Por: Zulema Alanes B. |
La solicitud de detención con fines de extradición de Maximiliano Dávila Pérez, exjefe antidrogas de Evo Morales, y la millonaria recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que lleve a condenarlo por la justicia norteamericana, pusieron en aprietos al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Una respuesta evasiva del Canciller boliviano Rogelio Mayta, una propuesta de “cambalache” del exministro de Gobierno, Carlos Romero, y rotundos rechazos de legisladores del MAS, fueron las reacciones ante las demandas de EE.UU. que aumentaron la presión sobre el partido de gobierno para esclarecer los supuestos vínculos del narcotráfico internacional con altas esferas del poder.
DELITOS PARA CADENA PERPETUA
Según una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Maximiliano Dávila Pérez ha cometido delitos de narcotráfico por los cuales podría ser sentenciado de por vida en ese país.
El exjefe de la FELCN de Morales, ha sido vinculado a Omar Rojas Echeverría, exmayor de la policía boliviana, considerado el “Pablo Escobar de Bolivia” por la cantidad de droga que traficó y que también será extraditado a Estados Unidos tras ser detenido en Colombia.
Rojas Echeverría fue detenido en marzo de 2021 en Colombia, acusado de enviar al menos 100 toneladas de cocaína y armas a Estados Unidos. Según la DEA es considerado uno de los más grandes traficantes de cocaína de la región y líder de una extensa red que tenía enlaces en Perú, Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de EEUU informó que la corte federal de Manhattan en el Estado de Nueva York sindica a Maximiliano Dávila Pérez de haber acordado el envío de más de mil kilos de cocaína y de aprovechar su cargo como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para garantizar acceso a los aeródromos bolivianos y que sean usados para el transporte de droga.
También se le acusa de organizar y armar con ametralladoras a otros oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) bajo su mando para proporcionar proteger las cargas de drogas.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, “DAVILA-PEREZ también trabajó en asociación con proveedores de cocaína a gran escala que operan laboratorios de cocaína en Bolivia” y estaba implicado en narcotráfico y lavado de dinero antes y durante su gestión como jefe de la FELCN.
El fiscal federal de EEUU, Damian Williams, aseguró que el jefe antidrogas de Evo Morales, “abusó aún más de su cargo al utilizar agentes de la ley bolivianos, armados con ametralladoras, para proteger y transportar cargamentos de cocaína. Esta Oficina y la DEA no se quedarán de brazos cruzados mientras funcionarios corruptos en Bolivia buscan importar veneno a los Estados Unidos”.
UN PROCEDIMIENTO SIN PLAZOS
Conocido el pedido de detención con fines de extradición de Maximiliano Dávila acusado por narcotráfico, el canciller Rogelio Mayta, anunció que se revisará los documentos que sustentan la demanda de EEUU, pero advirtió que se trata de un procedimiento que no tiene plazos.
Según el Tratado de 1995 suscrito entre Bolivia y EEUU, la detención con fines de extradición puede ser solicitada en caso de urgencia en tanto se formalice la solicitud de extradición.
“Lo que vamos hacer es revisar, cumplir con la norma, no hay tiempo para que podamos realizar esa revisión”, dijo Mayta.
Añadió que “Estados Unidos en el caso de Sánchez de Lozada, años están revisando ahí en el Departamento de Estado, no hay plazo en el Tratado, aunque nosotros el Estado Plurinacional de Bolivia se caracteriza en este tipo de solicitudes por ser responsable y atender en plazos razonables”.
Mayta recordó que Bolivia ya solicitó en 2008 y 2012 la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, por delitos de lesa humanidad, sin embargo, no hay respuesta de ese país.
De acuerdo con la Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano encargado de resolver en única instancia los procesos de extradición.
EE.UU. también notificó al gobierno boliviano que está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio de datos en contra de Dávila Pérez, que en criterio del Canciller no compromete en nada al Estado boliviano por cuanto cualquier ciudadano del mundo podría brindar esa información y reclamar el dinero.
