Por: Zulema Alanes B. |
A tres días del paro nacional indefinido, el inusual desplazamiento de contingentes militares hacia Cochabamba y Santa Cruz y las amenazas del vicepresidente David Choquehuanca aumentaron la tensión en el país.
El desplazamiento de tropas y equipamiento militar se hizo viral en las redes sociales y dirigentes de organizaciones sociales y de partidos de la oposición alertaron sobre un plan represivo del gobierno para neutralizar las movilizaciones que acompañarán el inicio del paro nacional que se inicia este 8 de noviembre.
En tanto desde la Casa del Pueblo, al cabo de una reunión con la dirigencia del Pacto de Unidad, el vicepresidente Choquehuanca amenazó con movilizar a las bases de las organizaciones que respaldan al gobierno para neutralizar las protestas sociales.
EL PARO VA Y NO SE DESCARTA UN REVOCATORIO
Aun de las amenazas, gremiales, transporte pesado, universitarios, colegios médicos y comités cívicos ratificaron el paro indefinido que originalmente se decidió para exigir la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero a la fecha también se añadió el rechazo a la Ley 343 del Plan de Desarrollo Económico y Social que elimina las autonomías municipales, departamentales y universitaria.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo a Cabildeo Digital que el paro indefinido está coordinado con varios sectores y adelantó que “si no atienden nuestras demandas, iniciaremos la campaña por el revocatorio de mandato de senadores y diputados, y luego para acortar el mandato de Luis Arce Catacora”.
El dirigente gremial dijo que “quieren descargar todo el impacto de la crisis sobre nuestras espaldas, no permitiremos que para mantener los privilegios de unos cuantos se afecte a la mayoría del pueblo”.
Recordó que los gremiales y el transporte pesado “somos el eje de esta movilización a la que se han sumado otros sectores como los médicos y universitarios, pero también los comités cívicos y las organizaciones ciudadanas porque las leyes del gobierno afectan a todos”.
Denunció la burla del gobierno que “ahora pretende que vayamos a reglamentar una Ley que no fue sometida a consulta, es la nueva ley 1008 pero no para sancionar delitos sino para enajenar el trabajo de todos los bolivianos”.
Figueroa dijo que a esa norma se ha sumado la Ley 342 de Desarrollo Económico y Social, que liquida las autonomías municipales, departamentales y de las universidades.
Carlos Mesa, presidente de Comunidad Ciudadana (CC), se pronunció contra la Ley 342 y convocó a “defender las autonomías de los plantes centralistas del MAS”, recordó que las autonomías son una conquista fundamental de la democracia” y fustigó al gobierno por su intención de “controlar los recursos y las decisiones de alcaldías, gobernaciones y universidades”.
Las universidades también adhirieron a la convocatoria del paro indefinido e iniciaron movilizaciones de protesta en todo el país, excepto en la ciudad de La Paz cuyas autoridades decidieron asistir a una negociación con el Gobierno.
CÍVICOS APOYAN EL PARO Y SUMAN DEMANDAS
Por resolución de su Consejo Nacional, los nueve comités cívicos del país determinaron sumarse al paro indefinido que comenzará este 8 de noviembre y se declararon en estado de emergencia.
“Brindar respaldo total a las decisiones adoptadas por diversos sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para los bolivianos, sumándonos al paro general con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre”, señala el pronunciamiento cívico.
Anunciaron que apoyarán las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía autoconvocada hasta lograr la abrogación de la Ley 1386 y sus anexos y, asimismo, “el restablecimiento de inmediato del sistema de votación de 2/3 en la modificación al Reglamento de Debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
La resolución fue adoptada antes de conocer la aprobación de la Ley 342, pero la dirigencia cívica reaccionó de inmediato para reivindicar la conquista de las autonomías y exigir la abrogación de esa norma.
Las protestas contra esa norma apenas comienzan. La Bancada municipal de Unión Cívica Solidaridad (UCS) en Santa Cruz, anunció que demandarán la inconstitucionalidad de la Ley 342 ante el Tribunal Constitucional.
EL presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Israel Alcócer, denunció que “Nos quieren quitar la plata que es para nuestros barrios con una ley inconstitucional y centralista”.
EL DESCRÉDITO DEL GOBIERNO Y LAS AMENAZAS DE CHOQUEHUANCA
El Pacto de Unidad y la COB aparecieron junto al vicepresidente David Choquehuanca, se declararon en estado de emergencia y anunciaron que saldrán a las calles y si es necesario a las carreteras para impedir las movilizaciones.
David Choquehuanca los secundó y advirtió que el denominado “bloque social popular va a defender la democracia, nuestra Constitución, va a defender al gobierno legítimo constitucional”.
Según el Vicepresidente, "A un pueblo de dividido y debilitado es muy fácil someter y dominar. El pueblo boliviano no va a permitir que los días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, de discriminación, de desorden, de desgobierno, de corrupción, de violación de derechos humanos, de tortura vuelvan nuevamente”.
Dijo que las organizaciones del Pacto de Unidad “van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, la unidad, nuestra soberanía, riquezas y recursos naturales” y denunció que “quieren confundir nuevamente al pueblo boliviano, quieren generar caos e inestabilidad”.
Desahució la “campaña de miedo” que según afirmó pretenden desatar quienes propician el paro nacional indefinido y aseguró que existe “un pueblo despierto capaz de organizarse, de defender esta democracia que nos ha costado sangre, vidas y los bolivianos no debemos permitir que se repita esta historia”.
Choquehuanca no se refirió al terror del secuestro y la tortura que vivieron los periodistas de Santa Cruz el pasado jueves en Las Londras ni al temor que provocó el inusual desplazamiento de contingentes militares que fue denunciado por las redes sociales.
El descrédito gubernamental por las evidencias que muestran que los secuestradores armados y encapuchados pertenecen a las filas del MAS fue puesto en evidencia este jueves en una masiva marcha convocada por los periodistas cruceños y que fue acompañada por diferentes sectores sociales en que se denunció que existe impunidad porque tras una semana de los hechos “no hay ningún detenido, ningún procesado” según denunció el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz Roberto Méndez.