Vía: Brújula Digital |
El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani informó este martes que las exautoridades electorales demandan el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido de que se debe restituir en sus cargos a personas que fueron cesadas de sus cargos de manera ilegal en 2019.
“El GIEI hace recomendaciones puntuales al Estado boliviano fundamentalmente para la reparación integral de los daños, la restauración y devolución de ciertos derechos que han sido arrebatados, fundamentalmente contra autoridades del Órgano Electoral de 2019, la restitución en sus cargos, es lo que dice el GIEI porque han sido cesados de sus cargos las autoridades electorales de manera ilegal e inconstitucional”, declaró a RTP la exautoridad.
Mamani señaló que lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo es que se dé curso a la conformación de una comisión, que esté a su mando, para que haga un seguimiento del cumplimiento de todas las recomendaciones de su informe.
El exvocal electoral advirtió que si se incumple la implementación de las recomendaciones del GIEI en el país, las exautoridades plantearían su respectivo reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Los exvocales del TSE María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero fueron detenidos luego de ser acusados de cometer los delitos de presunta falsificación de documentos, o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros, por un presunto fraude electoral en los comicios de octubre de 2019. No obstante, a mediados de octubre de este año, la Fiscalía dictó el sobreseimiento de las exautoridades.
A raíz de los hechos violentos de 2019, el GIEI abrió una investigación en noviembre de 2020 y entregó su informe final en agosto de este año.
En el punto relativo a la “restitución”, el GIEI señala en su informe que se “deben adoptar medidas de restitución de derechos para aquellas personas que fueron destituidas de sus cargos de forma ilegítima o que, debido a hostigamiento e intimidación, se vieron obligadas a renunciar a sus cargos. Aquí se incluyen las personas que fueron arbitrariamente detenidas y procesadas y que, por esa razón, perdieron el derecho a permanecer en funciones. En ambos casos, y si las personas así lo desean, deben ser restituidas en sus cargos, o cuando esto no sea factible, en otros de naturaleza y remuneración similares”.
“En los casos en que estas personas no deseen ser reincorporadas a sus anteriores cargos u otros similares, así como en los casos en que los cargos de que fueron destituidas o a los cuales fueron obligadas a renunciar sean cargos con mandato por tiempo determinado, por no ser posible la reincorporación, se les debe dar una indemnización compensatoria correspondiente a los daños materiales e inmateriales que sufrieron como resultado de tal destitución o renuncia, conforme a los criterios referidos en el apartado sobre compensación”, se añade en el informe del GIEI.
