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Por: Zulema Alanes B. |
En la inauguración del Año Judicial y Constitucional 2022, el ministro de Justicia Iván Lima, aseguró que el país va hacia lograr “memoria, verdad y justicia” y una vez más prometió “reformar la justicia”, pero los hechos muestran que su gestión va en dirección contraria.
Informes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil nacionales, advierten que el sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde el retorno a la democracia y que sus problemas y debilidades se han agravado como consecuencia de la persecución política selectiva, la falta de independencia judicial, la existencia de redes de corrupción judicial, y una pobre asignación presupuestaria, entre otros.
JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La expresidenta Jeanine Añez es la presa política número uno del país y el símbolo de la persecución política selectiva durante la gestión de Luis Arce. Tras nueves meses de detención preventiva, este lunes, la justicia volvió a rechazar la cesación a su detención preventiva.
Además de Añez, varios dirigentes de la oposición que cumplieron un rol fundamental en la denuncia del fraude electoral de 2019 también fueron perseguidos y enviados a la cárcel. El excívico de Potosí, Marco Pumari, es uno de ellos.
A septiembre de 2021, Global Human Rights League documentó 42 presos políticos en el primer año de gestión de Luis Arce. Los procesados por terrorismo, sedición y conspiración contra la expresidenta Jeanine Áñez, sus exministros y exjefes militares han sido cuestionados por organismos internacionales.
En su informe sobre Bolivia, el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) destaca que un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el uso del proceso penal para la persecución política y subrayó que esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición.
El informe oficial del GIEI señala que “Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad” y observa que la Fiscalía los “utilice abusivamente”; también cuestiona “La instrumentalización política del sistema de justicia” que menoscaba “la independencia del mismo”.
Este lunes, durante la inauguración del año judicial 2022, el ministro de Justicia, Iván Lima no se refirió a dichos informes y pidió a las autoridades judiciales atender la demanda de “memoria, verdad y justicia de las víctimas de las masacres y graves violaciones de derechos humanos” del gobierno de Añez, pero no dijo que no existe ningún proceso en curso por esas causas.
El informe del GIEI observó que no se haya iniciado procesos contra quienes hubieran cometido esas violaciones, y cuestionó que “el actual proceso penal no se refiere a estos graves abusos, sino a las acciones de Áñez antes de convertirse en presidenta interina”.
Según la percepción de los expertos del GIEI la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales puesto que hay elementos para concluir “la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.
Lima aseguró que partir del “escrutinio público internacional”, Bolivia desmontará lo que denominó el “falso discurso” de que en el país hay perseguidos políticos, y anunció la llegada al país, en la segunda semana de febrero, del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.
García-Sayán “viene al país y viene con una posición muy clara, como es el sistema universal de derechos humanos” señaló y garantizó que a partir de esa visita “se dejará de decir que hay violación a la independencia judicial cuando no la hay; dejar de decir que hay perseguidos políticos cuando no los hay; dejar de decir que hay falta de independencia cuando eso no existe, cuando tenemos jueces independientes y un sistema que está en funcionamiento”.
TRUNCADA REFORMA JUDICIAL
El desafío más importante es “transformar nuestra justicia y definitivamente ese reto y ese compromiso que hemos asumido por todos los presentes acá en esta sala, no puede quedar en deuda con el pueblo boliviano”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
Sin embargo, desde la oposición se descree de tal propósito en medio de un esquema de captura política, arbitrariedad y desmantelamiento institucional del sistema de administración justicia.
Se considera que las actuales autoridades judiciales han perdido toda capacidad y credibilidad para transformar el sistema de justicia, y menos aún para encarar la impunidad por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales dejó en claro en su informe que existen “falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”.
El ministro Lima ha ido de tumbo en tumbo en relación a la reforma judicial. Desde que asumió como ministro de Justicia, al menos en cuatro oportunidades tuvo planteamientos fallidos.
Y la presión internacional está sobre el gobierno. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura demandó una reforma judicial como lo planteó anteriormente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El ministro de Justicia anunció una cumbre judicial para marzo de 2022.
Este sería el quinto intento de Lima por impulsar la reforma, desde que conformó el grupo de juristas notables que en diciembre de 2020 propuso reformar parcialmente la Constitución a través de un referendo.
En febrero de 2021, el titular de Justicia anunció que la consulta se empalmaría a las elecciones subnacionales de marzo para ahorrar presupuesto. Esa idea tampoco prosperó.
Tras fracasar con su grupo de notables, presentó una “ruta crítica” de seis pilares para concretar la reforma judicial inició una ronda de consultas a nivel nacional luego de la cual el proceso quedó estancado.
A contrapelo de las iniciativas del gobierno, un grupo de juristas independientes de destacada trayectoria presentó una propuesta para la reforma de la justicia vía referendo constitucional, para eliminar la elección judicial de magistrados y tribunos, aumentar el presupuesto para el Órgano Judicial a un 3%, revalorizar la justicia indígena e incorporar la justicia ciudadana.
Según el Presupuesto General del Estado 2020 el Poder Judicial, que debe impartir justicia a todos los bolivianos, se le asignó apenas el 0,51% del Presupuesto General del Estado en 2020 e incluyendo al Ministerio Público y al ministerio del ramo, lo asignado llegó a Bs 1.400 millones, con lo que alcanza apenas al 0,6%, en tanto que el Ministerio de Gobierno triplica todo lo asignado al Poder Judicial y a la administración de justicia con Bs 3.900 millones.
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