37 exvocales de los Tribunales Electorales del país, que fueron aprehendidos en el marco del caso Fraude Electoral, ahora se declaran víctimas y piden se les repare los daños y perjuicios.
Piden ser tomaos en cuenta en la ley de reparación integral que debe promulgar el Gobierno. Mediante la Asociación de Exvocales Presos, acudieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh).
Después de la renuncia de Evo Morales por los supuestos irregulares electorales, empezaron una serie de detenciones de los vocales electorales en los nueve departamentos.
La exvocal de Oruro María Eugenia Arce afirmó que la acusación en contra suya y de sus colegas -por manipulación informática y ocultar resultados- era injustificada. Aclaró que el TREP era responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que los tribunales electorales departamentales (TED) no dejaron de pasar los resultados a esta instancia. No recibieron explicaciones de lo que sucedía con el conteo.
El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de la crisis electoral de 2019 señala que hubo varias arbitrariedades de la Fiscalía, la Policía y las instancias judiciales en los procesos interpuestos en contra de los vocales de los TED. Advierte sobre “serias irregularidades procesales que obstaculizaron su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia”. Afirma que se logró identificar “un mismo patrón de persecución” en todos los casos.
Todos los vocales departamentales, aunque no con la misma rapidez, fueron sobreseídos en los primeros meses de 2021.
