El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y juristas independientes, cada grupo en una entrevista diferente, le expusieron al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, su preocupación por la administración de la justicia y le instaron a elaborar un informe de su visita a Bolivia “objetivo” y “sin sesgos", mismo que estará listo en junio de este año.
“Hemos planteado al Relator la realidad que está viviendo el país: una justicia podrida, copada por el MAS, que reprime a la población boliviana, que conculca los derechos de los pueblos indígenas, una justicia que está coludida con temas de narcotráfico”, indicó al finalizar la reunión el representante del Conade, Manuel Morales.
Remarcó que se le hizo conocer aquello para que el Relator “tenga conciencia de lo que está pasando” en el país. En ese sentido, dijo que desde el Conade se espera que García-Sayán actúe “con un buen informe”.
Además, reveló que el representante de la ONU “ha prometido no caer en sesgos”, además de abrir la posibilidad de abrir una comunicación directa con Naciones Unidas (NNUU) para que los organismos conozcan nombres de jueces, fiscales y policías “que vulneran la justicia”.
“El relator nos ha prometido ejecutar un informe sin ningún sesgo político ideológico como lo hizo la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Eso para nosotros es plausible porque la CIDH ha venido a Bolivia con una visión sesgada a inculpar personas y a salvar la imagen de Evo Morales y de un montón de personas que han cometido delitos”, manifestó Morales en una entrevista con Unitel la noche de este martes.
El grupo de juristas independientes, a la cabeza de Juan del Granado, manifestó que al Relator se le trasmitió las dificultades y “degradación” de la administración judicial en Bolivia y se le solicitó que su informe sea “objetivo”.
Este grupo de juristas presentó también al Relator su propuesta para reforma judicial, mediante la modificación a la Constitución Política del Estado.