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Por Zulema Alanes B. Fotos: Universidad Arturo Prat.-
El cierre de fronteras es una de las medidas para controlar el coronavirus que está afectando a los migrantes de todo el mundo. En América Latina miles de migrantes y sus familias, están en puntos fronterizos y su situación ha sido calificada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como una emergencia humanitaria. Bolivia, no es la excepción, aunque la frontera con Chile, se ha constituido en el único territorio de conflicto.
Una oposición sin ideas constructivas, un expresidente que destila sus rencores por las redes sociales y alienta el boicot político, además de un gobierno errático en respuestas oportunas, han contribuido a que la presencia de cientos de migrantes bolivianos en la frontera con Chile se haya tornado en un campo de batalla política.
Cuando el 17 de marzo el gobierno anunció que “En 48 horas se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros, excepto los bolivianos y residentes en el país que deberán someterse a los protocolos recomendados por la OMS y el Ministerio de Salud” todo parecía estar bajo control. Más de un centenar de viajeros bolivianos fueron traídos al país en vuelos solidarios y puestos en cuarentena en hoteles pagados con recursos estatales. En medio de la cuarentena total decretada en Oruro, se empezó a sentir la presión de los migrantes y sus familias en Pisiga, frontera con Chile, pero una oportuna intervención permitió su traslado hacia diferentes regiones del país, en buses pagados por el Gobierno, con el compromiso de cumplir los protocolos sanitarios que incluyen la cuarentena obligatoria. No faltaron los transgresores.
Protesta general ante un blindaje total
El 30 de marzo, la gestión ordenada de los flujos de retorno migratorio se tornó en conflicto. En plena frontera con Chile, el ministro de Defensa, Fernando López, anunció que se “blindarán” y cerrarán las fronteras incluso para los bolivianos que pretenden regresar al país argumentando que había condiciones para someterlos a una cuarentena preventiva contra el coronavirus. Un día antes el Gobierno dijo dos ministros recibirían a los bolivianos retornados del norte chileno, pero la anunciada bienvenida devino en una prohibición: no ingresar bajo ninguna circunstancia.
Desconcierto e impotencia entre los 150 compatriotas varados en Huara, Chile. “Están siendo tratados como parias, marginados y desarraigados” cuestionó el sociólogo Alfonso Hinojosa. Se activó la presión de activistas de derechos humanos para que el Gobierno revierta su decisión de impedir el ingreso de connacionales que quedaron bloqueados en la frontera con Chile a causa de la cuarentena contra el COVID-19.
Aparecieron los políticos. Tres ex presidentes se pronunciaron en sus cuentas de Twitter. Evo Morales aseguró que “Es un deber irrenunciable del Estado el velar por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo”. Eduardo Rodríguez Veltzé escribió que "Ningún boliviano merece ser negado a ingresar a su patria, menos en tiempos de crisis". Carlos Mesa reclamó “La solidaridad y la protección de los bolivianos que están en la frontera con Chile, es una obligación jurídica y un mandato moral”.
Se sumó la presión mediática. Los medios nacionales abogaron por la repatriación de los migrantes y el hecho alcanzó repercusión internacional. Argentina, Chile, Perú, entre muchos otros países de la región, cerraron fronteras como método para contener los contagios de coronavirus, sin embargo, no estuvieron en el ojo del escrutinio internacional.
El anunciado blindaje duró pocas horas. El Gobierno se vio forzado a retroceder y habilitó un refugio transitorio en territorio nacional. El pasado 5 de abril, 480 repatriados de Huara, Chile, inició el periodo de cuarentena de 14 días en el campamento Tata Santiago, en Pisiga, territorio boliviano.
¿Complot político en la frontera?
El arribo de bolivianos a la frontera con Chile no ha cesado. Dos días después del primer traslado al refugio de Pisiga, unos 500 bolivianos varados en el municipio de Colchane, Chile, se enfrentaron a los militares cuando intentaban cruzar por la fuerza a territorio boliviano.
¿Alguien está atizando el fuego y provocando la confrontación? El Gobierno denunció un plan de desestabilización ejecutado por 35 activistas del Movimiento al Socialismo (MAS) que, según aseguró, pagan 300 bolivianos a cada migrante que se moviliza a la frontera.
Día que pasa, día que aumenta el número de migrantes. A falta de iniciativa boliviana, las autoridades chilenas los trasladaron a Iquique, donde esperarán la orden de apertura de la frontera para retornar al país. Mientras dura la espera, la dirigencia del MAS ha hecho suya la causa de los migrantes. A más de sus primeros pronunciamientos, el resto de los líderes de oposición no han mostrado solidaridad política ni han formulado propuestas para superar la crisis migratoria en las fronteras.
En las últimas horas, al grito de “Fuerza compatriotas”, los migrantes que cumplen el periodo de cuarentena en el campamento Tata Santiago de Pisiga, se solidarizaron con sus connacionales que esperaron una semana en Colchane y que fueron retornados a la ciudad de Iquique por las autoridades chilenas.
Los 480 repatriados de Huara cumplirán este domingo el periodo de cuarentena de 14 días en el campamento Tata Santiago. La canciller Karen Longaric anunció que, después de que sea desinfectado, otros 480 compatriotas serán instalados en ese recinto. El resto del grupo que fue traslado a Iquique, unos 230 aproximadamente, deberá cumplir su cuarentena en esa ciudad asistidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La OIM dejó en claro que los migrantes son seres humanos que se ven afectados de la misma manera en que todos nos vemos afectados por esta emergencia sanitaria y ha recordado que merecen un trato con dignidad y pleno respeto por sus derechos humanos.
Los indicios del plan de desestabilización denunciado por el Gobierno han sido enviados a la justicia.
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