LOS “FANTASMAS” SE LLEVARON 12 MILLONES AL MES

La defensa de Sosa apela por ilegal aprehensión  

Los abogados defensores de Angélica Sosa apelaron la detención preventiva de la exalcaldesa de Santa Cruz y esperan que se revoque esta medida en los próximos días. Entre acusaciones y denuncias aún no se conoce el monto del daño económico, pero los cálculos preliminares llegan a 12 millones al mes. 

Dentro de las investigaciones del caso “Ítems fantasmas” Angélica Sosa fue enviada a Palmasola, preventivamente, la madrugada del viernes, por orden del juez de Anticorrupción Juan José Quiroz. 

Joadel Bravo, uno de los abogados de la exalcaldesa, aseguró que las acusaciones que hizo Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos del municipio, contra Sosa carecen de pruebas.

“El testimonio de Cedeño corresponde a la de una persona que está yendo presa y para salvarse está diciendo cualquier barbaridad (…) A Sosa la procesaron por el decir de esta determinada persona (Cedeño), simplemente porque alguien declaró en su contra y sin tener pruebas para demostrar las acusaciones”, manifestó el abogado a El Deber. 

Bravo dijo que Sosa negó todas las declaraciones de Cedeño durante la audiencia cautelar y aseguró que el testimonio de este carece de pruebas, además de que “está alejado de la realidad”. 

“Cedeño dice que la alcaldesa envió a tres personas a pintar paredes durante la campaña electoral en 2019. Eso no es creíble, porque una autoridad municipal no tiene tiempo para esas cosas. Para eso existe un jefe de campaña”, comentó.

El abogado también lamentó que la comisión de fiscales que investiga el caso (compuesta por Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera) basó sus argumentos en el testimonio del exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, pero no demostró elementos convincentes en contra de la imputada.

Además, cuestionó el accionar de la Fiscalía y de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al ejecutar el mandamiento de aprehensión (el martes) contra la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra en el interior del hospital privado, que se encuentra ubicado en el tercer anillo interno, entre las avenidas San Martín y Busch de la capital cruceña.

“La Policía actuó de manera irregular. Se evidencia que entraron al hospital sin orden de allanamiento, a un espacio que es privado (nosocomio). La Fiscalía debía ingresar con orden de allanamiento, la cual no tenían. Por esta razón la aprehensión se la realizó de manera ilegal”, explicó.

IMPACTO ECONÓMICO

Aunque el caso está en investigación, el gobierno municipal cruceño presentó algunos datos preliminares. Existían al menos 800 ítems fantasmas con sueldos que oscilaban entre Bs 3.000 y Bs 5.000 por lo que se estima que el daño económico ascendería a Bs 200 millones, informó Página Siete.

La Alcaldía de Santa Cruz continúa investigando el escándalo de los ítems fantasmas y reveló que los contratos que inicialmente llegaban a 800 pero ahora alcanzan a los 2.000.

Las pérdidas económicas calculadas por 800 ítems causaron pérdidas por 4,8 millones de bolivianos al mes y si se confirma que los ítems fantasmas eran 2000 entonces la estafa ascendería a 12 millones al mes.  El daño real se conocerá una vez que concluyan las investigaciones, según la Fiscalía.

CREEMOS

La diputada Khaline Moreno, subjefe de Creemos en Diputados, afirmó que el caso ítems fantasma fue politizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizándolo para atentar contra Santa Cruz, por lo que rechazó las afirmaciones de Evo Morales en sentido de que se trata de un sistema de corrupción de la oligarquía cruceña.

Diputada Khaline Moreno

“El MAS atenta ahora contra Santa Cruz. Este tema está totalmente politizado, por eso, nosotros rechazamos las declaraciones del señor Evo Morales (…), si hablamos de corrupción ellos tendrían que agachar la cola. A nuestros colegas no se les ha demostrado nada”, declaró.

Moreno afirmó que los diputados de Creemos aludidos con supuestos contratos e ítems fantasma se defenderán en las instancias legales como corresponde y que la Alianza Creemos en ningún momento apoyará o encubrirá actos de corrupción, pero sí exigirá respeto a la presunción de la inocencia y al debido proceso. 

“La norma boliviana prevé la presunción de la inocencia y el debido proceso. Lo que nosotros esperamos es que existan las debidas garantías”, sostuvo según Los Tiempos.