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Vía: Brújula Digital |
El presidente Luis Arce Catacora arrancó su gestión con el discurso de que Evo Morales fue víctima de un "golpe de Estado" en noviembre de 2019, 11 meses después de asumir el mando él denuncia que sufre una conspiración.
Las acciones del Mandatario, al menos las más visibles, se enfocaron en probar en que el líder de su partido fue depuesto y trabajó para demostrar esa denuncia.
Con su llegada a Casa Grande del Pueblo, la Fiscalía comenzó a liberar de culpa a los procesados por el fraude electoral y contrató a un auditor español para auditar el estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala las graves irregularidades durante el cómputo de votos en las elecciones generales de 2019.
Después interpeló al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Consejo Permanente por supuesta injerencia en asuntos internos después de que éste ratificó los resultados del estudio de integridad electoral que fue realizado a pedido de Evo Morales en 2019.
No le fue bien porque no logró el apoyo que esperaba de los representantes de los países miembros y se estrelló contra los periodistas porque supuestamente tergiversaron los resultados de la interpelación.
El vocero gubernamental Jorge Richter, el ministro de Justicia Iván Lima y el Procurador Wilfredo Chávez se encargaron de poner paños fríos a la derrota sufrida.
El Mandatario llevó su denuncia también ante la Asamblea de las Naciones Unidas, pero tampoco le fue bien porque no cosechó ningún respaldo. La Unión Europea respondió que no fue parte de una "ruptura" del sistema democrático.
Arce sumó otra derrota ante la comunidad internacional. Entonces abrió otro frente para dar pelea en el plano nacional a través de las instancias que tiene bajo su control: La Contraloría y la Procuraduría General del Estado.
La primera institución dijo que la OEA no había cumplido con los estándares de lo que se llama "auditoría" en Bolivia y la Procuraduría realizó una "revisión acta por acta" de los resultados de las elecciones de 2019 pese a que no está en sus competencias y sin respetar el principio de preclusión.
Después de una semana de trabajo llegó a la misma conclusión con la que había partido: En Bolivia no hubo fraude electoral.
La Fiscalía que ya había comenzado a liberar de culpa a los imputados por el fraude electoral terminó el archivar el caso y el Tribunal Constitucional mediante una sentencia determinó que la sucesión "ipso facto" sólo se aplica para la presidencia del Estado y no así para las presidencias de las cámaras del Legislativo.
Ese fallo en la analogía del MAS demuestra que en Bolivia hubo un "golpe de Estado" y que el mandato de Jeanine Añez no tuvo validez jurídica.
No obstante, Añez fue reconocida como Presidenta Constitucional por el mismo Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa, los órganos del Estado, la Policía, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional.
El ministro Eduardo Del Castillo intentó ayer dar un giro a la agenda y dijo que Arce Catacora fue víctima de un intento de magnicidio hace un año por parte de paramilitares que se habrían contactado con el exministro Luis Fernando López.
Según dijo el titular de Gobierno, el peligro contra la vida del Mandatario no habría pasado en relación a las movilizaciones sociales que está en curso.
El Pacto de Unidad, el conglomerado de organizaciones sociales del MAS, se declaró anoche en emergencia ante un supuesto complot contra el Mandatario y le dio su respaldo como lo hicieron los sectores sociales y funcionarios públicos el 12 de octubre en el llamado "wiphalazo".
Arce demandó respeto al 55% de respaldo que le dio las urnas hace 11 meses y parafraseando al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz dijo que no teme por su vida.
Gremiales, transportistas y otros sectores sociales otrora afines al Gobierno dieron un plazo hasta el jueves para que el Mandatario archive otra ley contra las ganancias ilícitas porque pone al sector informal en los sectores de riesgo para las ganancias ilícitas.
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