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El Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría opositora, superó este miércoles el desafío de las fuerzas de seguridad del Estado, que restringieron los accesos al Palacio Legislativo, y se reunió un día después de que una amenaza de bomba aireada en las redes sociales impidiera una sesión ordinaria.
Efe constató que los diputados se encontraron con problemas para acceder al Palacio Legislativo por la lenta y exhaustiva revisión de sus credenciales que hicieron los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), a la que la oposición acusa de estar subordinada a los intereses del Gobierno de Nicolás Maduro.
La propia Cámara informó luego que el quórum se completó con 87 legisladores, varios de ellos suplentes tras las detenciones de algunos diputados y las acogidas de otros en distintas embajadas en Caracas.
Una treintena de uniformados distribuidos en varios grupos bloqueó el ingreso de la prensa a la sede del Parlamento, incluidos los integrantes del canal en línea Capitolio TV, que transmite las sesiones en vivo.
Para superar este último escollo el departamento de comunicaciones de la Cámara y los asistentes de los diputados transmitieron cortes de la sesión a través de las redes sociales, un recurso del que ya ha echado mano antes el Legislativo y que fue la única forma de seguir la sesión.
De la amenaza de explosivos que obligó el martes a desalojar el edificio no se tuvo mayor información, pese a que ese mismo día la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado solo por afectos al chavismo, se instaló sin problemas en la misma sede del Palacio Federal Legislativo apenas unas horas después.
El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, enfatizó que aún no se ha mostrado "la primera evidencia" de que la alerta de bomba fuera real, al tiempo que indicó que el Gobierno "da pena (vergüenza) ajena" al ejecutar estas acciones.
"La bomba que pusieron -dijo con ironía- era para matar la democracia y la instaló el (Servicio Bolivariano de Inteligencia) Sebin, la instaló entonces el régimen (de Nicolás Maduro)", añadió.
En ese sentido, Guaidó calificó la presencia este martes de uniformados en la sede parlamentaria como un "secuestro" del edificio y una treta del Gobierno chavista para impedir que los opositores se reúnan.
"No es la primera, ni va a ser la última del régimen", aseveró.
Tal y como estaba previsto para la sesión que se aplazó el martes, Guaidó denunció el "hostigamiento" contra el Parlamento, e indicó que 96 de los 112 diputados de la bancada opositora han sufrido "persecución" por sus ideas contrarias al chavismo, que gobierna ininterrumpidamente desde 1999.
Solo este mes, 14 legisladores fueron despojados de su fuero por la ANC luego de que el Supremo les acusara de estar involucrados en el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril, que lideró el propio Guaidó junto a un grupo de militares.
Al levantar la inmunidad de los 14 legisladores señalados por el alzamiento, la ANC se ha atribuido competencias exclusivas del Parlamento lo que en la práctica hace desde que se instaló ese órgano.
"Para lo único que sesiona la irregular Constituyente es para allanar inmunidades", agregó el opositor al recordar que este foro se instaló hace casi dos años con la promesa de redactar una nueva Constitución y resolver los problemas del país.
La diputada Dennis Fernández señaló que desde 2015 el Parlamento ha sufrido más de 100 sentencias para bloquear su accionar, incluyendo una que lo declaró en desacato y anula todas sus acciones apenas semanas después de haberse instalado.
"Pero hemos resistido con hidalguía, con gallardía, con compromiso y con fortaleza a este desmedido ataque", dijo.
En tanto que su colega José Prat denunció que los legisladores Gilber Caro y Édgar Zambrano, este último primer vicepresidente del Parlamento, permanecen desaparecidos después de haber sido detenidos por el servicio de inteligencia.
"Son en este momento dos diputados de los que no se sabe su condición, ni el lugar donde se encuentran, ni a que trato han sido sometidos", señaló.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
//El Comercio//
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