Foto: Cámara de Diputados - Víctor Borda del MAS presenta proyecto de diferimiento.
Propuestas para la ampliación del diferimiento del pago de créditos hasta diciembre y la nacionalización de vehículos “chutos” preocupan al sistema bancario y el sector automotriz. El primero teme un efecto en la solidez y solvencia del sistema financiero y el segundo la quiebra.
Foto: El Potosí
Estos temas marcan la agenda económica para esta semana pues las dos propuestas fueron presentadas como proyectos de ley a la presidencia de la Cámara de Diputados por parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), con amplia representación legislativa.
En el primer caso, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) comunicó el pasado viernes su desacuerdo con la aprobación legislativa del proyecto que amplía el diferimiento del pago de créditos hasta fin de año, el cual fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Víctor Borda.
El legislador del MAS, argumentó que la Ley 1294 de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción del Pago de Servicios Básicos, promulgada el 1 de abril, “no fue debidamente aplicada por las entidades financieras”, y como ejemplo —dijo— que un banco mediante carta exigió a los deudores el pago de sus créditos a partir del mes de junio.
Empero la banca privada afirmó que la ampliación “pone en riesgo y limita, de forma considerable, su capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias en esta coyuntura" y pidió a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa suspender el tratamiento de dicha norma, porque “pone en riesgo la solidez y solvencia del sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud de la economía del Estado”.
Pese al rechazo de Asoban el proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Economía de Diputados y se espera su tratamiento camaral en los próximos días.
Situación que también fue observada el domingo por la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) porque considera que el proyecto fue elaborado "sin ningún estudio técnico" y menos opinión de las entidades relacionadas, por lo cual solicitan la suspensión de su tratamiento.
Nueva nacionalización
El segundo proyecto de “Ley Excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentados” fue presentado por la parlamentaria del MAS, Concepción Ortiz.
Tiene como objetivo establecer de forma excepcional un programa de saneamiento legal de más de 40.000 vehículos automotores indocumentados a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques, destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeña empresa (Fedemypes).
Una norma que es rechazada por la Cámara Automotor Boliviana (CAB), que a través de un comunicado advirtió riesgos de quiebra en las empresas formales del sector, en el caso de que se apruebe.
“A la fecha hay más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que han pagado todos los tributos e impuestos por la vía formal. Existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riesgo de quiebra por las condiciones adversas, competencia desleal de informales y el contrabando”, señala el documento.
De igual manera, el transporte pesado internacional a través de su dirigente, Juan Yujra, rechazó la posible “amnistía y saneamiento de vehículos indocumentados”, en medio de la pandemia, expresando que “si el Gobierno de transición lo acepta, será más por política que por una medida económica”.
El proyecto de la Diputada Ortiz, que fue presentado en junio, establece que los vehículos que sean a gas natural vehicular (GNV) para su legalización deben pagar una multa del 25% del tributo omitido. En el caso de autos a diésel y gasolina su multa será el 50% del impuesto omitido; para los remolques y tractores hasta un 25%.
MAIP