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Evo Morales aceptó un juicio con documentos falsos de la empresa.
Evo Morales pagó $us 42 millones cuando la empresa solo pedía $us 3 millones.
La empresa chilena dispuso de las oficinas y la complicidad de Héctor Arce.
Por: Carlos Mesa G. |
DERRAME DE ILEGALIDAD
• El 8 de abril de 1998 en el segundo gobierno de Hugo Banzer se aprobó la Ley 1854, llamada popularmente “Ley Valda” (por el nombre de su promotor, el senador mirista Gonzalo Valda). La ley redujo los límites de reserva exclusiva del Estado para la explotación de las riquezas del salar y abrió gigantescos espacios para entregarlos a empresas privadas.
• En 2001 se le otorgaron ILEGALMENTE varias concesiones a la empresa NON METALLIC MINERALS S.A., compañía boliviana subsidiaría de la chilena Quiborax. ¿por qué ilegales?:
1. Se desconocieron derechos de concesiones anteriores.
2. La empresa no contaba con licencia ambiental
3. La concesión no contó con la participación (obligatoria según la Ley 719) de CIRESU (Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni).
• El pueblo potosino, a través de sus organizaciones cívicas y populares protestó airadamente por la aprobación de la citada ley y las concesiones, especialmente las de NMM.
NACIONALIZACIÓN DEL SALAR DE UYUNI
• El 9 de diciembre de 2003 el gobierno de Carlos Mesa promulgó la Ley 2564 que abrogó la “Ley Valda” y recuperó para el Estado boliviano la totalidad de la costra salina del salar. La ley estableció que debían revisarse las concesiones hechas en el periodo 1998-2003. Dicha decisión fue reglamentada por el DS 27326 de 17 de enero de 2004.
• Como parte de esa tarea la prefecta potosina del gobierno de Mesa, Gisela Derpic, hizo una visita al lugar de operaciones de NMM en el salar para una inspección integral y la entrega de una carta a los ejecutivos de NMM, exigiéndoles el cumplimiento de las normas vigentes. La visita y las auditorías posteriores comprobaron que la empresa era responsable de:
1. Entorpecer sistemáticamente las auditoría ordenadas por la Ley y por DS.
2. Invertir un monto insuficiente (menos de un millón de dólares) para las obras y contratos laborales mínimos de la operación de extracción de ulexita.
3. No contar con licencia ambiental y, por si fuera poco, procesar rudimentariamente la ulexita quemando ingentes cantidades de yareta con grave daño ambiental.
4. Declarar menos volumen del exportado a Chile y, en consecuencia pagar menos impuestos, vulnerando el Código Tributario.
5. No cumplir los requisitos de seguridad industrial y laboral de sus trabajadores.
QUIBORAX ¡ FUERA DEL SALAR!
• El 23 de junio de 2004, por las razones anotadas que generaban un importante daño al Estado, el gobierno de Carlos Mesa promulgó el DS 27589 de revocatoria y pérdida de las concesiones de NMM.
• Para subsanar el uso del término “revocatoria” y adecuarse a la Ley Minera que tipifica la acción como de “nulidad” o “anulación”, el 28 de octubre de 2004 la Superintendencia de Minas anuló las once concesiones que tenía NMM, ratificando además el vicio de origen de esas concesiones, de acuerdo al art. 105 del Código de Minería.
QUIBORAX DEMANDA A BOLIVIA CON DOCUMENTOS FALSOS
• En enero de 2005 David Moscoso, principal ejecutivo de NMM -en complicidad con Allan Fosk máximo ejecutivo de la chilena Quiborax- falsificó el Acta de composición accionaria de la empresa. Sustituyó el acta de 11 de septiembre de 2001 que demostraba que todos los socios de NMM eran bolivianos, por otra fechada el 13 de septiembre de 2001 que mostraba una composición accionaria mayoritariamente chilena. Dicha falsificación permitía a NMM-Quiborax iniciar un juicio internacional contra Bolivia, cosa imposible para una empresa de capital exclusivamente boliviano.
• Gracias a ese delito de falsificación, el 4 de octubre de 2005 NMM-Quiborax presentó una solicitud de arbitraje internacional ante el Consejo Internacional de Arbitraje relativo a Inversiones (CIADI).
EL DECRETO DE EDUARDO RODRÍGUEZ
• El 16 de diciembre de 2005 el gobierno de Eduardo Rodríguez abrogó el DS 27589 por “deficiencias jurídicas”, pero mantuvo vigente su base, es decir la anulación de las concesiones y expulsión de NMM dejando claro que: “las Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las concesiones mineras de NMM y causan estado”.
MOSCOSO DE QUIBORAX SE DECLARA CULPABLE DE FALSIFICACIÓN
• Ya en el gobierno de Morales, en 2007, se inició la etapa preparatoria del proceso internacional.
• Antes de que se iniciara la etapa jurisdiccional del litigio ante el CIADI , se realizó un proceso abreviado contra David Moscoso por falsificación de documentos y falsedad ideológica. El autor del delito se declaró culpable y fue sentenciado a dos años de cárcel. Se mantuvo abierto el proceso penal contra Allan Fosk y otros por la misma causa.
