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Tres fiscales están involucrados. Tres tenientes y un suboficial “de inteligencia” fueron identificados portando credenciales falsas, pero fueron liberados. Afirman que actúan como “gobierno totalitario”.
Vía: Página Siete |
Tres tenientes y un suboficial de los grupos de “inteligencia” del Ejército de Bolivia fueron arrestados por la Policía, junto a otros cinco civiles el jueves 21 de julio. Los uniformados fueron identificados como parte de grupos violentos que se infiltraron en la marcha de los médicos que se llevó a cabo en ciudad de La Paz en esa fecha.
Jorge Valda, abogado de los tres civiles enviados a la cárcel por ese hecho, afirmó que los militares infiltrados fueron detenidos por otro grupo de inteligencia del Ministerio de Gobierno y que la Fiscalía trató de esconder su identidad.
“Es un burdo caso montado por el Gobierno, legalizado por un juez del terror. No cabe duda que la Fiscalía ha actuado con falsedad”, aseguró Valda. Dijo que la Fiscalía sólo hizo encarcelar a los tres civiles y dejó en libertad a los militares.
El jurista presentó los documentos que confirman la verdadera identidad de los militares, en una audiencia de acción de libertad instalada ayer para sus defendidos, en la cual el juez negó el recurso planteado para los tres civiles encarcelados.
Según Valda, el jueves, en medio de las agresiones que los médicos sufrieron por parte de grupos de choque del MAS, se registró la intervención de grupos de Inteligencia del Ministerio de Gobierno.
Detalló que en el acta de acción directa figuran los nombres de los tenientes de Policía Wálter Callau y Alberto Calle. Ya en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), solicitaron la identidad de todos los arrestados, pero en el caso de los militares, éstos dieron nombres falsos que quedaron registrados en el acta.
Más adelante, ellos fueron identificados por medio del cruce de información, ante la sospecha de que dieron nombres falsos, pues los militares manejaban una credencial de personal médico del Ministerio de Salud. Finalmente, se logró corroborar que sus verdaderos nombres son: Óscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Hugo Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero Condori.
Los tres primeros tienen el grado de teniente de Infantería de la promoción 2013 y Lero Condori es suboficial. “Todos serían egresados de la Escuela de Inteligencia Militar”, añadió Valda.
Luego de cumplir ocho horas de arresto, se dejó en libertad a los uniformados.
De acuerdo con la información de la Contraloría, Sánchez aparece como funcionario del Ejército de Bolivia desde el 6 de enero de 2021; Herrera desde el 14 de diciembre de 2021, Barcaya desde el 26 de octubre de 2021, y Lero desde el 30 de septiembre de 2021.
“De los liberados, salvo la esposa de uno de los detenidos, las otras cuatro personas son miembros de las Fuerzas Armadas en el grado de teniente de Infantería del Ejército, quienes en conspiración y maquiavélica confabulación con Inteligencia de la Policía habrían montado este proceso para detener a tres jóvenes activistas, defensores y luchadores por los derechos humanos”, señala el documento de fundamentación que presentó Valda en audiencia.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicó en Facebook que los tres que quedaron aprehendidos “pertenecerían al grupo parapolicial y delincuencial llamado Resistencia Civil La Paz” y los mostró junto a escudos hechos de pedazos de turril, con los que supuestamente fueron encontrados.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, cuestionó el actuar del Ministro de Gobierno y exigió la liberación de los jóvenes detenidos.
Anunció que no abandonará a los tres jóvenes que fueron enviados con detención preventiva, por tres meses, al penal de San Pedro, imputados por porte ilegal de explosivos, en relación con los petardos con los que supuestamente fueron encontrados.
El abogado Valda afirmó que hay tres fiscales implicados. El primero fue quien dejó en libertad a los militares, pese a que dieron identificaciones falsas y portaban credenciales sospechosas.
El primero en conocer el caso fue Carlos Cortez Callizaya, luego el caso pasó a Omar Mejillones quien, según Valda, elaboró la imputación contra los otros tres civiles y se la hizo firmar a la fiscal Rocío Feraudi.
“Gobiernos autoritarios”
Para Gregorio Lanza, analista y exrepresentante de la Defensoría del Pueblo, el actuar de los representantes del Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas y la Policía, que trabajan con este tipo de grupos de infiltrados en los movimientos civiles, “es propio de gobiernos autoritarios”. Dijo que el país espera que el presidente Luis Arce cambie esos métodos, que fueron implementados durante el gobierno de Evo Morales.
El diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que el tema de los infiltrados es “la muestra clara que la cooptación de poder del MAS está en pleno proceso de cubanizar la protesta legítima de los ciudadanos”.
Grupo parapolicial
Adepcoca En septiembre de 2021, vecinos de Villa Fátima identificaron al director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, como el líder de un grupo de “infiltrados” que lanzaban dinamitas y generaban enfrentamientos con los cocaleros de los Yungas. “Los grupos parapoliciales” fueron denunciados por militantes del MAS que no comparten la forma de hacer “política” del grupo Columna Sur, al que pertenece el ministro Eduardo del Castillo.
