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Por: Zulema Alanes B. |
Caricatura : Abecor |
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, promueve el odio, vulnera la libertad y alienta la intolerancia contra la prensa, según dos expertos que cuestionaron la reacción de esa autoridad ante una caricatura que cuestiona su rol en ese alto cargo gubernamental.
El periodista Andrés Gómez y el jurista Ramiro Orías, dijeron a Cabildeo Digital que el ataque de Chávez contra Página Siete en respuesta a una caricatura publicada este lunes en la sección de Opinión de ese medio, fue sobredimensionado y no está a la altura de un servidor público de su rango.
La caricatura hace sátira de la imagen de Chávez y lo muestra como un prestidigitador que intenta sostener con trucos el relato del supuesto “Golpe de Estado”.
A través de la página oficial de la Procuraduría General del Estado, Chávez publicó una imagen en la que representa a ese medio con un rollo de papel higiénico que se atribuye como “mi respuesta”.
ES UN RASGO TOTALITARIO
El periodista Andrés Gómez, advirtió que la reacción de Wilfredo Chávez tiene la intención de que “grupos controlados, dirigidos y amparados bajo el ala oficialista es puedan cometer ataques contra algunos medios de comunicación”.
El jurista Ramiro Orías aseguró que la reacción del Procurador es una “desproporción” y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado con claridad que “en democracia, quienes ejercen funciones públicas están más expuestas al escrutinio de la ciudadanía y deben demostrar tolerancia a la crítica”.
Gómez dijo que la actitud del Procurador es típica de autoridades totalitarias que pueden ser reconocidas “por algunos rasgos como su rechazo a las reglas de la democracia, el incumplimiento de la Constitución, considerar a los adversarios políticos como enemigos existenciales, no respetar derechos civiles y políticos y, esencialmente, la vulneración de la libertad de expresión y la falta de respeto a los medios de comunicación y a los periodistas”.
Insistió que el Procurador se excedió en su ataque directo a Página Siete, y puntualizó que las autoridades de gobierno “no suelen actuar de manera frontal, utilizan mecanismos indirectos como el uso de recursos públicos para premiar o castigar a los medios con propagando oficialista, ataques organizados desde grupos civiles o retirando las licencias a través de la ATT”.
INTOLERANCIA E INSTIGACIÓN AL ODIO
En opinión de Gómez, el Procurador incurrió en “instigación al odio, y la instigación al odio está prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos” y recordó que normativa internacional establece que “las autoridades están sometidas a mayor escrutinio público justamente a través de los medios de comunicación”.
Orías puntualizó que cualquier autoridad pública “tiene el deber de erradicar los discursos de odio, la estigmatización y la persecución” y añadió que “el Procurador no está en las mismas condiciones que un medio de prensa, es servidor público y tiene deberes con la ciudadanía que están establecidas en la Constitución y, por tanto, debe actuar con sobriedad e imparcialidad”.
Subrayó que una autoridad de máximo nivel en la esfera del Ejecutivo frente a un medio de prensa “tiene poder y en ese sentido ha sido prudente ni ha guardado el decoro que corresponde a su jerarquía institucional”.
Insistió que las autoridades de gobierno tienen el deber de garantizar la libertad de expresión y recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH dedica un capítulo a la situación de la libertad de prensa en Bolivia y “en su recomendación 25 demanda al Estado Plurinacional reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística y la libertad de prensa”.
LA MEJOR RESPUESTA ES LA PLURALIDAD DE VOCES
En criterio de Andrés Gómez, el Procurador también incurrió en uso indebido de bienes porque utilizó la cuenta de esas oficinas para difundir el ataque a Página Siete y opinó que desde los medios y los periodistas “hay que continuar con el esfuerzo iniciado en 2019 que ha roto la cooptación de medios por parte del MAS y ahora hay una multiplicidad de voces y periodistas que generan deliberación, pluralidad, investigan y denuncian hechos para neutralizar la línea única del partido de gobierno”.
Se mostró también confiado en la reacción de la ciudadanía que contribuye a la labor de los medios de comunicación “como ocurrió recientemente en el conflicto de Adepcoca, “los ciudadanos filmaban a los infiltraos de la policía y los ponían en evidencia y esas imágenes eran reproducidas en los medios, había una alianza muy interesante para transparentar y denunciar hechos irregulares, los medios con ayuda de los ciudadanos denunciaron mentiras que el gobierno pretendía convertir en verdades”.
Ramiro Orías recordó que en Bolivia rige la Ley de Imprenta y que “si el Procurador se sintió ofendido debería enviar su protesta al Tribunal de Imprenta para que se pronuncie según los códigos de auto regulación y ética periodística y no ponerse en un plan de igualdad y reciprocidad ante un medio de comunicación que está amparado por la libertad de prensa y la libertad de expresión”.
Insistió que “claramente hay una mala intención, lo reprochable es que usando su cargo y la voz publica que le da su posición de autoridad, pretende interferir y estigmatizar el trabajo de los periodistas. Esta conducta no es deseable de una autoridad que debe promover más bien el pluralismo en una sociedad democrática”.
Gómez insistió que la mejor manera de responder a personeros como Chávez es “haciendo muy bien nuestro trabajo, no caer en las provocaciones, demostrar nuestro talante democrático, yo creo que hay que afirmar la credibilidad social y la empatía con la gente”.
Desahucio cualquier acción legal contra el Procurador porque “en este momento no es muy aconsejable, aunque deberíamos hacerlo, pero gran parte de los jueces están controlados por el gobierno y no actúan en libertad, porque si quedan algunos deben tener miedo, no hay donde acudir, ni al defensor, ni a la justicia, solo nos queda actuar democráticamente en función de los intereses de la sociedad”.
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