Por: Zulema Alanes B. |
Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue amenazada por los 'Willa lluch'us', afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), con quemar su casa y sus oficinas. Simultáneamente, se activaron varios procesos judiciales en contra de Lizeth Beramendi y Franco Albarracín, dos activistas de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos.
El CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) ha formulado un llamado a defender a los defensores por “los graves signos de inseguridad y peligro para quienes hacen causa por los derechos humanos”.
“Bolivia figura entre los países donde las agresiones, amenazas, identificación de defensores y defensoras de los derechos humanos como enemigos o blancos de ataques y campañas de desprestigio y acciones legales orientadas a intimidarlos, se utilizan para impedir o dificultar su labor”, aseguró Manuel Morales, representante de CONADE.
En declaraciones a Cabildeo Digital, afirmó que “hay una sensación de indefensión total, por la inacción del gobierno, que no investiga las amenazas y, al contrario, da luz verde a quienes actúan en contra de las y los defensores, por eso corresponde asumir la tarea de defender a los defensores”.
Apuntó al Ministro de Gobierno como responsable “porque no instruye la investigación de las amenazas y alienta la judicialización como medio de persecución y amedrentamiento contra las y los defensores”.
LAS AMENAZAS CONTRA AMPARO
“Los compañeros de 'Willa lluch'us' nos estamos preparando para quemar la casa de Amparo Carvajal, porque ella está defendiendo a neoliberales, ella nunca ha defendido al pueblo alteño, al pueblo boliviano, por esa razón nos estamos pronunciando para ir a quemar su casa y nos estamos organizando a nivel nacional y departamental” amenazaron a Amparo Carvajal.
Los integrantes de los 'Willa lluch'us' (gorros rojos) que cubrieron sus rostros con barbijos, han sido identificados como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), y Amparo Carvajal no ocultó que frente a las amenazas es natural sentir miedo. “Me dicen si tengo miedo, bueno el miedo es un derecho”, declaró.
Apuntó a los 'Willa lluch'us' como parte del plan orientado a generar paralelismo en la APDHB y sentenció que “Yo responsabilizo a esta gente”. Recordó que el pasado 25 de agosto mientras marchaban exigiendo el debido proceso en las acciones penales promovidas contra la expresidenta Jeanine Áñez, un grupo de personas con distintivos del MAS y lideradas por Aldo Michel intentó tomar las instalaciones de la APDHB. En febrero de 2021, Michel fue denunciado por encabezar un grupo de choque que amenazó con tomar las instalaciones del Colegio Médico de La Paz.
PERSECUCIÓN JUDICIAL PARA ESCARMENTAR
Ese mismo Comité que intentó la toma de la APDHB, anunció la ampliación de la investigación en el denominado caso “golpe de estado” contra, Franco Albarracín, vicepresidente de la APDHB, supuestamente por “haber armado grupos irregulares en la zona sur de La Paz”.
Y en Cochabamba anunciaron un nuevo proceso penal contra la activista Lizeth Beramendi, esta vez por allanamiento y uso indebido de bienes del Estado, sumando un total de cuatro demandas en su contra.
Albarracín dijo a Cabildeo Digital que esas son señales inequívocas de que “nos quieren amedrentar” y recordó que “desde que el 2018 recibí un disparo de gas, en lugar de investigar el caso, fui víctima de campañas de desprestigio, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, me incluyó en un organigrama de grupos vinculados supuestamente a un cartel. Han incendiado mi casa, y ahora me vinculan a grupos paramilitares, es un disparate sin sentido, sin fundamento y sin pruebas”.
Beramendi, detalló que ya tiene cuatro procesos penales en su contra. Uno iniciado el 2019 por la exgobernadora de Cochabamba porque reclamamos su conducta inoperante frente al Covid, el segundo por protestar en puertas de la Defensoría del Pueblo, exigiendo a Nelson Cox que deje de usar a esa institución para representar al MAS, y los dos procesos recientes, supuestamente por allanamiento y uso indebido de bienes del Estado, por acompañar, en calidad de asesora, a una asambleísta departamental de Cochabamba en la inspección del Hospital de Villa Tunari.
La activista dijo a Cabildeo Digital que son acusaciones “desaforadas e ilegales, se intenta criminalizar la fiscalización”, pero además denunció que la amenazaron de muerte “dos sindicatos me han declarado persona no grata y han advertido que no se responsabilizan por las consecuencias si vuelvo a pisar el Chapare”.
UNA ESTRATEGIA DE AMEDRENTAMIENTO
Lizeth Beramendi, apuntó al Movimiento Al Socialismo (MAS) y dijo que “usan a la justicia para amedrentarnos, detenernos y perseguirnos”.
Anunció que no cederá ante las presiones y que acudirá a todas las instancias para “denunciar que estamos viviendo un estado de vulneración de los derechos humanos, se ha perdido la independencia de poderes y el gobierno utiliza a la justicia para callar, amedrentar y encerrar no solamente a defensores de derechos humanos sino a todas aquellas personas de la oposición que denuncian arbitrariedades”.
En criterio de Franco Albarracín, hay un incremento sin precedentes de violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que incluyen la criminalización, campañas de desprestigio, hostigamiento y acoso laboral” y convocó a la resistencia organizada de la sociedad civil para evitar que en Bolivia “se reproduzcan situaciones similares a las de Honduras, Guatemala y Colombia”.
Admitió que “se siente miedo, no solo por mí sino por mi familia. Preocuparme por mi seguridad, tener que anticipar acciones legales y responder a las amenazas constituyen un obstáculo a la de defensa de los derechos humanos”.
Dijo que “el acoso debilita la defensa de los derechos humanos, provoca efecto inhibidor en otros defensores de derechos humanos, efecto de temor y miedo” y aseguró que “es una estrategia que el gobierno está aplicando de manera muy efectiva”.
José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó de "disparate" el anuncio de la demanda contra Albarracín y cuestionó que “Durante el gobierno de Jeanine Áñez, militantes del MAS se quejaban, con razón, que eran perseguidos con procesos judiciales sin pruebas, y ahora que ellos están en el poder hacen lo mismo”.
INDEFENSIÓN POR INACCIÓN ESTATAL
Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS “las constantes agresiones contra Amparo Carvajal y contra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia han puesto en evidencia a un Estado que no cumple con las obligaciones de protección que ha asumido en el marco de la protección de Derechos Humanos”.
Destacó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre el riesgo que corren los defensores de derechos por amenazas, represalias y restricciones sufridas como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los derechos” y recordó que “El Estado está obligado a tomar medidas efectivas para proteger la integridad de defensores que se encuentren en riesgo”.
Aseguró que las amenazas de los denominados 'Willa lluch'us' “se adecúan al tipo penal de amenaza e incluso podría calificarse como un acto de instigación pública a delinquir, puesto que fomenta e impulsa la destrucción de los bienes de Carvajal y el daño a su persona, la falta de reacción del Estado ante esta situación muestra la situación de indefensión en el que se encuentran las personas defensoras de derechos”.
Y para Manuel Morales, representante del CONADE, la situación se torna muy preocupante porque “Los mismos 'Willa lluch'us' han admitido que el 2019 han participado en Senkata, es un grupo parapolicial y a confesión de parte corresponde una investigación independiente del GEIE. Se dice que hubo masacre, es correcto, pero un grupo que diga por boca propia que ha operado en Senkata debe ser investigado, y si no lo hace el Ministro de Gobierno, coloca al país en situación de completa indefensión”.