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Foto: Bolivia.com |
La ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social será promulgada en las próximas horas. El Gobierno ratificó la “obligatoriedad” de su cumplimiento anticipando que ministerios y gobiernos subnacionales tendrán 180 días para adecuare a la norma. Universidades y Alcaldías la rechazan y Conade exige su anulación.
La ley validada por el oficialismo consta de seis artículos, además de una disposición adicional que establece el plazo de 120 y 180 días para que las instituciones de todo el aparato estatal, incluidas gobernaciones, municipios y todo el Órgano Judicial, adecúen sus planes a los parámetros establecidos en la nueva ley y que están desarrollados en un anexo de 209 páginas.
La principal observación de los sectores a la ley tiene que ver con el artículo cuarto de la nueva normativa que plantea la obligación de aplicar el plan nacional. También se cuestiona la falta de socialización del plan que está establecido en el artículo 312 de la Constitución Política del Estado (CPE), informó El Deber.
De acuerdo al medio cruceño, el MAS aseguró que el plan fue el resultado de cumbres departamentales, pero este jueves la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y otros representantes regionales lamentaron que los gobiernos autónomos no hayan participado de las consultas.
Los otros cinco artículos de la CPE que generan tensión con la nueva normativa tienen que ver con las definiciones establecidas en la organización territorial del Estado, que tiene que ver con el diseño de planes locales y presupuestos de acuerdo con las competencias definidas por la CPE.
El constitucionalista José Luis Santistevan señaló que “se viola el sistema autonómico” porque se obliga a cumplir con el plan nacional de “manera coercitiva”.
Ante las observaciones, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió las competencias del Ejecutivo en la “política económica” que están en el artículo 300 de la CPE.
En tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) al expresar su apoyo al paro nacional convocado desde el 8 de noviembre por el sector gremial, exigió anular la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social, porque considera que “pulveriza” a las autonomías y busca sostener la narrativa de que hubo un “supuesto golpe de Estado”.
Este comité consideró que la ley forma parte de un “paquete de normas económicas para imponer el autoritarismo”.
Denunció además que el MAS aprobó esa ley sin análisis ni socialización. Observó que se vulnera las autonomías con esa norma, debido a que toda entidad, desde gobernaciones, municipios, universidades y otras estatales, deban estar subordinadas al Plan de Desarrollo elaborado por gobierno central, reportó la Red Erbol.
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