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Por: Amalia Pando |
Las amenazas de muerte son “libertad de expresión“ según el viceministro de Gobierno, Nelson Cox.
Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recibieron amenazas terroristas.
Amparo Carvajal fue advertida con la quema de su vivienda y de las oficinas de la Asamblea y Camacho con un linchamiento, para que no quede duda alguna colgaron muñecos de un puente sobre la principal avenida de El Alto.
Aunque en ambos casos los autores están plenamente identificados no fueron llamados a declarar y menos aprehendidos y esto se explica porque tanto los Wila Lluch’us, dirigidos por Grover G. Choquehuanca como los “autoconvocados” de Freddy Rojas, son grupos irregulares o paramilitares que funcionan al amparo del gobierno del MAS.
En las redes sociales se publicaron fotografías de la campaña electoral del 2020 en la que aparece el lluch’u rojo, Grover Choquehuanca junto a Lucho Arce y David Choquehuanca. Su vínculo con el actual gobierno es inocultable.
En el caso de Freddy Rojas, este personaje que opera en la ciudad de El Alto, reconoció públicamente haber colgado la gigantografía que dice “Facho encontrado, Camacho colgado” y los muñecos colgados, representando a Camacho muerto.
Rojas es cabeza de los “autoconvocados”, nombre similar a la organización creada en K’ara K’ara, Cochabamba, que en octubre de 2019, en desvergonzada coordinación con el entonces Defensor del Pueblo, Nelson Cox, atacó los bloqueos de las “Pititas”, se declaró enemigo de la Resistencia Cochala y bloqueo durante semanas el botadero municipal para inundar la ciudad con toneladas de basura. Posteriormente, en noviembre de 2019, tras la huida de Evo Morales, atacaron y secuestraron a policías que intentaban desbloquear el acceso a K’ara K’ara.
Detrás de todas esas acciones terroristas estuvo Nelson Cox, hoy viceministro de gobierno, el que dice que las amenazas de muerte son parte del ejercicio de la “libertad de expresión”.
Recientemente en las redes sociales apareció la captura de una conversación por WhatsApp entre Cox y los “autoconvocados” de K’ara K’ara. Resulta que el organizador y financista de los bloqueos contra el alcalde Manfred Reyes Villa, es Cox, viceministro y perdedor en las elecciones municipales de Cochabamba.
Si usted observa la amenazante gigantografía contra Camacho notará que no es un graffiti improvisado de una organización clandestina. Mas bien es un trabajo encargado y muy bien diseñado, como salido del ministerio de Gobierno.
En cuanto a los muñecos, llama la atención la ropa nueva que les pusieron, las poleras sin estrenar con la esvástica nazi impresa en el pecho. Muy diferentes al atuendo viejo y usado que los vecinos de los barrios populares usan cuando cuelgan muñecos de advertencia a los ladrones.
El mismo 6 de octubre, el día que colgaron los muñecos en El Alto, una de las puertas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos amaneció con otro graffiti contra Amparo Carvajal.
Ambos tienen la misma consigna del gobierno del MAS, acusar a la oposición de “fachos”. Ellos son los revolucionarios que enfrentan a los “fachos de mierda”. Es la consigna de la polarización y la violencia. Inclusive Arce apareció en las redes sociales cantando la Caraqueña de Nilo Soruco, agregando el “fachos de mierda” en vez de “no llores prenda” a uno de los párrafos: “Ya la pagarán, fachos de mierda, pronto volveré.”
De este modo la consigna del gobierno dictatorial es etiquetar a la oposición democrática de fascistas mientras los dictadores y sus terroristas posan de revolucionarios demócratas.
¿POR QUÉ CAMACHO NO LLEGARÁ A LA PAZ?
La amenaza de muerte contra Camacho apareció un día antes de su obligada comparecencia ante la Fiscalía de La Paz para declarar sobre el ficticio golpe de Estado de 2019. Su detención “preventiva” parecía inevitable.
Pero, con el pretexto de los amenazantes muñecos, la declaración se postergó sin fecha.
Aparentemente, el gobierno no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de un ciudadano citado por la Fiscalía y tampoco es capaz de identificar y aprender a quienes lo amenazaron de muerte.
Versión mentirosa por donde se la vea.
Lo que pasó es que después de 69 detenidos y 67 heridos, igualito no más el gobierno sufrió una derrota en ADEPCOCA, conflicto donde además de policías y gases al por mayor, el gobierno desplegó a paramilitares encargados de reventar dinamitas.
Tras esa experiencia, Arce dio la orden de retroceder en varios campos de batalla, salvo el Caso Jeanine que es la presa mayor.
El paso pa’ atrás tiene que ver con la proximidad de las marchas del 10 de octubre que podían convertirse en una explosión social azuzada por la Ley de ganancias ilícitas, por lo que su tratamiento quedó en suspenso.
Al mismo tiempo, Cochabamba ya se había puesto en pie de guerra en defensa de su alcalde Manfred Reyes Villa que podía ser detenido este jueves. imagínense lo que pudo ocurrir en Santa Cruz si aprehendían al gobernador Camacho. Ambos despropósitos también han sido postergados.
Es un retroceso táctico del gobierno para volver a arremeter a fin de año.
AMPARO CARVAJAL PIDE PROTECCIÓN DE LA CIDH
Amparo Carvajal y el abogado Jorge Valda se han dirigido mediante un memorial fechado el 6 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para denunciar al gobierno de Luis Arce que violó los Derechos Humanos por no haber actuado para proteger el domicilio, el trabajo y la vida de Amparo Carvajal, pues dejó en la impunidad a Grover Choquehuenca y la organización irregular vinculada al gobierno que la amenazó con quemar su domicilio y el propio edificio de la Asamblea.
Como se recordará, en noviembre de 2019 grupos masistas demostraron que son capaces de cumplir sus amenazas y quemaron las casas de varios opositores a Evo Morales, además de una decena estaciones policiales y cerca de 70 buses Pumakataris. Por lo que cualquier amenaza en este sentido es un atentado terrorista.
En cumplimiento del Pacto de San José se pide a la CIDH dictamine medidas cautelares que instruyan al gobierno de Arce le otorgue a Amparo Carvajal la protección y las garantías para salvaguardar su vida, domicilio y para que pueda continuar su trabajo como defensora de los Derechos Humanos.
En noviembre de 2019, la CIDH en tiempo récord le otorgó dicha protección a Nelson Cox, organizador de estos grupos irregulares, porque supuestamente estaba amenazado por la Resistencia Cochala, cuyos dirigentes ahora están perseguidos y cuatro de ellos presos.
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