El exjefe antidrogas fue detenido el pasado 21 de enero en la frontera con Argentina cuando intentaba abandonar el país, y tres días después fue enviado a la cárcel sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.
ROTUNDAS NEGATIVAS Y CAMBALACHE
Dirigentes del MAS, de origen cocalero y en actual función como senadores, fueron los primeros en rechazar la posibilidad de extraditar a EEUU al exjefe antidroga de Evo Morales.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, rechazó la solicitud de extradición de Maximiliano Dávila con el argumento de que desde 2005 la lucha antidroga fue nacionalizada y, por tanto, no corresponde la injerencia de la DEA.
"No creemos que corresponde extradición. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito cuando debemos juzgarlo en nuestro país?" cuestionó el legislador que emergió de las filas cocaleras.
“Muy bien Andrónico” se posteó desde un perfil atribuido al narco Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo en el muro de Facebook de El Deber, según reportó Página Siete.
Ese diario detalla que “En octubre de 2017, Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, sobrino de Jesús Einar Lima Lobo Dorado e hijo de la actual alcaldesa por el MAS, en San Joaquín, Beni, Carmen Lima Lobo Dorado, fue capturado en Brasil, cuando trataba de descargar de una avioneta 480 kilos de cocaína. Un año antes, Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo fue absuelto de un proceso de narcotráfico en Bolivia y en 2019 el Gobierno anunció una investigación por irregularidades en ese fallo, pero nunca fue reabierto, según los datos del sistema de la Fiscalía”.
El senador Leonardo Loza, también de filas cocaleras, calificó de “un insulto, una burla, no sé si alguien tendrá alguna información” el anuncio de una recompensa y aseguró que EEUU incurre en “injerencia en el país”.
Según la dirigencia del MAS, Estados Unidos pretende afectar a Evo Morales a quien el propio Maximiliano Dávila defendió cuando reclamó “Soy inocente” y, antes de ingresar a la cárcel de San Pedro, acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de que “lo está queriendo incriminar al (ex) presidente Morales”.
Para aplacar el nerviosismo masista, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó un "cambalache" y dijo que "Desde el punto de vista político, si quieren extraditar a Dávila de repente hay que hacer un cambalache, que nos manden a los dos exministros de Gobierno que ellos están protegiendo, a Sánchez Berzaín por el caso narcoavión y la masacre de El Alto y al otro (Arturo Murillo) comprometido en las masacres de Sacaba y Senkata”.
LOS “NARCOPOLICÍAS” DEL RÉGIMEN DEL MAS
Maximiliano Dávila no es el primer jefe policial acusado de vínculos con el tráfico de drogas. René Sanabria y Oscar Nina, alto jefes policiales del gobierno de Evo Morales también fueron acusados por formar parte de redes delictivas internacionales.
El exjefe antidrogas René Sanabria, cumplió una sentencia por el delito de narcotráfico luego de ser detenido en febrero de 2011 en Panamá, en un operativo de la DEA y extraditado a territorio norteamericano por haber brindado protección a traficantes de droga para la exportación a Estados Unidos de 144 kilogramos de cocaína. Fue condenado en EEUU a 14 años de cárcel.
En 2019, el ex comandante de la Policía, Óscar Nina, fue sentenciado en Bolivia a siete años y seis meses de prisión por legitimación de ganancias ilícitas, luego de ser detenido en 2015, por serias sospechas de estar vinculado con el narcotráfico. Nina asumió como jefe policial antidrogas poco después de que el presidente Evo Morales expulsara a la DEA a finales de 2008
El ex comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, Gonzalo Medina, fue detenido en abril de 2019. Él, junto al exjefe de la División de Propiedades de esa unidad, Fernando Moreira, fueron incluidos en un reporte de inteligencia que los ligaba con el narcotraficante Pedro Montenegro.
Medina fue procesado por obstrucción a la Justicia y no por narcotráfico, y luego fue beneficiado con arresto domiciliario.