EVO MORALES Y HÉCTOR ARCE DEJAN CORRER LA DEMANDA
• Increíblemente, Bolivia no presentó una demanda de anulación del proceso internacional en su contra ante el CIADI. Para que su reclamo fuera considerado era imprescindible apelar a un protocolo específico en las normas de ese organismo y Bolivia no usó tal mecanismo. Aceptó en consecuencia seguir un proceso viciado de nulidad por el delito de falsificación reconocido por su principal autor.
NO HAY LIO CON LA LEY NI CON EL DECRETO DE MESA
• En ese mismo documento del CIADI consta que Bolivia (durante el gobierno de Evo Morales) argumentó que tanto la Ley 2564 como el DS 27589 eran legales: “La Demandada (Bolivia) niega que el Decreto de Revocatoria haya constituido una expropiación ilícita de las inversiones de las Demandantes.
• Sin el menor rubor, los mismos que reconocieron la legalidad de las normas promulgadas por Mesa, le abrirían años después un Juicio de Responsabilidades por su “ilegalidad”.
RECHAZAN ACUERDO POR $us 3 MILLONES.
• En 2008 Quiborax hizo una oferta. Pidió una compensación de tres millones de dólares comprometiéndose a desistir del proceso internacional. Bolivia rechazó esa propuesta y fue a juicio. Tal negociación consta en el documento oficial del CIADI.
CON PAPELES FALSOS QUIBORAX GANA $us 48 MILLONES
• El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral firmó el Laudo Arbitral que obligaba a Bolivia a pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares.
• Se trata de un monto ¡Dieciséis veces mayor que el acuerdo rechazado por las autoridades bolivianas en 2008!
LOS ARREGLOS DE HÉCTOR ARCE CON LOS CHILENOS EN OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
• Entre el 16 de septiembre de 2015 y el 7 de junio de 2018 (fecha en que Bolivia pagó 42,6 millones a Quiborax) se iniciaron negociaciones entre las partes que mostraron la vergonzosa complicidad entre los funcionarios de la Procuraduría y los abogados de Quiborax.
• El 4 de agosto de 2016 en oficinas de la Procuraduría se llevó a cabo una reunión entre la subprocuradora Carmiña Llorenti y otros funcionarios de la Procuraduría con Rodrigo Gil, Constanza Onetto y Daniel Ocqueteau, abogados y funcionarios de la empresa Quiborax. Uno de los documentos filtrados en esa fecha desde el correo de Llorenti a la oficina de abogados de Quiborax en Santiago, es el borrador de Acuerdo entre Bolivia y Quiborax que indica que ambas partes habían acordado un pago a Quiborax de 27, 2 millones de dólares. ¿Por qué no se concretó? ¡Porque el falsificador Moscoso y socio de la empresa se oponía! ¿Bolivia negociaba con una empresa o con una sola persona?
• El 28 de noviembre de 2016 Rodrigo Gil envió un correo a Yovanka Oliden, funcionaria de la Procuraduría boliviana, en la que le decía: “Acusamos recibo del borrador de Acuerdo enviado por Uds. Este fin de semana… los temas a discutir son los siguientes: Regularización de los libros de NMM. firma del Acuerdo. Proceso civil de Moscoso. Situación con el socio de NMM, David Moscoso”.
• El 8 de diciembre de 2016 Carmiña Llorenti envió un correo a siete personas, entre ellas estaba el Procurador Héctor Arce, en una de cuyas partes dice: “Como les estuve informando… sobre las negociaciones es importante señalar que… primero se establecieron los montos a pagar conforme a las reuniones que se realizaron… y finalmente surgió el cierre del proceso penal como condicionante para la firma del anhelado acuerdo transaccional… para trabajar conjuntamente los proyectos de los retiros de Acusación de Querellante y Ministerio Público, así como la Resolución Judicial que pondría fin al proceso penal, al concluir la reunión, cuando terminaron de redactar se enviaron de mi correo personal que estaba abierto a sus correos cuatro documentos…”.
• El 3 de enero de 2017 el entonces subprocurador Pablo Menacho, le envió al Procurador Héctor Arce el Informe Técnico sobre las escandalosas acciones de la subprocuradoría que indica: “Reenvío de correo electrónico… recibido desde la dirección personal de un Juez Nacional, conteniendo información de carácter reservado y confidencial”. “Borradores de documentos relativos a un proceso penal… contra David Moscoso y otros en el que se halla involucrado el dueño de Quiborax Allan Fosk y otros”. Lo que prueba que desde la Procuraduría se recibían textos de jueces del Órgano Judicial y se redactaban desistimientos y sentencias de ese Órgano en connivencia con abogados extranjeros, vulnerando la independencia de poderes y la soberanía del Estado. En ese mismo documento, Menacho dice: “… las Demandantes [Quiborax] hacen presente que tienen abundante prueba que acredita fehacientemente el total control que tiene la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia del proceso penal seguido en contra de Allan Fosk y otros … podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia en el caso CIADI”.
