LAS DEUDAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por Lic. Ramiro Vega.-

La acción de velar por la primacía de la constitución es lo que llamamos control de constitucionalidad que tiene varios sistemas y formas. Hoy en día esta acción la ejerce el Tribunal Constitucional.

Para el ciudadano común el Tribunal Constitucional es un grupo de burócratas que forman parte del problema y de la crisis del sistema político y judicial. Probablemente sea cierto. Empero, con frecuencia olvidarnos que es la institución más poderosa del país por lo que quien controla este Tribunal controla todo.

ASÍ COMENZÓ

Los primeros esbozos del control de la constitucionalidad aparecieron en la Constitución de 1826 que atribuía a la Cámara de Censores la misión de velar por el cumplimiento de la Constitución.

En 1831 se otorgó esta misión al Consejo de Estado que con su desintegración en 1839 la acción de control quedó acéfala hasta 1843 año en el que el Consejo Nacional asumió tal responsabilidad hasta 1951.

En 1861, ante la supresión del Consejo Nacional, se restituyó el Consejo de Estado y ese mismo año se incorporó el “control de constitucionalidad difuso”, es decir, se determinó que toda autoridad debe aplicar la Constitución por sobre cualquier otra norma.

A partir de las reformas en la Constitución de 1994, se creó el Tribunal Constitucional, un Tribunal que tiene el control semi concentrado de la constitución pues al mantenerse también la obligación de toda autoridad de respetar la primacía de la constitución, surgió un sistema mixto. La importancia de este Tribunal es que sus fallos pueden dejar sin efecto leyes y decretos, lo que quiere decir que sus decisiones de alguna forma tienen mayor jerarquía que las del Presidente, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

CONADE Y LAS DEUDAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Este 17 de mayo, el CONADE público el artículo EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y SU DEUDA CON LA DEMOCRACIA recordando la trascendencia de sus decisiones y cómo fue el pilar fundamental del prorroguismo, corrupción, persecución y sendos actos de injusticia durante el gobierno de Evo Morales.

Quedó en el recuerdo un Tribunal Constitucional eminente y calificado que fue reemplazado en el régimen del MAS por uno permisivo con el uso abusivo de la detención preventiva para luego terminar con fallos que forman parte del oscurantismo jurídico en Bolivia: “la reelección presidencial es un Derecho Humano”. Fue entonces que el Tribunal Constitucional dejó de ser una ente abstracto y se convirtió en un grupo de personas con nombre y apellido que le deben a este país. Si bien los actuales miembros del TCP no son los que emitieron la nefasta SCP 84/2017, sí fueron los que la defendieron a capa y espada, en meses previos, al fraude de octubre del 2019 rechazando cuanto recurso les llegó contra la infame resolución que quedó en el olvido por la voluntad popular.

Los actuales tribunos, no tuvieron precisamente un abanico de opciones cuando les tocó reconocer la sucesión constitucional de Jeanine Añez, empero ahora tienen la oportunidad de sacar su nombre de las páginas negras de la historia al devolver la equidad y aplicación razonable de la Constitución dejando sin efecto la distribución de escaños establecida en la ley 421.