Renuncia vocal del TSE, señalando que la entidad está secuestrada por el MAS

La vocal Rosario Baptista renunció al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aseguró que decidió dejar su cargo porque es “imposible” ejercer sus funciones en un órgano que, en su criterio, “no es independiente ni imparcial”.

“Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial. No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni a legitimarlo”, escribió este sábado Baptista en su cuenta en Facebook, donde también publicó su carta de renuncia dirigida a David Choquehuanca, vicepresidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa.

En la misiva, con fecha 11 de noviembre de 2021, Baptista recuerda que el 19 de diciembre de 2019 fue elegida como vocal del TSE por un período de 6 años, sin embargo, según su versión, el cumplimiento de sus obligaciones fue “coartado por una visión cerrada y dogmática, que responde al clima de agresividad que emana del Órgano Legislativo”.

Además, indica que el “control total de todos los órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como único elemento que genera en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia”.

En ese sentido, considera que la voluntad ciudadana y la soberanía son “manipuladas no solo a través del resultado electoral, sino (mediante) la información que se brinda a la ciudanía para perpetuar en el poder al partido gobernante, al cual están obligadas a responder todas las autoridades públicas, tal como determina explícitamente su estatuto orgánico recientemente registrado por el TSE” pese a su voto disidente.

Incluso asegura que, más allá de los comicios de 2019, en el proceso electoral de 2020 “se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad de un partido político, que bajo condiciones actuales nunca perderá una elección”.

Por lo que cree que para “desmontar todo ese sistema”, se necesita un Órgano Electoral “realmente independiente, abierto a la observación y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente”.

Asimismo, considera que el TSE está “secuestrado” por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que puestamente “lo están los demás poderes del Estado”.

Por ello, “es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad (porque) estoy sometida a dos procesos disciplinarios por los que fui ilegalmente suspendida en el ejercicio de mis funciones y en riesgo de ser destituida, sancionada sin fundamento jurídico, dejando las bases para la vía penal convertida en un instrumento de extorsión y amedrentamiento”, remarca la Vocal en su misiva.

Del mismo modo, señala que la investigación penal abierta en el sistema judicial, “sometido al poder político”, por habilitar una candidatura, pone en riesgo su libertad, seguridad e integridad.

“Por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa”, ratifica Baptista en su carta.

Bolivia, 11 de noviembre de 2021

 

 

Señor

Lic. David Choquehuanca Céspedes

PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Presente.-

 

 

Señor Presidente:

 

Desde el 19 de diciembre de 2019, en que fui elegida, designada y posesionada como Vocal del Tribunal Supremo Electoral por un período de 6 años, he trabajado mucho por responder a los desafíos que el difícil momento en que nos tocó asumir el cargo, junto con otros seis vocales, exigía. Depositarios de la confianza ciudadana, en un momento en que el país se encontraba en una crisis política y social de gravedad, teníamos la responsabilidad y obligación de actuar solamente sometidos a la Constitución y las leyes, y exclusivamente en beneficio del pueblo.

En ese marco, y sin pretender otra cosa que el ejercicio imparcial del cargo, asumiendo la independencia y separación de poderes, correspondía garantizar la institucionalidad democrática a través de elecciones auténticas, libres, iguales e informadas, en los términos determinados por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes.

Como órgano colegiado, las decisiones deben ser discutidas y adoptadas al menos en mayoría, por tanto, el cumplimiento de las obligaciones que determina la ley y mis deberes hacia la ciudadanía, se vieron coartados por criterios alejados de lo jurídico, que responden principalmente a criterios de oportunidad política y conveniencia partidaria. Es imposible cumplir con el mandato que me ha delegado el pueblo en el Órgano Electoral, debido a su sujeción a la corriente autoritaria, absolutista y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que al igual que el sistema judicial sometido a esos intereses, permite la recurrente violación sistemática de los derechos humanos. Bajo estas condiciones, es imposible la tutela de los derechos políticos y de identidad, y menos aún la preservación de la institucionalidad democrática.

El partido gobernante ha montado un escenario en el que ha tomado control total de todos los Órganos del Estado, que operan sólo para crear en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia, de la cual sólo queda la organización de elecciones periódicas, en las que el voto es el único elemento que ha sobrevivido al desmantelamiento de la democracia, pero dadas las condiciones legales, técnicas e institucionales, es solo nominal, considerando que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no sólo a través del resultado del voto, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante, al que están obligadas a responder todas las autoridades públicas, tal como determina expresamente su Estatuto Orgánico, recientemente registrado por el Tribunal Supremo Electoral, pese a mi voto disidente fundamentado en derecho.

Para desmontar todo este sistema en el que el MÁS-IPSP nunca perderá una elección, se requiere un Órgano Electoral realmente independiente, abierto a la observación y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho a elegir libremente.

Asimismo, los hechos muestran que no existe en nuestro país un sistema de justicia acorde con los elementos esenciales de la democracia, y por tanto no existen condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, situación que deliberadamente permite el accionar impune de las autoridades gubernamentales, el surgimiento de grupos irregulares y la pérdida de las libertades democráticas.

El MAS-IPSP ha secuestrado la soberanía del pueblo, depositándola en el partido político, que no responde al interés general y necesidades de la población, vulnerando los derechos humanos y quebrantando por completo el Estado Constitucional de Derecho, utilizando a los poderes públicos para desvirtuar cualquier cuestionamiento a su accionar, encubriendo toda responsabilidad de las autoridades que operan en su favor, para proteger una mentira generalizada.

Más allá del proceso electoral 2019, en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad de un partido político.

El único medio posible para restablecer la democracia es la justicia, las efectivas garantías constitucionales y la defensa del Estado de Derecho, para el ejercicio pleno de los derechos humanos, en libertad.

El Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que lo están los demás poderes del Estado. Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad ya que estoy sometida a dos procesos disciplinarios, por los que fui ilegalmente suspendida en el ejercicio de mis funciones, y en riesgo de ser destituida, sancionada sin fundamento jurídico y que tienen el propósito de sentar bases para abrir la vía penal; asimismo al estar en curso una investigación penal abierta por ejercer mi función jurisdiccional, en un sistema judicial sometido al poder político, mi libertad, mi seguridad y mi integridad están en riesgo.

No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia, por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia al cargo de Vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa.

Invoco a usted, señor Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a que responda al mandato que le ha dado el pueblo boliviano y garantice que las leyes que emita el órgano que usted preside, respondan a la libertad, los derechos humanos y la dignidad del pueblo boliviano, no de un partido, y sean respetadas y cumplidas, para recuperar el Estado Constitucional de Derecho.

Devuelva usted a la gente el derecho de vivir en libertad. Libere al Órgano Electoral y al Sistema de Administración de Justicia, para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder y lo utilizan como herramienta de extorsión y persecución.

Finalmente, señor Presidente, le recuerdo la agenda que planteó en su discurso de posesión. Devuelva su dignidad a la gente.

Saludo a usted,

 

 

Rosario Baptista Canedo