Por: Zulema Alanes B. |
En el Día Internacional de la Mujer, en Bolivia las mujeres levantaron las banderas de la paz contra la guerra, reclamaron por la vigencia de sus derechos laborales y exigieron una reforma judicial integral para poner fin de la impunidad ante la violencia machista.
“Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres organizadas contra la violencia patriarcal” corearon en La Paz columnas de activistas de organizaciones diversas que acordaron una movilización conjunta para denunciar la guerra como la cara más violenta del orden patriarcal a nivel mundial, pero también para reclamar reparación y justicia ante las sistemáticas formas de discriminación y violencia que afectan la vida de las mujeres a nivel nacional.
La movilización inició con un mitin en puertas de la Central Obrera Boliviana. Trabajadoras de la Empresa de Aseo Trébol fueron las encargadas de denunciar la inacción de la “burocracia sindical” ante la vulneración de los derechos laborales de las mujeres y exigir una agenda sindical que las tome en cuenta en pie de igualdad con los hombres.
La Asociación de Mujeres Constructoras (AMUCO) se sumó a las críticas a la dirigencia sindical que no respalda sus luchas contra “el acoso laboral, la discriminación salarial y las condiciones de precariedad” en las que desarrollan su trabajo, “al igual que la mayoría de las mujeres que están insertas en el sector informal”.
En tanto, otra columna de marchistas encabezada por familiares de víctimas de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres descendió desde el teleférico rojo y tomó las calles para denunciar que “si hay impunidad hay complicidad” y apuntar a “jueces y fiscales” como los responsables de la corrupción judicial.
“Y como es la huevada, nos violan y nos matan y el Estado no hace nada”, corearon las marchistas.
OCUPAR LAS CALLES POLÍTICAMENTE
El 8M, según la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, se constituye en la oportunidad para ocupar políticamente las calles y “alzar la voz recuperando la historia de quienes hicieron camino, porque estaos conscientes que lo que hemos obtenido hasta hoy no fue un regalo del Estado y los gobiernos sino conquistas a punta de lucha”.
Esta fecha que se conmemora a nivel mundial es uno de los espacios políticos más visible de las organizaciones de mujeres y de los movimientos feministas en Bolivia y “además del pedido de justicia por las víctimas de feminicidios y otras formas de violencia, la marcha es una manifestación de la lucha social y por tanto es un hecho político”.
Con esa convicción, en Potosí los colectivos de mujeres cerraron el paso a una caravana de la Gobernación que transitaba por el centro de la Villa Imperial rumbo a un acto por el Día Internacional de la Mujer.
“Nunca más nos vamos a callar…” corearon a una sola voz , cuestionaron los homenajes oficialistas y demandaron acción en defensa de las mujeres que son marginadas, agredidas, violadas y asesinadas.
Activistas, organizaciones y colectivos de mujeres llamaron a reivindicar el legado pacifista del movimiento feminista internacional y cuestionaron la invasión rusa a Ucrania que afecta la vida de miles de mujeres, hombres, niñas y niños que viven los estragos de una confrontación que viola sus derechos a la paz y a la seguridad.
Durante la movilización, circuló el pronunciamiento de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y El Caribe (RIMLAC) en que se advierte que “se abre una coyuntura internacional muy compleja, con derivaciones que agravarán las crisis económicas, políticas y sociales que ya venían experimentando los países de nuestra región. La posibilidad de recuperar la economía golpeada por la pandemia parece improbable a corto plazo, y la cara de la pobreza, la desprotección e inseguridad obscurecen el futuro”.
También recuerda que “como históricamente ha ocurrido, las guerras afectan significativamente a las mujeres y el actual escenario en el este de Europa no es una excepción. El desplazamiento hacia los países vecinos, la separación de las familias, la ausencia de condiciones mínimas para la sobrevivencia, vulnera gravemente la seguridad humana y constituye un retroceso en la lucha por los derechos, la igualdad y la justicia de género”.
POCO POR CELEBRAR, MUCHO POR RECLAMAR
“En Bolivia el estado tiene muchas deudas con las mujeres y los avances normativos no siempre se han manifestado en el reconocimiento de derechos en la práctica”, aseguró Patricia Brañez representante de Cladem Bolivia (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).
Detalló que al menos el 70% de las mujeres están insertas en el sector informal en condiciones de desigualdad de oportunidades económicas y con remuneraciones o ingresos por debajo de los hombres.
Subrayó que en materia de derechos sexuales y reproductivos es donde las brechas son mayores puesto que “el sistema de salud no está dando servicios esenciales a mujeres, niñas y adolescentes y el Estado hace la vista gorda y no da respuestas claras ante la problemática de la violencia sexual, embarazos no deseados, maternidades no deseadas, uniones infantiles forzadas y que se vean articulando a otro tipo de delitos como la trata y tráfico, no hay mecanismos de protección y garantía de derechos”.
Dijo que la situación se torna extrema en el ámbito de la violencia sexual, “por día hay 104 adolescentes embarazadas por el delito de violación, incesto y estupro y de éstas seis son menores de 15 años”.
Brañez insistió en la responsabilidad incumplida del Estado y puntualizó que en esta fecha conmemorativa está claro que “la lucha por el acceso al trabajo y a un salario digno, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por una participación política sin violencia y en niveles de toma de decisiones efectiva y, sobre todo, por una vida libre de violencia”.
VÍCTIMAS DEL FEMINICIDIO Y LA INJUSTICIA
La foto de María Fernanda Paucara Mamani, la joven de 22 años muerta a manos de la Policía en la EPI de Chasquipampa encabezó la marcha del 8M en La Paz. Su madre, Nelly Mamani, denunció que a seis meses del feminicidio, las investigaciones están estancadas aun de todas las evidencias que muestran que no fue un suicidio como pretendían hacer creer los policías involucrados en su muerte.
Se escucharon otras voces reclamando reparación y justicia. Rosario Méndez, que integra la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, denunció la retardación de justicia en el proceso contra los cinco autores del feminicidio de su hija Verónica Quintana, la imputación defectuosa que derivó en sentencias por asesinato y la otorgación de detención domiciliaria sin custodios. El caso data de 2013 y a la fecha no se procede a la detención por las apelaciones representadas por los autores del hecho.
Méndez dio lectura a un manifiesto con nueve demandas al Estado entre las que figura la exigencia de acelerar los procesos en curso con nuevos jueces y fiscales; el cambio de autoridades de todo el sistema judicial; apoyo psicológico y atención humanitaria para los huérfanos de feminicidio, entre otras.
“Estas demandas son una muestra de que el sistema no está respondiendo adecuadamente en casos de violencia y feminicidio”, dijo Griselda Sillerico que integra el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
Según el mapa que registra los feminicidios a nivel nacional, dijo, “en los dos primeros meses del año ya se han registrado 17 feminicidios y, eso, debiera constituir una señal de alarma, pero lamentablemente no hay responsabilidad estatal”.
Cuestionó la gestión estatal y lamentó que se haga caso omiso a las propuestas de las mujeres “que no han sido convocadas a la Comisión gubernamental que analiza los procesos de feminicidio. Sin la participación de las mujeres es previsible que no se alcanzarán los resultados esperados”.
Múltiples voces y muchas demandas en un 8M que expresó su rechazo a la guerra y exigió reparación y justicia frente a la violencia machista.