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Medidas de reactivación económica de Arce no “inciden” en la recuperación de empleos

Foto: El Potosí | 

Las medidas de reactivación económica aplicadas por el Gobierno de Luis Arce no incidieron en la recuperación de todos los empleos perdidos durante la pandemia, tampoco influyeron en la creación de nuevas fuentes laborales y menos en la mejora de la calidad del empleo en Bolivia.

A esa conclusión arriba el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en el documento “Alerta laboral: Reactivación económica: medidas insuficientes y precariedad laboral”.

La centro de investigación analiza los datos que presentó el presidente Luis Arce anunció en las últimas semanas que la tasa de desempleo urbano en el país habría descendido a julio de este año, de 11,6% registrado en el mismo mes del 2020, a 6,4%, como resultado de las políticas de reactivación económica implementadas por su gobierno frente a los impactos provocados por la crisis económica, profundizada por la pandemia de COVID-19.

En función de ello, considera que por la intrascendencia de las medidas implementadas por el gobierno actual del MAS; por ser parciales, de corto plazo y de bajo impacto en la creación de nuevos y mejores empleos; resulta poco o nada creíble que la disminución del desempleo sea expresión de las medidas implementadas durante su gestión. 

“Es más, considerando que el gobierno retomó el modelo social comunitario productivo, que profundizó el extractivismo a favor de empresas extranjeras; promovió la agroexportación en el país y consolidó la precarización laboral, como un medio de mayor acumulación de ganancias, no es posible afirmar que la baja de la tasa de desocupación sea efecto de las políticas que vienen ejecutándose”, señala el documento.

Argumenta que para esto “una simple observación de la realidad laboral en las calles y en ferias comerciales atestadas de vendedores, que no son más que personas en busca de ingresos para subsistir, alienta la idea de que el descenso del desempleo se produjo, entre otras razones, por un incremento de la ocupación en el sector informal urbano, que cobija generalmente a empleos muy precarios, sin derechos y bajo condiciones de subempleo”.


MÁS EMPLEOS DE MALA CALIDAD

Según el CEDLA, el 2020, año crítico de la pandemia en Bolivia, la tasa de desempleo abierto fue del 11,9%, equivalente a 477.661 personas desocupadas, resultado de los despidos masivos y de la paralización de varias actividades económicas por efecto de la cuarentena. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), a julio del mismo año, casi 700 mil personas estuvieron desempleadas e inactivas, para dar cuenta del gran impacto provocado por la crisis sanitaria en el empleo. Entre los desocupados, los jóvenes de 15 a 24 años llevaron la peor parte, con una tasa del 25%, al igual que la población con mayor nivel educativo (15%) y las mujeres (14,8%), evidenciando que el desempleo afecta de manera diferente a la población.

Si bien las tasas de desempleo promedio y por tipos de población fueron descendiendo en el 2021, este comportamiento refleja una parcial recuperación de los empleos perdidos entre los trabajadores asalariados, muchos bajo condiciones de mayor flexibilidad de las condiciones de trabajo impuesta por los empleadores para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, y no la creación de nuevos empleos. 

En tal sentido, el CEDLA observa que la disminución del desempleo parece explicarse más por la mayor autogeneración de fuentes de trabajo en el sector informal, dada la lenta recuperación de las actividades económicas de los sectores estatal y empresarial. 

En otras palabras, el descenso de la desocupación se viene dando a costa de más empleo informal y precario y por la reposición de empleo asalariado bajo condiciones de trabajo más adversas. Antes de la pandemia, Bolivia ya mostraba una crisis del empleo debido a la creciente precarización de las condiciones de trabajo, alta informalidad y subempleo, crisis que tocó fondo con la crisis sanitaria. En 2019, 8 de cada 10 ocupados en el área urbana tenían empleos precarios y 6 de ellos, empleos precarios extremos, es decir, temporales o eventuales, con ingresos que no alcanzaban para cubrir una canasta alimentaria (estimada en 3.100 bolivianos) y sin aportes a la seguridad social de largo plazo. 

Asimismo, alrededor de 8 de cada 10 ocupados trabajaban en el sector informal urbano, más como trabajadores por cuenta propia, de los cuales, el 97% contaba con empleos pobres. Si bien no se cuenta con datos oficiales acerca del estado de la calidad del empleo y de la informalidad durante la pandemia, no es difícil inferir que la situación crítica preexistente se habría ahondado considerablemente, tomando en cuenta los fuertes impactos de la crisis económica derivada de la pandemia, en las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.


EL EMPLEO NO SE REACTIVA

Un reciente boletín del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Bitácora Económica, núm. 4, 08/2021) refirió que el gobierno de Arce habría inyectado 2.742 millones de dólares entre noviembre de 2020 y junio de 2021 para “reconstruir” la economía nacional a través de seis medidas principales, destacando la inversión pública con el 61% de este monto (1.676 millones de dólares), sita el documento. 

Las otras medidas fueron el Bono contra el hambre (588 millones de dólares), los gastos para la atención de la pandemia (381 millones de dólares), el aumento de las rentas de jubilación (36 millones), los créditos SIBOLIVIA (30 millones de dólares) y el reintegro al impuesto al valor agregado (1,2 millones de dólares).


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