Por: Gonzalo Colque |
Todos podemos y debemos someter al escrutinio público los hechos de corrupción, en especial de la gente que lucra a costa de los bienes comunes, de quienes usan la violencia armada y abusan de su poder económico y político.
El caso Las Londras ha hecho noticia por el secuestro armado de un grupo de periodistas de Unitel, Red Uno, ATB, El Deber, y cuatro policías que los custodiaban portando pistolas de 9mm. Los encapuchados se declararon dueños de las tierras en disputa que están en la zona de expansión soyera a lo largo del río Pailas del municipio El Puente. Después de secuestrar a los periodistas por siete horas y obligarlos a firmar un “acta de compromiso”, los cabecillas se escondieron en San Julián bajo la protección del poder político local.
Hizo falta un hecho de violencia de esta magnitud para exponer a la luz pública las maniobras corruptas que perfeccionaron los empresarios, los campesinos colonos y, por supuesto, los funcionarios públicos para repartir y repartirse las tierras fiscales. ANAPO organizó el tour mediático de Las Londras engañando a los periodistas al asegurar que los empresarios, presentados como legítimos dueños de Las Londras, están siendo avasallados por campesinos colonos. Pero sucede que los empresarios no son dueños de esas tierras, sino ocupantes ilegales dedicados a falsear documentación mediante compra-ventas ficticias, parcelación por debajo de 500 hectáreas para aparentar ser pequeños ganaderos con derecho de posesión y procesos legales llenos de trampas y artimañas jurídicas. Utilizan todo lo que puede comprar el poder económico para torcer la ley a su favor.
Por su parte, los supuestos campesinos, es decir los encapuchados, en realidad suplantan la identidad de los campesinos pobres de la zona andina para beneficiarse con la dotación de tierras fiscales. También son ocupantes ilegales tramitando personerías jurídicas para la creación de nuevas comunidades. En Las Londras fundaron, al menos, tres comunidades: 24 de septiembre, Chuchial Bañadito y Los Tigres. Los miembros de estas comunidades no son los ponchos rojos de Achacachi o los campesinos e hijos de campesinos sin tierras viviendo en la ciudad de El Alto, sino colonos soyeros y sus allegados que ya tienen tierras, pero que pretenden adueñarse de, al menos, 50 hectáreas por persona, cuyo precio de mercado ronda los 200 mil a 300 mil dólares dentro de esta zona influenciada por la agricultura mecanizada. Pagan el acceso preferencial que tienen al INRA con su militancia política dentro del MAS y, desde luego, con “aportes económicos”.
Los funcionarios públicos a cargo de tierras, en este caso el INRA, han alargado el proceso de saneamiento de Las Londras por seis años, sabiendo que forma parte de la Reserva Forestal Guarayos; es decir, el INRA podía haber dado por concluido en poco tiempo y proceder al desalojo. Pero en lugar de ello, creó expectativas entre los avasalladores de tierras fiscales y dejó que ganen tiempo para ocupar, asentarse, cercar las tierras con alambrados y portones, falsear y engordar expedientes de antecedentes agrarios. En el caso que nos ocupa, existen indicios y pruebas de que las autoridades del INRA maniobraron a favor de los encapuchados. El Director Departamental de Santa Cruz del INRA, Adalberto Rojas, mintió ante los periodistas sobre su contacto directo con los secuestradores, así lo develaron las pericias telefónicas, pero el Director Nacional ni amagó con destituirlo del cargo. Es más, en medio de las investigaciones policiales, unos desconocidos perpetraron un robo en las oficinas del INRA Santa Cruz, sustrayendo documentos y computadoras. ¿Autorobo para borrar huellas?
La exposición al escrutinio del ojo público del caso Las Londras comienza a dar pequeños frutos. El INRA acaba de anunciar que más del 80% de las tierras en disputa serán declaradas “tierras fiscales no disponibles”. Es el primer paso para recuperar estas áreas de bosques como patrimonio de todos los bolivianos que debería cumplir funciones ambientales o de otro tipo. La policía acaba de ingresar a San Julián para ejecutar los mandamientos de apremio. Heber Sixto Canaza es el primer detenido.
La gran mayoría de los bolivianos no somos traficantes de tierras; en consecuencia, podemos y debemos someter al escrutinio público todos los hechos de corrupción, en especial de quienes lucran, juegan con la violencia armada y abusan de su poder económico y político.
