2021, ¿UN AÑO DE REACTIVACIÓN?

Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz | 

Cerramos un año plagado de incertidumbre y pugnas políticas, un año en el que nuevamente asume el mando del país, un partido que gobernó durante 14 años, y en el que, desde el 2014, sufrimos una desaceleración del crecimiento económico, un déficit público (ahora crónico), una reducción dramática de las Reservas Internacionales Netas, un aumento desmedido de la deuda pública y un aumento preocupante de la población informal.

Este 2021 debía cerrar; según estimaciones de principios de diciembre de 2021, con un crecimiento aproximado a 4,5% (gobierno), y según el FMI, podía llegar a 5%. Todavía debíamos recuperar un 4% de la caída del PIB del 2020, ocasionado por la paralización de la economía y la pandemia. 

Sin embargo, el 29 de diciembre, la Agencia ANF publica que el gobierno proyectó un crecimiento del PIB para este 2021 en un porcentaje cercano al 6%, destacando sectores de crecimiento importante como la manufactura, la construcción, el transporte y la minería. Además, que el déficit fiscal bajaría mucho más que el 9,7%. Aparentemente una reactivación exitosa.

En este sentido, es importante preguntarse, qué medidas o políticas provocaron el reajuste hacia arriba de las proyecciones nacionales, siendo que incluso organismos internacionales proyectaron equivocadamente, dichas cifras. En el presente artículo revisaremos brevemente algunas.

Una de las medidas adoptadas por el gobierno fue la creación de fideicomisos, propuestos a finales de 2020. Uno de 500 millones de bolivianos para capital de operación de empresas estatales, que en su mayoría son deficitarias, y que, además, no generan empleo de manera importante. Otro de los fideicomisos fue la creación de un fondo de 130 millones de dólares, para cualquier empresa con NIT, grande o pequeña y que sustituya importaciones, a una tasa de 0.5%. Posteriormente, y ante la lentitud en el desembolso de estos créditos, se creó un fondo para apalancar las garantías, de especialmente los pequeños empresarios. Sin embargo, y como todavía no fue suficiente, se abrió la posibilidad de que actividades del sector agropecuario puedan acceder a estos créditos. Por último, en el mes de diciembre de 2021, se incrementó el Fondo por un poco más de 300 millones de bolivianos.

El resultado de esta política fue que el gobierno no pudo acomodar ni el 50% del total del fondo destinado a estos créditos, y ni siquiera llegaron al 1% de las empresas establecidas en el país (335 mil empresas registradas en FUNDAEMPRESA y un número similar de empresas que están afiliadas a las FEDEMYPES que cuentan con NIT). Parece que ni con dinero barato se quiere o puede producir, quizás el problema no radique sólo en el financiamiento.

El 16 de junio, el gobierno emitió el Decreto Supremo 4522, donde establece un incremento del 100% del gravamen para papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla vigente hasta el 31 de agosto. Por otro lado, para carne de pollo, leche en polvo y cacao, hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin duda, una medida proteccionista, con el afán de favorecer a los productores de estos sectores. Por lo menos así se entendió.

En el caso de la papa y cebolla, las cantidades importadas los primeros 4 meses de 2021 aumentaron aceleradamente, lo que podría justificar esta medida. Sin embargo, las cantidades son poco significativas y los precios de importación subieron a casi el doble, por lo que un arancel más elevado, contribuye sólo a la subida de precios. En el caso del tomate, la importación al primer cuatrimestre de 2021 bajó a menos de la mitad respecto a los últimos 4 meses de 2020, y además, la cantidad también es poco significativa. En el caso de la frutilla, la medida no tiene ningún sentido, ya que el 2019 se registró una importación de 7 dólares. Sólo en el caso de la manzana, podría darse un efecto significativo.

Para el caso de la leche y el pollo, también las importadas tiene poca importancia en el mercado nacional, sin embargo, podemos afirmar que para este caso se ayuda a 3 o 4 empresas que trabajan con estos productos. Por lo tanto, esta medida parece no tener un efecto importante, para la sustitución de importaciones y los consumidores. Por un lado, encarece las importaciones, afectando al consumidor y subiendo los precios internos, y por el otro no ayuda de manera importante a las empresas que producen para el mercado nacional. Es así, que estas medidas no solucionan la incapacidad de nuestros productores por aumentar la producción y bajar sus costos. Además, en estos rubros parece ser un mayor problema el contrabando, y no así, la importación legal.

Otra de las medidas, fue la suspensión del pago de IVA, gravado a las importaciones de bienes industriales de capital, incluida su comercialización. Medida promulgada a finales de agosto, que esperemos tenga el efecto deseado, en vista del declive de este tipo de importaciones que son fundamentales para una reactivación económica. Presentamos a continuación un gráfico que muestra que las importaciones de capital fueron disminuyendo de manera sostenida desde 2019. 

Este gráfico desmiente, además, las declaraciones del Ministro de Economía que afirmaba que no hemos dejado de importar bienes de capital y materias primas, que son necesarios para que nuestra industria produzca.

 

Lo que debe quedar claro para todos los bolivianos, es que la reactivación económica depende en gran medida de los ingresos que recibe el estado (modelo basado en el gasto y la inversión pública), por lo que financiarlo, significa confiscar el 93% de la riqueza del país para mantener a 550 mil trabajadores y a empresas públicas deficitarias e ineficientes, que se comen, además, el 30% del Presupuesto del Estado.

