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Las organizaciones sociales, plataformas ciudadanas y políticas que conformamos este Bloque de Unidad, en respuesta a la arremetida del gobierno nacional realizada en estos días contra líderes cívicos del Departamento de Potosí, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. El gobierno nacional está ejecutando el plan de revancha, represión y persecución política judicial anunciado en la exposición de motivos de la abrogatoria de la Ley N° 1386 en contra de aquellos líderes cívicos, sociales y políticos a los que responsabiliza de su fracaso al tratar de imponer por la fuerza algunas leyes consideradas malditas por el pueblo boliviano.
2. El despliegue inaudito de centenares de uniformados en la ciudad de Potosí para realizar arrestos arbitrarios e ilegales, utilizando unidades policiales de cuestionable procedencia, acompañados de violencia física, sevicias y malos tratos, incluso contra sus familiares; las detenciones arbitrarias de personas que no han tenido la oportunidad de declarar previamente ante el fiscal para hacer valer su estado de inocencia, el traslado de los detenidos ilegalmente a lugares distintos a los de sus domicilios, para apartarlos de su ambiente familiar y social como un castigo anticipado; constituyen prácticas típicas de una dictadura y no de un gobierno democrático que esté apegado al Estado de Derecho.
3. Estas violaciones a los derechos humanos no persiguen encontrar la justicia, por el contrario, expresan un acto de violencia y revancha ejercido por el MAS desde el poder en contra de los ciudadanos. En otras palabras, se trata de una acción de terrorismo de Estado por motivaciones políticas espurias. Los servidores públicos que los ejecutan, ministros, policías, jueces y fiscales, no actúan como verdaderos agentes de la ley, sino como paramilitares al servicio incondicional del poder.
4. Expresamos nuestra solidaridad con Marco Pumari Arriaga, Juan Carlos Manuel Huallpa, Marco Subia y sus familias, y nos comprometemos ante ellos a realizar todas las acciones constitucionales y legales, de hecho y de derecho, para que recuperen su libertad y cese el estado de hostigamiento y persecución. No nos equivoquemos, hoy día empiezan con líderes cívicos de Potosí, mañana perseguirán toda forma de oposición y disidencia, en cualquier lugar del país, generando intimidación terror para tener una sociedad amordazada y paralizada por el miedo.
5. Nos declaramos en estado de emergencia, movilización y acción pacífica permanente y apoyaremos la convocatoria y medidas que disponga la dirigencia cívica de Potosí y del país, en apoyo a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos.
Con la dictadura no se negocia, mucho menos con el terrorismo miliciano.
Bolivia, 11 de diciembre de 2021
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