MORALES PAGA CONTANTES Y SONANTES $us 42,6 MILLONES
• El 6 de junio de 2018 Morales promulgó el DS 3582 de un contenido vergonzosamente entreguista, en el que autoriza al ministro de Minería a firmar el contrato de cumplimiento del Laudo Arbitral y pagar 42,6 millones de dólares, liberando a la otra parte de cualquier obligación y renuncia (lease renuncia al proceso penal contra Fosk y sus socios por falsificación de documentos y falsedad ideológica).
¡ AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON…!
• Si hacemos un resumen sucinto del vergonzoso proceder de las autoridades del gobierno de Evo Morales en este caso, cabe esta relación de los hechos salientes más vergonzoso de la “defensa” de las autoridades masistas de los intereses bolivianos:
1. Llegar a un Acuerdo de Conciliación con NMM-Quiborax por tres millones de dólares y rechazarlo.
2. Pagar durante diez años más de cuatro millones de dólares a abogados internacionales, un millón más que el acuerdo rechazado.
3. No apelar a las cláusulas específicas del Protocolo del Acuerdo Bilateral con Chile de Protección de Inversiones, para cortar de raíz el litigio producto de la falsificación de un Acta de composición accionaria de NMM-Quiborax. Esa sola argumentación hubiese obligado al Tribunal a desestimar la demanda por la evidencia de que NMM no tenía una composición accionaria mayoritariamente chilena. Bolivia no lo hizo.
4. Llegar a un Acuerdo por 27 (veintisiete) millones de dólares, la mitad del monto fallado por el Tribunal Arbitral y no llevarlo a efecto porque el socio falsificador David Moscoso se opuso, como si Bolivia negociara socio por socio y no, como debía ser, con una persona jurídica: la empresa NMM-Quiborax.
5. Redactar desde oficinas de la Procuraduría, en complicidad con los abogados de Quiborax, desistimientos del juicio penal por falsificación que comprometían a Allan Fosk (dueño de Quiborax) y el fallo judicial de sobreseimiento, violando la independencia de poderes y haciéndolo con extranjeros acusados en el proceso, en un aspecto que fue central en la argumentación de Quiborax. Este es el más grave de todos los delitos en los que incurrió la Procuraduría en este caso.
6. Pagar 42,6 (cuarenta y dos, coma seis) millones de dólares a NMM-Quiborax, producto de un tercer acuerdo entre partes (el peor de los tres), es decir pagar esa astronómica suma a David Moscoso y Allan Fosk, falsificadores de un Acta que les permitió iniciar el litigio contra Bolivia en el CIADI
7. Aprobar un DS firmado por el Presidente Morales y sus ministros en el que se afirma que se dicta la norma en cumplimiento del Laudo, y en la práctica se paga el monto del tercer acuerdo, no lo establecido por el Laudo. De donde se concluye que el DS mencionado avala la peor de las tres negociaciones llevadas a cabo por Bolivia con Quiborax, no el Laudo del CIADI.
Las autoridades que “defendieron” los intereses de Bolivia contra Quiborax-NMM desde 2008 hasta 2018 fueron:
• Evo Morales Ayma, Presidente del Estado (2006-2019)
• Héctor Arce Zaconeta, Ministro de Defensa Legal del Estado (2008-2009).
• Cecilia Rocabado, Ministra de Defensa Legal del Estado (2009).
• Pablo Menacho Diederich, Ministro de Defensa Legal del Estado (2009-2010).
• Elizabeth Arismendi, Ministra de Defensa Legal del Estado (2010-2011).
• Hugo Montero Lara, Procurador General del Estado (2011-2014).
• Héctor Arce Zaconeta, Procurador General del Estado (2014-2017).
• Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado (2017-2018).
EL INCREÍBLE JUICIO CONTRA CARLOS MESA
• El 22 de mayo de 2018 Pablo Menacho inició un juicio en contra de Carlos Mesa y sus exministros Luis Fernández Fagalde y Gustavo Pedraza Mérida por “Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, daño económico al Estado y conducta antieconómica”.
• A pesar de los 6 memoriales presentados por Mesa y las acusaciones que este hizo contra los responsables arriba citados, el Fiscal General Ramiro Guerrero desechó las evidencias y acusaciones presentadas por Mesa y el 9 de julio de 2018 presentó Requerimiento Acusatorio para iniciar un Juicio de Responsabilidades en su contra por los delitos de “Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, daño económico al Estado y conducta antieconómica”.
• El 25 de julio de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia, sin modificar una coma del Requerimiento, lo envió para su aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
• El 3 de octubre de 2018 Evo Morales, haciendo uso de su prerrogativa constitucional (art. 172, numeral 14) de decretar indultos y amnistías, amnistió mediante decreto presidencial 3682 al expresidente Mesa en el caso Quiborax.
• El 11 de octubre de 2018 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó -como manda la Constitución- el Decreto 3682 de amnistía, mediante Resolución 19-2018.
• El 1º de septiembre de 2021 la Comisión Mixta de Justicia Plural de la ALP, borrando con el codo lo que la propia ALP había firmado con la mano, aprobó el informe que recomendó al plenario la aprobación del Juicio de Responsabilidades contra Carlos Mesa.
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