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Por: Zulema Alanes B. |
Secuestro armado y amenazas de muerte. Discursos que estigmatizan a los periodistas y a los medios. Insultos y ataques a su reputación, campañas para minar su credibilidad; iniciativas legales para levantar el secreto de fuente y amenazas con un cerco mediático para asfixiar financieramente a los medios de comunicación independientes, conforman un cuadro de alto riesgo para el ejercicio del periodismo y de vulneración de la libertad de expresión y de prensa en el primer año de gobierno de Luis Arce Catacora.
La mayoría de las acciones son promovidas por autoridades de los más altos niveles de gobierno, del legislativo y del órgano judicial, así como dirigentes de las cúpulas del Movimiento Al Socialismo, pero también por “periodistas sicarios”, y muestran un patrón orientado a generar un ambiente adverso en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.
El periódico Página Siete registró al menos 29 ataques a la prensa y a medios de comunicación. Detalló que “entre enero y noviembre de este año se reportaron 12 agresiones físicas, cuatro agresiones verbales, tres amenazas, dos retenciones ilegales, una campaña de descrédito, una restricción de cobertura, un pedido de censura, un requerimiento fiscal, un intento de atropello, un arresto, una amenaza de muerte y una citación fiscal por revelar una irregularidad”.
Cabildeo Digital recogió los casos más emblemáticos de vulneración a la libertad de expresión y de prensa cometidos por autoridades en ejercicio de la función estatal y líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
UNA CITACIÓN Y UNA RETRACTACIÓN A MEDIAS
Al cerrar noviembre, un fiscal citó, en calidad de denunciado, al periodista de El Deber Guider Arancibia, reveló que dos camionetas asignadas a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) fueron utilizadas por encapuchados para atacar, durante la primera quincena de noviembre, a ciudadanos que participaron en un paro de labores multisectorial con bloqueo de calles para protestar contra un paquete de leyes aprobadas por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Empero, en lugar de convocar a los funcionarios públicos para pedir explicaciones por el irregular hecho, el fiscal Roberto Ruiz Muñoz, de la amazónica ciudad de Santa Cruz de la Sierra, intimidó al periodista a dar detalles sobre su publicación, bajo amenaza de detención en caso de no comparecer.
La citación fue rechazada por los gremios de periodistas por vulnerar la Ley de Imprenta e intentar levantar el secreto de fuente y advirtieron que podría dar lugar a que todos los periodistas sean citados ante la justicia ordinaria para que revelen sus fuentes, especialmente en caso de corrupción que involucran a autoridades en ejercicio de la función pública.
LAS AMENAZAS EN MODO EVO MORALES
El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales amenazó a “algunos medios” de comunicación a los que atribuyó la difusión de “mentiras” e “intrigas” sobre la marcha que lideró para respaldar al gobierno de Luis Arce.
“Cuidado que se acabe la paciencia para algunos medios de comunicación” amenazó Morales en declaraciones formuladas en la localidad de Ayo Ayo, donde además responsabilizó a “algunos medios” de informar “con mentiras, intrigas, hasta especulaciones” respecto de la marcha que encabeza para respaldar al presidente Luis Arce.
SECUESTRO ARMADO E IMPUNIDAD
El secuestro armado en Las Londras, Santa Cruz, de periodistas de cinco medios de comunicación, además de policías y civiles, retenidos ilegalmente durante siete horas por un grupo irregular fue minimizado por el Gobierno y los responsables continúan impunes.
Los periodistas de Unitel, Red Uno, ATB, El Deber, y cuatro policías que los custodiaban fueron reducidos por encapuchados armados que se declararon dueños de tierras en disputa en el municipio El Puente. Después de secuestrar a los periodistas por siete horas y obligarlos a firmar un “acta de compromiso”, los cabecillas se escondieron en San Julián bajo la protección del poder político.
La movilización de los periodistas obligó a las autoridades a investigar el caso y sancionar a los responsables. Los cabecillas fueron identificados como militantes del MAS.
LA ESTRATEGIA DE ASFIXIA ECONÓMICA
“Cero publicidades para los mercenarios mediáticos” demandó el diputado supranacional por el MAS y presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza.
En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el pasado 15 de noviembre detalló que “El cerco mediático debe ser enfrentado con firmeza. Toda empresa o entidad pública que destine fondos para publicidad en eses medios (distinto de información ciudadana) se convierte en colaborador de la desestabilización democrática”.
En un segundo mensaje en medio del paro en contra de la ley 1368 exigió “¡Cero tolerancia a los discursos de odio y a las publicaciones falsas de los mercenarios mediáticos! Si alguien se siente aludido es porque forma parte de grupo de mercenarios mediático”.
Las amenazas del diputado del MAS se suman a otras iniciativas planteadas desde las filas del oficialismo para acentuar la asfixia económica a la que han sido sometidos los medios de comunicación durante más de una década por el régimen de Evo Morales.
ATAQUES CRUZADOS
El Gobierno, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y otros voceros del oficialismo atacaron de forma sistemática a los medios de comunicación independientes.
