El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado “Gases Lacrimógenos” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de nueve personas que habrían estado involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos.
La autoridad, explicó que la acusación formal fue presentada en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien fue declarado rebelde, el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López, (rebelde), el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (rebelde), el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, el ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho, el ex director de Logística, Pedro Rea, la ex directora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque y el ex responsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera. Asimismo, se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.
Manifestó que, con la presentación de la acusación formal la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.
Respecto a la situación de Arturo Murillo, señaló que se activó la solicitud de extradición y el Ministerio Público cumplió con los actos que responde la norma internacional y a través de Cancillería se envió la Embajada Americana la solicitud de extradición, que tiene la documentación y que se aguarda sea remitida a los Estados Unidos y el departamento de justicia pueda definir la extradición del señor Arturo Murillo.
Respecto a Fernando López, indicó que el Ministerio Público solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) la activación de la notificación roja para dar con su paradero.