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Por: Gonzalo Rojas Ortuste |
La idea de patria remite a imágenes familiares, el hogar grande de acogida a sus hijos –y hoy debemos decir, hijas también-. Con razón algunas feministas enfatizarían matria, neologismo para alejar las connotaciones militaristas, de identidades a gran escala, que en tiempos modernos sustituyen a las más elementales de tipo tribal.
Yo prefiero enfatizar la vertiente republicana, la que reconoce pertenencias a una comunidad política, con la que intercambiamos lealtades, tenemos deberes hacia ella, como conjunto de conciudadanos y ella, la patria, me garantiza derechos, en particular los resguardos de mi libertad.
Así, no es la lealtad a un orden político cualquiera, vinculado al simple hecho del lugar de nacimiento; sino al orden garante, de la comunidad política específica que posibilita nuestras interacciones plurales. Cierto, también, de que es de un pluralismo con límites. Claramente, sin campo para aquellos que pretenden cercenar esas libertades políticas y, malhadada hora, lo consigue. Ese es el riesgo que vivimos la presente hora, con el reiterado ataque a la disidencia ante el oficialismo, ante el MAS reinstalado como gobierno con pretensiones de venganza.
No se trata de una paranoia. Son demasiado obvios y repetidos sin asomo de excepción estos abusos y transgresiones. Sin pretender ser exhaustivo señalo algunos recientes para ratificar lo dicho: Hasta la reciente reunión del llamado Consejo Autonómico que modificó para 2024 la realización del censo nacional, previsto inicialmente para noviembre del presente año, desde el oficialismo se decía que estaba todo en orden y según cronograma; y con dicha modificación recién parecen descubrir los enormes desafíos técnicos que el conteo de ese tipo y escala requieren. Y quienes se oponen, especialmente la dirigencia de Santa Cruz, son tildados de conspiradores. Los masistas, campeones mundiales en bloqueos resulta que condenan los paros, son -dizque- instrumentos de la “derecha golpista”, muletilla con la que pretenden santificar todos los excesos y, a veces delitos como las ocupaciones en Las Londras en el mismo departamento. Con razón Santa Cruz que es visiblemente el departamento que más acoge ahora a población migrante de los otros demanda ese censo. Pero está lejos de ser el único que necesita esos datos. Además del reparto fiscal, indudablemente importante, está la producción de datos que obligará a mirar y ojalá rectificar el padrón electoral y su crecimiento sospechoso en las recientes concurrencias a urnas, incluida la del 2020 y fuera de duda la fraudulenta del 2019. Y eso es decisivamente importante para la condición ciudadana con la que iniciamos este texto.
Hay otras evidentes transgresiones del trato de iguales y libres que se debe en toda comunidad política bien ordenada (república). Ante la marcha de protesta que a propósito de la aprehensión express del dirigente de los médicos y la movilización de contramarcha masista (ojo), la intervención de la policía termina deteniendo y procesando a tres de ellos que en defensa de los agresivos portaban escudos y petardos. Los agresores, que contaban con infiltrados en la protesta ciudadana –jóvenes oficiales del ejército identificados con nombres y grados- en cambio se retiran con total impunidad: hay imágenes de los medios que registran la timidez de las fuerzas policiales, empero envalentonadas para reprimir a los cocaleros de Los Yungas que reclaman por el funcionamiento del mercado ilegal encabezado por un dirigente prohijado por el oficialismo. Las fuerzas del orden público defendiendo lo ilegal. En ambos casos, ni siquiera ya tienen que verse forzados a dar una explicación de ello, se pretende naturalizar la violencia arbitraria; y eso ya es peligroso, pues no solo es ineficiencia o negligencia, es diseño de amedrentamiento a las opositores no importa los resguardos legales que puedan invocar: la fuerza está al servicio de unos y las garantías ciudadanas son papel mojado.
El discurso fuertemente ideológico de supuesta legitimidad social no puede ser la coartada para que tales transgresiones y violaciones constitucionales continúen. Los mismos oficialistas, si no están en el círculo íntimo del privilegio, pueden ser víctimas de ello. Tengamos presente el martirio del exdirector del Fondioc, Marco A. Aramayo, ya fallecido. Hoy vive igual calvario Elvira Parra, su sucesora en dicha institución. Cuando está vigente la arbitrariedad sistemática, la patria está extraviada y los ciudadanos dejan de serlo y para devenir cómplices.
| Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo y Prof. universitario de postgrado.
