Vía: Publico.bo |
Nuevo conflicto a la vista, esta vez en el ámbito judicial. Los jueces de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Oruro se declararon en estado de emergencia exigiendo la restitución de los derechos de la jueza Melina Lima, aprehendida el martes en la sede de gobierno, y calificaron de “arbitraria e intimidatoria” la actuación del Ministerio Público en contra de la independencia de los juzgadores, informaron en sus ediciones digitales El Deber y Página Siete.
Los pronunciamientos oficiales en contra de la aprehensión fiscal de la jueza Lima fueron emitidos en simultáneo por las Asociaciones de Magistrados de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Oruro.
Lima, quien cerró el caso que implicaba a dos hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en el caso denominado Akapana, fue aprehendida el martes y luego conducida a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, acusada por los delitos de supuesto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El pronunciamiento de la Asociación de Magistrados de La Paz señala textualmente: “En condición de autoridades judiciales es evidente que no gozamos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”.
La Asociación de Magistrados de Santa Cruz afirma: “… exigimos el respeto de sus derechos y garantías constitucionales y pedimos a las autoridades pertinentes resolver su situación jurídica y garantizar la seguridad jurídica, debido proceso conforme lo establecen las garantías judiciales plasmadas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ratificada por nuestra Carta Magna”.
“La Asociación de Magistrados de Cochabamba rechaza categóricamente el sistemático abuso y desgaste contra la administración de justicia, frente a jueces independientes contra quienes se instrumentaliza el derecho para afectar un Estado democrático y exigimos que se repare de inmediato la lesión de los derechos de la citada autoridad (refiriéndose a Lima)”, sostiene el pronunciamiento cochabambino.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Grenny Bolling, manifestó el rechazo de su institución a la “intromisión y atropello” del Ministerio Público a la independencia judicial, con la aprehensión de la jueza Lima. “Rechazamos toda intromisión al trabajo independiente de un juez, manifestamos nuestra voz de reclamo y nuestra exigencia del respeto a la independencia del juez y vamos a ser celosos en el tratamiento del proceso contra la colega”, aseguró.
El pronunciamiento de la Asociación de Magistrados de Beni, en el segundo de tres puntos, afirma de manera textual: “Exigir al Ministerio Público el respeto al debido proceso, el cumplimiento a la Constitución Política del Estado como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y el respeto a la independencia judicial y/o decisiones abordadas por las autoridades judiciales hasta el agotamiento de las vías pertinentes”.
Finalmente, la Asociación de Magistrados de Oruro advierte en su pronunciamiento oficial que “asumir acciones penales, disciplinarias y de cualquier otra índole, que tengan condición de represalias por decisiones asumidas en el ejercicio de la Jurisdicción, afecta abiertamente a la independencia judicial y es inconcebible en un Estado Constitucional de Derecho”.