Cuatro personas que fueron detenidas con los jóvenes, luego de la marcha convocada por los médicos, fueron liberadas sin que se les tome declaración alguna, supuestamente porque no había cómo individualizar la responsabilidad penal
DENUNCIAN CASO ARMADO CON INFILTRADOS DEL EJÉRCITO
Vía: El Deber |
La acción de libertad les fue negada a los tres jóvenes paceños que fueron detenidos y, posteriormente aprehendidos por supuesta tenencia, porte y portación ilícita, el pasado jueves 21 de julio luego de la marcha convocada por los médicos. Jorge Valda, uno de los abogados defensores, ve que se trata de un caso armado, anunció que presentará una nueva acción de libertad y una apelación a la determinación de tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro (La Paz).
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y se prolongó hasta la madrugada de este domingo, el juez Hugo Huacani determinó que no daría curso a la acción de libertad porque, en su criterio, debían haber presentado sus observaciones sobre el proceso de detención ante el juez cautelar que conoce la causa, y no al de garantías constitucionales. Según dijo, no se cumplió el principio de subsidiariedad.
Valda denunció la existencia de un “contubernio” en el que están implicados cuatro tenientes de infantería del Ejército boliviano, que fueron detenidos junto a los tres jóvenes, pero que posteriormente fueron liberados. Asimismo criticó que el juez considerara los petardos como explosivos, como un argumento para detenerlos.
Los tres sindicados, identificados como: Rodolfo Augusto R. O., Mauricio Alejandro B. H. y Ricky Blass F. R fueron detenidos a las 12:30 del 21 de julio junto a cinco personas más. Ana R., esposa de Rodolfo, que de acuerdo con el abogado, detalla que fueron policías de civil los que los detuvieron y transportaron, en un vehículo particular, hasta la Felcc, sin que les dijeran el motivo por el cual los llevaban.
Valda remarca que los jóvenes no tenían mochilas, como consta en los informes policiales. Empero, tenían cascos y escudos, como se vio en las fotografías que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, publicó en sus redes sociales. Otro detalle que observan los abogados Valda y Carmen Arista es que sin que hubiera una sentencia; es decir que se obviara la presunción de inocencia y sin que se les hubiera pedido autorización para hacer uso de su imagen, fueron expuestos por el ministro Del Castillo “como trofeo político”.
Durante seis horas, Rodolfo, Mauricio y Ricky fueron privados de su libertad, incomunicados y no se les permitió siquiera ir al baño, señala Valda.
Por la noche, cuatro personas son liberadas y, aunque según las actas de requisa también tenían petardos y escudos, no se les toma la declaración ni se los investiga y son liberados. El abogado observa un hecho que llama la atención: “En las actas de requisa señalan que se hubiera realizado la requisa personal a ocho personas; pero de cuatro de ellas, resulta que son otros; no son los cuatro jóvenes que fueron liberados. Son otras cuatro personas que jamás aparecieron en el proceso; son cuatro personas distintas, pero con las mismas firmas”.
A los únicos a quienes se les toma las declaraciones son a Rodolfo, Mauricio y Ricky, pese a que estaban juntos y que se supone que tenían las mismas pertenencias.
Valda continúa: “A ellos (los cuatro) los liberan porque había un contubernio, y en ese contubernio está incluida Inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque los cuatro son tenientes del Ejército boliviano”. En la audiencia, el abogado mostró los nombres de esas cuatro personas y los registros de la Contraloría General del Estado, en el que constan sus declaraciones juradas de bienes, como funcionarios del Ejército. De manera que, como expuso Valda, se trataría de infiltrados de Inteligencia del Ejército.
Pero no es el único que ve un caso armado; la senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana) afirmó en un hilo de tuits que ella estuvo en la marcha y fue luego a la Felcc, ese jueves 21:
“No solo estuve en la marcha, atestiguando lo que afirmo, sino que estuve en la Felcc cuando el principal acusador de estas personas entró de civil. Los apresados reaccionaron al unísono identificándolo como uno de los agresores del MAS y pidiendo su detención. Grande fue la sorpresa cuando vimos cómo ese mismo hombre, con intimidante actitud, era protegido y entraba a una oficina. Más tarde saldría unas tres veces para identificar a los supuestos culpables de la violencia. Era un infiltrado de inteligencia provocando violencia para atribuirla a los otros.
De acuerdo con los argumentos del fiscal, que constan en el expediente del caso, en la “investigación ha sido imposible individualizar la responsabilidad penal”, razón por la cual se liberó a esas cuatro personas, y no a Rodolfo, Mauricio y Ricky, pese a que se encontraban juntos.
Otra de las observaciones efectuada por Valda en la audiencia fue el informe de uno de los policías que detuvo a los jóvenes, en el que se lee: “Se nos ordenó identificar y seguir a estas personas (…)” en referencia a los sindicados. Para el abogado es una muestra de que el caso es armado y premeditado, ya que si existiera flagrancia del delito, no necesitarían un orden para cumplir con su labor, como fuerzas del orden público.
Además de otras objeciones a la forma en la que los jóvenes fueron detenidos e irregularidades de los informes policiales, Valda fue claro al afirmar que no existen pruebas ni testigos que demuestren que los jóvenes agredieron a alguna persona. Arista, por su parte, manifestó que la cadena de custodia fue rota y que no se cumplió con la presunción de inocencia.
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