El canciller Rogelio Mayta se estrelló contra los medios de comunicación, aseguró que “Hay medios que son de oposición, son actores políticos, son oposición política” y los responsabilizó de manipular la información sobre la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde una delegación gubernamental presentó una queja contra el secretario general del organismo, Luis Almagro, a quien acusaron de “injerencia”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, también atacó a los medios. En un mensaje difundido en octubre, adhirió al mensaje del papa Francisco en el que pidió a los medios de comunicación: “…terminen con la lógica de la post-verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio; y que busquen contribuir a la fraternidad humana” y escribió: “@pagina_siete @LosTiemposBol @sur_correo @grupoeldeber ahí les habla @Pontifex-es”.
AMENAZAS DE MUERTE
El 20 de octubre, el artista gráfico Abecor, de Página Siete, fue amenazado de muerte, luego de publicar una caricatura que alude al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Las amenazas de muerte secundaron un ataque soez de Chávez que "convirtió" en papel higiénico la edición impresa de Página Siete, en respuesta a la caricatura de Abecor.
"Mi respuesta", escribió la autoridad, junto a la imagen en la que aparece un rollo de papel sanitario sobre el que se ve impresa una de las portadas de este medio, mostrando una total intolerancia respecto a la libertad de expresión, un derecho que ejerció el caricaturista Abecor.
VETOS A PERIODISTAS
La red ATB se vio enredada en un nuevo escándalo por la presunta presión que ejerció el dueño de ese canal, Jaime Iturri, para que algunos periodistas y presentadores no tengan espacios en esa u otras cadenas nacionales, según reportó el portal Visor Bolivia.
La denuncia señala que la presentadora Mariel Rivero Salomé que anunció que estaría a cargo de la conducción de un programa independiente de promoción de empresas y negocios, fue apartada del proyecto por una presunta llamada de Iturri a los productores con advertencias que señalaban “ella es una presentadora vetada” en esa red.
Asimismo, el director de ATB habría advertido que Rivero Salomé “no tendría espacio en otras redes privadas” por haber sido la presentadora de noticias en el canal estatal Bolivia TV, durante la gestión 2020, en el gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez.
CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO
En abril de este año, en acción coordinada entre la red ATB y la agencia ABI se acusó a la periodista Nancy Vacaflor de “vender su conciencia” al gobierno de Jeanine Añez por un contrato de 30.000 bolivianos.
La acusación inició una campaña amplificada por los “guerreros digitales” contra una decena de periodistas, que fueron acusados de recibir ‘contratos especiales’ durante el gobierno de Añez.
Las reacciones de las y los periodistas aludidos, fue inmediata y contundente. Escribieron mensajes en sus redes sociales y dejaron en claro que no hay nada que ocultar porque nunca firmaron contratos con el gobierno transitorio y atribuyeron “la guerra sucia” a los “sicarios digitales del MAS”.
BOLIVIA RESTRINGE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
El Índice de Chapultepec ubica a Bolivia en una situación de parcial restricción de la libertad de expresión y prensa (52,71/100), por debajo del promedio global de 55,61, entre 22 países de América, de acuerdo a su informe de observación entre julio 2020 a agosto 2021, informa ANF.
“Bolivia presenta un escenario frágil para la libertad de expresión y prensa que bordea pasar de una “parcial restricción” a una “alta restricción”. La ciudadanía, los medios masivos y periodistas son “parcialmente libres” de expresarse y de realizar su labor de informar. En algunos casos, los límites son evidentes como el de la violencia y las amenazas directas; en otros son más sutiles, como la distribución de la publicidad oficial que genera censura o autocensura”, según el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Señala que se ha exacerbado el clima de división, polarización violenta amenazas y ataques en contra de los que se juzga como “adversarios”. Y que tanto en el gobierno de Jeanine Añez como en el de Luis Arce, “estigmatizar, atacar, amedrentar, obstaculizar no solo el trabajo periodístico sino también la libertad de expresión y protesta ciudadana se convirtieron en mecanismos de control político”.
Advierte que, con el retorno al poder del MAS, el escenario se ha fragilizado para el ejercicio periodístico, en medio del intento por instalar la narrativa del “golpe de Estado”. La distribución de la publicidad oficial representa el mecanismo más eficaz –y a la vez sutil– para controlar a medios, mientras que la ola de persecución judicial en el país promueve procesos de censura y autocensura que afecta a la ciudadanía y al mismo sistema democrático.
Asimismo, sostiene que el período de gobierno de Jeanine Añez y el nuevo ciclo gubernamental del MAS, conducido por Luis Arce, “han alimentado más ataques a la labor periodística, acusaciones y amenazas, además de violencia creciente que impide a la ciudadanía manifestarse libremente”.
Señala que “la tradición del MAS en su primera y segunda etapa (2006-2019 y 2020-a la fecha) ha sido acusar a medios masivos y periodistas de ‘mentirosos’, ‘enemigos’, ‘de derecha’, ‘opositores’, entre otros epítetos. En medio de la lucha narrativa masista por instalar la versión del ‘golpe de Estado’ como causa de los graves acontecimientos y el saldo de víctimas de noviembre de 2019, varios periodistas han sido foco de estigmatizaciones, discursos y ‘listas de odio’, acusándolos de ser aliados del gobierno transitorio de Añez”.
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