsionales que deben tener al menos una sostenibilidad en los próximos de 30 años". Y que ejercerá todas las funciones y atribuciones que la ley le otorga para precautelar los derechos de los asegurados y los beneficiarios.
MAIB