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Por: Zulema Alanes B. |
Evo Morales decidió iniciar una cacería contra quienes resolvieron su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones nacionales de 2020. Y cuenta con el aparato del Estado para lograr su objetivo.
Luego de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara inconstitucional la inhabilitación de su candidatura y reconoce una indemnización económica a su favor, Morales anunció que irá tras los vocales del Tribunal Supremo Electoral que impidieron su participación como candidato a primer senador por Cochabamba en las listas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Todo parece mostrar que su objetivo es tomar el control total del organismo electoral. Anunció una demanda y apuntó a Salvador Romero, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que firmó la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 de febrero aprobada por el TSE con los votos disidentes de los vocales Francisco Vargas y Daniel Atahuachi.
INDIGNACIÓN POR EL FALLO
En un momento en que todo el sistema judicial está cuestionado, entre otras razones, por la falta de independencia política, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue puesto bajo sospecha tras conocerse el fallo que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador.
La sentencia del TCP, de fecha 7 de mayo de 2021, fue revelada por el abogado William Bascopé, quien calificó la decisión del Tribunal como “un absurdo y una aberración jurídica" y aseguró que se cometió una "grosería".
“El Tribunal Constitucional, mediante la SC 87/2021 de 7 de mayo, falló a favor de Evo Morales expresando que fue injustamente inhabilitado para ser candidato a senador; ahora se debe calificar el daño causado y su indemnización”, alertó Bascopé y advirtió que provocaría “un revuelo político”.
La sentencia, firmada por los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, estaba muy bien guardada y fue difundida por la oficina de prensa del Ministerio de Justicia luego de que Bascopé afirmara que "Esto ya apesta”.
El fallo resuelve a favor del jefe del MAS el amparo constitucional interpuesto en contra de los miembros del Tribunal Supremo Electoral que a través de una Resolución Jurisdiccional determinaron que no cumplía con los requisitos para ser parte de las listas de candidatos al Senado, entre otras razones, porque residía en Buenos Aires después de su huida del país.
Determina que la indemnización a favor de Morales debe tomar “como parámetro los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de los derechos”.
Desde la oposición, la sentencia fue interpretada como una prueba del sometimiento del TCP a los mandatos políticos del MAS.
El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, cuestionó la sentencia que pretende “premiar o indemnizar a los que produjeron el quiebre constitucional de 2019” y aseguró que “es la muestra más clara de sometimiento de nuestras instituciones a una persona”.
El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, dijo que la sentencia “tiene que ser una alerta roja para la democracia” y recordó que “Evo Morales hizo fraude, violó la Constitución, se pasó por encima del referéndum, cometió delitos, trató de cercar a una ciudad para que se muera de hambre y confrontó a los bolivianos”.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero calificó a los magistrados del TCP como “serviles al MAS” y aseguró que “Hay que recodarle a Evo Morales que le debe más de 400 millones de bolivianos al país y a la población por incumplir el referéndum del 2016, por las primarias y las elecciones fraudulentas del 20 de octubre del 2019. Evo Morales ha vulnerado dos veces la voluntad del pueblo y ha ordenado a su Tribunal Constitucional servil a habilitarlo”.
También se pronunciaron el exsenador Eduardo Maldonado y la exdiputada Rebeca Delgado que en 2015 fueron inhabilitados por el TSE como candidatos a las a las alcaldías de Potosí y Cochabamba, respectivamente, porque supuestamente no cumplían con el requisito de residencia permanente.
Los exparlamentarios, disidentes del MAS; interpusieron acciones legales “pero los tribunales de garantías de La Paz y Cochabamba remitieron sus fallos al Tribunal Constitucional y esta instancia ratificó la denegatoria de justicia” recordó Maldonado y subrayó que “quedó claro que había una intencionalidad y una mano azul”.
Por su parte, a través de su cuenta de Twitter Delgado aseguró que “Nuestro caso fue producto del abuso de poder del MAS por miedo a nuestras victorias en urnas” y que se les negó reparación y justicia aun cuando a diferencia de Morales no fugaron del país “luego de cometer delitos”.
En 2015 Maldonado y Delgado se vieron obligados a recurrir a la justicia internacional, concretamente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en 2018 concluyó que se había restringido a los dos ciudadanos el derecho a postular en las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 y determinó que “el Estado boliviano, en el plazo de 180 días, tenía la obligación de ofrecer una reparación íntegra (…) y una compensación adecuada que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional”.
Ambas decisiones del Comité fueron notificadas al Estado el 12 de abril de 2018. Bolivia aún no ha cumplido las medidas de reparación dispuestas por el Comité.
EL PLAN DE EVO
El fallo se conoció en medio de serios cuestionamientos al liderazgo de Evo Morales al interior de su partido, que se apresuró en reivindicar los derechos que según el fallo le habrían vulnerado, pero también para escarbar en la crisis del MAS y asegurar que, cuando fue inhabilitado como candidato a senador, hubo festejos incluso al interior de su partido.
Durante una entrevista en la red Bolivisión apuntó al expresidente del TSE, Salvador Romero, y anunció que “vamos a estudiar con el equipo jurídico a quien corresponde” iniciar una demanda por haber impedido su candidatura, con el objetivo de que “nunca más se repita esta clase de fallos inconstitucionales”.
“Quiero saber quiénes han instruido políticamente para que me inhabiliten” dijo, y aseguró que “no es fallo jurídico, es un fallo político”.
Como ya es habitual, Morales hizo gala de dominio de todo lo que ocurre al interior de los diferentes órganos del Estado, aseguró que “tengo mucha información no cruzada, ojalá los jueces o el tribunal digan quien les ha instruido para inhabilitarme (…) algunos aplaudieron, algunos bailaron, inclusive algunos militantes del MAS”.
El viernes, en la entrevista en el medio televisivo dijo que analiza una demanda contra los responsables de su inhabilitación y este sábado se reunió en el Chapare con el procurador Wilfredo Chávez.
“Estamos aquí presentes para escuchar a nuestro líder, para compartir con él por lo menos un pequeño tiempo”, dijo Chávez a un grupo de jóvenes militantes del MAS según se escucha en un video publicado en las redes sociales de Evo Morales.
Aseguró que su presencia en el territorio desde donde Morales opera políticamente tenía el objetivo de “saber también cuál es la historia de este movimiento político vigoroso que tiene el pueblo boliviano, su instrumento de lucha, su instrumento de reivindicaciones sociales”.
Chávez asumió la representación legal mientras duró el autoexilio de Morales. Su visita al Chapare coincide con el anuncio del jefe del MAS de que junto a su equipo jurídico decidirá la demanda legal en contra de quienes lo inhabilitaron como candidato al senador en los comicios de 2020.
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