MÁS EMPLEO CON MEJORES SALARIOS, SI EL GOBIERNO LO PERMITE

Por: Enrique Velazco Reckling | 

En el “crecimiento sin norte” que implica el extractivismo, las relaciones entre empleados, las empresas y el Estado (E3), están mediadas por afectos y desafectos vinculados a intereses de corto plazo. No hay una visión compartida sobre diversificación productiva, que es la condición sine qua non para que una sociedad diseñe, adopte y ejecute estrategias viables de desarrollo. 

La diversificación productiva –necesaria para constituir una economía de “pleno empleo”, es un desafío que conviene a todos: a los trabajadores y empleados, porque la meta explícita de las políticas, es crear oportunidades de empleo digno para todos; a los emprendedores y las empresas, porque sus aportes a crear empleo y valor agregado, a mejorar la productividad, y a la equitativa distribución del ingreso, son premiados expresamente por el Estado; y, al Estado y la sociedad, porque una economía que privilegia el empleo desarticula la conflictividad social, obliga a una administración pública transparente y eficiente, y genera al Estado los ingresos estables, necesarios para planificar el desarrollo en condiciones de mayor autonomía respecto a las pugnas globales de precios y poder.

Una economía orientada al pleno empleo requiere reconocer, primero, que el crecimiento de la economía no es un fin en sí mismo: la “calidad social del crecimiento” es un medio para el desarrollo. Segundo, que las fuentes de creación de valor, son la creatividad y el esfuerzo humano que aportan empresarios y trabajadores; en consecuencia, deben ser las personas, no el Estado ni el capital, los destinatarios primarios de los beneficios del crecimiento.

Tercero, que las controversias y conflictos sobre emprendimientos públicos o privados, o las formas capitalistas, socialistas o comunitarias de “captura” del excedente, se refieren a las formas que se adoptan para distribuir los ingresos. Tal debate no tiene sentido en la creación del valor, cuyo rasgo dominante es esencialmente el mismo: maximizar la eficiencia y la efectividad (la productividad) en el uso de los recursos disponibles con la meta de maximizar el valor agregado –social y eco-económico, al producir bienes y servicios. 

Es innegable que, en estos temas, hay posiciones ideológicas diferentes entre trabajadores y empresarios. En particular, el apoyo que los empleados puedan brindar a los incentivos y otros beneficios que el sector público deberá brindar a las empresas (y los empresarios), estará en directa relación con los grados de transparencia y de equidad en la gestión empresarial. 

Pero, la equidad en la distribución primaria del ingreso, no es un acto de beneficencia social, sino una condición esencial para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo: “el crecimiento sostenido de la economía, requiere equilibrio entre oferta y demanda. Implica necesariamente distribución del ingreso; no la re-distribución de la riqueza acumulada, sino la distribución directa conforme los procesos productivos crean valor, para garantizar un nivel de consumo compatible con la capacidad real de oferta del aparato productivo”. 

La justa remuneración al trabajo es la garantía de equidad y de oportunidad en la distribución del ingreso; por ello, mientras persista la precariedad del empleo y las severas inequidades en la distribución del ingreso, los indicadores macro –tasa de crecimiento, baja inflación, nivel de reservas internacionales, etc.– o los esfuerzos por “re-distribuir” la renta petrolera con bonos, son estructural y socialmente irrelevantes. 

Pero, la pugna por la distribución del ingreso no enfrenta solo a empresas y trabajadores. En el contexto actual, el Estado es una “causa mayor” de inequitativa distribución del ingreso: ha configurado una institucionalidad disfuncional, anti-producción y anti-empleo, como muestra la sobrepresión fiscal a quienes agregan valor y generan empleo, con impuestos regresivos que reducen el ingreso disponible, la capacidad de consumo, y la demanda global interna. 

Como resultado, tenemos una economía extractivista con la mayor informalidad y precariedad del “empleo”, y con la menor productividad laboral: un 70%-80% de la población ocupada está condenada a ocupaciones rentistas que no generan gran valor. Pero, aunque conocemos las causas y las soluciones institucionales, normativas, tecnológicas y comerciales desde hace cuarenta años, todavía preferimos ir contra ruta con medidas como el SEPREC. 

Por ello, promover un cambio duradero, demanda una agenda transformadora bajo un nuevo contexto de las relaciones E3, con mutua confianza y corresponsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado, y entre Estado y ciudadanía. Tenemos una razonablemente buena idea respecto a qué tipo de institucionalidad debemos construir, pero hay mucho menos consenso sobre acciones inmediatas en lo social, económico e institucional, para revertir las tendencias y mitigar los impactos de la crisis en el empleo y los ingresos. 

Lo que propusimos en 2010 y que la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) retomó en 2020, mantiene su vigencia: superar el fetichismo de los indicadores macro (PIB, déficit fiscal, tasa de interés, etc.) como señales dominantes de la salud económica, para repensarla desde la creación de valor, la productividad, el empleo digno y la equidad. 

Básicamente, planteamos una serie de medidas destinadas a reconfigurar las relaciones E3, generando compromisos de co-responsabilidad para la mejora de la productividad, generación de valor, la creación de empleo digno, y mejora sustancial en distribución primaria del ingreso. 

Para ello, hemos diseñado conceptualmente los instrumentos de medición, de seguimiento y de control que permitirían asegurar, transparencia y confiabilidad, a un creativo sistema fiscal y normativo que considera tres niveles, con incentivos crecientes: 

a) el total de la empresa privada boliviana formal, que incluye desde las microempresas, hasta las de mayor tamaño en empleo, valor bruto de la producción, y en ingresos operativos en el mercado interno; 

b) empresas en rubros prioritarios (manufactura y turismo, por ejemplo) por sus aportes simultáneos al valor agregado, la generación de empleo, el valor bruto de su producción, el consumo intermedio de origen nacional, la distribución del ingreso, y cantidad de empresas en el mercado (grado de monopolio); y

c) empresas en cualquier rubro que adopten la categoría de “empresas productivas privadas con compromiso social”, que estarían protegidas por normas específicas que les garanticen condiciones de plena estabilidad normativa y tratamiento fiscal preferente a largo plazo, a cambio de gestión transparente y empleo digno (con equidad en la distribución del ingreso).

En resumen, los diagnósticos, las soluciones, y las ideas para aplicarlas, existen como punto de partida de un diálogo propositivo. Es tiempo que, como sociedad, señalemos a quienes –sea en el gobierno, los empresarios o los dirigentes de la COB, insistan en ignorarlas para preservar intereses subalternos.

| Enrique Velazco Reckling, Ph.D. , es Director Ejecutivo de la Fundación INASET e investigador en desarrollo productivo.