En este orden de ideas y analizando nuestras fuentes de ingresos, este 2021 se vivió un hecho histórico: la declinación paulatina de las exportaciones de gas natural, permitió que las exportaciones crecientes de oro, la superaran. 

Las exportaciones de gas desde el 2015, declinaron en un 50% hasta 2020, y el 2021, hasta noviembre, ya superaron las cifras del anterior año 2 mil millones de dólares de reducción). Dos cosas preocupan en esta industria, ahora desplazada. La balanza comercial de combustibles y lubricantes que el 2019 superaba a los 1.200 millones de dólares, hasta noviembre alcanzó a 446 millones, por lo que hubo una reducción de más del 50%. Por otro lado, según Jaime Dunn la renta petrolera el 2021 alcanzará a los 6 mil millones de dólares, pero los subsidios a la importación de combustibles a los 5 mil. Por lo que el monto destinado a disponibilidad del estado ya sólo alcanza a 1 mil millones de bolivianos. Sin duda, nuestra principal fuente de ingresos por varios años cae de picada.

Como mencionamos, las exportaciones de oro que significaban 1.700 millones de dólares el 2019, se elevaron hasta noviembre de 2021 a 2.250 millones de dólares. Si bien es el primer producto de exportación de la economía boliviana, los ingresos por regalías mineras, no superarán los 450 millones de bolivianos, más de 10 veces inferior a la renta petrolera. Si bien el efecto distributivo podría ser mayor, ya que la actividad es privada (cooperativas mineras en un 90%), los ingresos del estado no permiten siquiera afrontar una remediación ambiental, dado el alto nivel de contaminación que provoca esta industria.

Por otro lado, discursos repetitivos de autoridades, apuntan a que la producción de urea podría compensar en parte la disminución de las exportaciones de gas, sin embargo, es posible que el discurso sea sólo de ciencia ficción. 

El 8 de octubre, el Viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, informaba que se cerraron negocios por 398.000 toneladas entregables hasta diciembre de 2021, 25 mil para el mercado interno y el restante para la exportación. Si tomamos en cuenta los 114 días de trabajo, sin descanso, del 6 de septiembre (reinicio de la planta) hasta el 31 de diciembre, resulta que para cumplir con estos contratos la planta debería trabajar al 160% de su capacidad (3.500 toneladas día). Para adicionar al problema de la imposibilidad de producir lo planificado, debemos informar que las exportaciones de octubre y noviembre alcanzan a las 25 mil toneladas, por lo que la exportación de diciembre, debería superar las 348 mil toneladas. O algo no cuadra, o vivimos en el país de las maravillas.

Para no dejar un análisis incompleto sobre las exportaciones, mencionamos el esfuerzo de la industria soyera del país, acompañada también de buenos precios internacionales. El 2019 y el 2020 la exportación estuvo por encima de los 700 millones de dólares, pero hasta noviembre de 2021 ya se exportaron más de 1.200 millones de dólares. 

Por último, mencionar que las exportaciones de litio alcanzaron al 2021 a un poco más de 900 toneladas, recordando que hoy en día debería exportarse 5 mil, con una perspectiva de producción de 15 mil toneladas. Recordemos que se gastaron más de 1 mil millones de dólares de inversión, para una planta que tiene problemas de producción y un sistema de explotación con muchos problemas. Este es quizás uno de los más grandes fracasos del gobierno del MAS, que mal invirtió la plata de todos los bolivianos.

En este sentido, parece que la sobrevivencia del estado “monstruo” está en duda. Tiene muy pocas posibilidades de recibir mayores ingresos por actividades productivas, como vimos en anteriores párrafos. De manera similar, el canal del endeudamiento público parece haber llegado a su tope. En este 2021 se adquirió 12 mil millones de bolivianos de deuda interna (dato histórico), y es muy posible que los últimos días de diciembre este indicador haya crecido aún más. Por lo tanto, es muy probable que el margen para utilizar los fondos de jubilación y dirigirlos a la economía como se ha venido haciendo, parece haber llegado a su límite. Por otro lado, el 2021 el gobierno debía acomodar bonos de deuda por 3 mil millones de dólares, sin tener éxito alguno, lo que hace prever que los 2 mil millones de dólares de deuda programados para el 2022 corran la misma suerte. Lo cierto es que la deuda pública ya superó el 55% del PIB, y este 2022 el gobierno estará en búsqueda de plata, no sólo compitiendo con actividades económicas privadas, sino, confiscando de manera abierta la riqueza de los bolivianos. 

Asimismo, otro indicador importante son las RIN, que no sólo decrecieron de manera acelerada desde el 2015, sino que, ahora parecen irrecuperables. Si bien el saldo de la balanza comercial para el 2021 alcanzó 1.700 millones de dólares (fuente de divisas), las RIN siguieron bajando, por lo que hay una fuga de capitales, o los ciudadanos están guardando dólares en sus catres. Precisamente en la actualidad, la parte líquida de estas reservas, se encuentra alrededor de los 1.700 millones de dólares, que no cubren siquiera 2 meses de importaciones. 

Si estos indicadores no cambian de dirección, la escases y la búsqueda de recursos para el 2022 será feroz, lo que ocasionaría problemas sociales, mayor disminución de las RIN, emisión inorgánica de dinero, presión cambiaria y la formación de una burbuja inflacionaria. Resultado, crisis. 

| M. Sc. Joshua Bellott Sáenz es economista