Por: Zulema Alanes B. |
"Dieron inicio al juicio más vergonzoso, nefasto e ilegal de la historia de Bolivia. Un juicio sin delito, en un tribunal sin competencia, con jueces designados a dedo, denunció Carolina Ribera y aseguró que existe “una sentencia ya dictada por el poder político, que lo único que quiere es cobrar venganza y tapar el fraude por el que algún día tendrán que rendir cuentas al país".
La reacción fue pública luego de que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz suspendió, hasta el 4 de abril, el juicio oral en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y otros ocho procesados, por el denominado caso Golpe de Estado II.
Se repitieron los mismos problemas técnicos y las permanentes interrupciones que ya ocurrieron el pasado 10 de febrero cuando se suspendió la audiencia virtual con la que se pretendía dar inicio al juicio oral. Aun de los problemas, el Tribunal no resolvió a favor de la petición de la defensa de la exjefa de Estado que insiste en un juicio presencial.
Según la defensa de Añez el pedido de audiencias presenciales se sustenta en la complejidad del proceso que, antes de emitir sentencia, deberá pasar por una etapa de excepciones e incidentes, luego dar paso a la fundamentación de la acusación, la declaración de los acusados y la presentación de las pruebas y testigos.
La audiencia virtual de este lunes, al igual que la realizada el pasado 10 de febrero, la primera vez que se intentó abrir el juicio oral, enfrentó problemas técnicos y se tornó caótica. Hubo protestas y la exmandataria sufrió una descompensación y tuvo que recibir atención médica.
En la cuenta de Twitter de Jeanine Añez se difundió que “durante una hora, la expresidenta estuvo presente vía virtual desde el penal y tuvo una crisis verificada por personal médico in situ”. Asimismo, se denunció que se escuchó “a la Procuraduría instruyendo al Tribunal cómo debía llevar el proceso” y que ¡El Tribunal pretende juicio sin ella!
“No la suspendieron por la salud de mi madre” aclaró Ribera e insistió que “Ellos cometieron una serie de irregularidades” que obligaron al tribunal a suspender la audiencia.
JUSTICIA SERVIL Y SENTENCIA PREVIA
Antes de la frustrada instalación del juicio oral contra la expresidenta Añez, el ministro de Justicia Iván Lima aseguró que el “28 de marzo se constituye en un día histórico” y a través de un comunicado de su oficina de prensa recordó que se la acusa “por incurrir en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución”.
En cambio, el expresidente Carlos Mesa aseguró a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que “El MAS inicia hoy la histórica ignominia, imponiendo un juicio espurio contra la ex presidenta Añez, con una justicia servil, sentencia previa y violando DDHH, solo para ocultar el gigantesco fraude de Morales y sus cómplices”.
El exmandatario y jefe de Comunidad Ciudadana, alentó que “La mentira y la injusticia no durarán para siempre”.
Como ya es habitual, el Tribunal a cargo del proceso no brinda información a la prensa y deja esa tarea al Ministerio de Justicia a través de su oficina de prensa que, este lunes, suspendida la audiencia, emitió un comunicado en el que asegura que “Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones”.
La única decisión que hizo conocer el Tribunal es que declaró en rebeldía a los excomandantes William Kaliman y Jorge Fernández, al exjefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.
El Ministerio de Justicia, refirió en su comunicado que respeta “la independencia judicial” y pidió “a la parte acusada a enmarcarse en el debido proceso, con relación al derecho a la defensa y en compatibilidad con el derecho del pueblo boliviano a una decisión justa, transparente y oportuna”.
En tanto, Luis Guillén, abogado defensor aseguró que el tribunal no cumplió los procedimientos para la declaratoria de rebeldía de los cuatro coprocesados, y aseguró que ese fue el motivo de la suspensión de la audiencia.
Áñez y otros ocho procesados son acusados por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes debido a supuestos actos irregulares cometidos en la crisis de 2019 y se enfrentan a una pena máxima de 14 años de prisión, aunque el ministro de Justicia, Iván Lima, ya dio por hecho una sentencia de12 años de cárcel.
UN JUICIO ARTIFICIOSO
“Los actos que se juzgan, son evidentemente de naturaleza política y por tanto sólo podía haber correspondido debatir, y autorizar o no, un juicio de responsabilidades a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, asegura el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en un pronunciamiento.
Enfatiza que “en un atropello y manipulación de la justicia pretenden consolidar un proceso penal ordinario, como si lo acontecido no correspondiera dilucidar al primer poder del Estado como es el parlamento nacional”.
En un recuento de los hechos derivados de la crisis política de octubre-noviembre de 2019, recuerda que fueron los propios asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) con dos tercios de votos lo que comprendieron que “no existía otra salida que el gobierno de transición a la cabeza de Jeanine Añez” para retornar a “un reencuentro pacífico de sana convivencia”.
Subraya que, por ello, quienes ocuparon la presidencia de las cámaras de Diputados y Senadores en esa época no se constituyen en denunciantes y, por tanto, cuestiona que Andrónico Rodríguez, en su condición de actual presidente del Senado, denuncie los supuestos delitos sin “ninguna legitimación”.
Subraya que “Es tan evidente el consentimiento de la Asamblea Legislativa de la legislatura 2019- 2020 a la conformación de un gobierno de transición que, con el correr de las semanas y meses, varios decretos de la Presidenta Añez fueron elevados a rango de ley” y destaca que entre esas leyes están las que garantizaron un nuevo proceso electoral.
El pronunciamiento del CONADE califica el juicio de “artificioso y solo demuestra la banalidad con que actúa la Fiscalía y la justicia penal en el país, sometida a intereses sectarios de una jefatura del partido de gobierno”.
Apunta a Evo Morales que “tiene el descaro de ocultar la verdad de cuanto ocurrió en el país, en un momento en que nos encontrábamos ante la disyuntiva de derivar en una guerra civil o preservar las instituciones democráticas”.