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Por: Zulema Alanes B. |
“Salamanca non presta”. Juan Manuel Corchado, desvirtuó la “prueba” con la que el fiscal general Juan Lanchipa cerró el caso fraude electoral y determinó el sobreseimiento de todos los acusados en ese proceso.
El profesor de la Universidad de Salamanca contratado por Lanchipa, admitió que la pericia que realizó a pedido de la Fiscalía no tenía el objetivo de determinar “si esto ha sido un proceso fraudulento o no fraudulento, eso no es nuestra misión, eso lo tiene que decir el fiscal, el juez o quien corresponda, o el pueblo boliviano en sí mismo”.
Durante una entrevista organizada por Bolivia Tv para validar los argumentos de la Fiscalía, Corchado dijo lo que no esperaban que dijera; que la pericia no tenía el objetivo de establecer si hubo fraude electoral el 2019 en Bolivia, como aseguró el Fiscal General.
“Voy a ser sincero, pensábamos que este informe que debíamos hacer para la Fiscalía era un informe privado, para su uso interno, pero, bueno, parece que se ha hecho público” señaló Corchado poniendo en duda las conclusiones de la Fiscalía.
También detalló que se trató de “un informe a posteriori, años después del suceso, centrado en los datos que la Fiscalía General de Bolivia nos ha transmitido” y admitió que el estudio no tiene los alcances del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “va mucho más allá, ellos hacen un informe de todo el proceso electoral; nosotros ahí no nos hemos metido porque no tenemos datos”.
“Lo que natura non da, Salamanca non presta”, el conocido proverbio latino que significa que una universidad no puede dar algo que no está dado por la naturaleza (en este caso por la realidad de lo ocurrido el 2019) se va cumpliendo en este caso. Lanchipa usó el nombre de esa universidad para validar su decisión de cerrar el caso fraude, pero el propio autor del informe negó los alcances que el Fiscal General le atribuyó.
EVO Y EL FISCAL, DOS MOMENTOS, UN MISMO ANUNCIO
El pasado 27 de julio, dos días después que Evo Morales anunciara otras “investigaciones que no hubo fraude”, el fiscal Juan Lanchipa presentó una pericia que, según dijo, concluye que "no hubo manipulación" de los comicios de 2019 y anunció el cierre del caso fraude electoral porque “no constituye delito".
El fiscal dijo que un estudio de "Seguridad Informática y Administración de Redes" concluyó que “no se advierten manipulación de los votos” aunque detectó "deficiencias e incidencias que no suponía riesgo para la integridad del proceso electoral".
Detalló que el estudio fue encargado el pasado 15 de abril al "Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE" de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que luego de tres meses entregó el informe de 230 páginas con conclusiones puntuales respecto a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cómputo oficial, el análisis de conexiones, la integridad de los datos, inconsistencias en la base de datos y análisis de conexiones y diferencias de funciones entre servidores.
Lanchipa sólo presentó las conclusiones y dijo que “"Se han encontrado negligencias por parte de la empresa Neotec encargada del sistema TREP (…), se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos (…) Sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación de los resultados”.
Concluyó que la pericia contradice la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó irregularidades "muy graves" como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados y recomendó nuevas elecciones.
Lanchipa repitió lo que dos días antes dijo Evo Morales. En su habitual programa de la radio Kawsachum Coca del Chapare, el domingo 25 de julio, afirmó que “El único fraude, estoy convencido es de la OEA, ¿qué otro fraude más? Quiero decirles, esta semana, la próxima semana, van a seguir saliendo otras informaciones, otras investigaciones que no hubo fraude”, y reforzó su relato del “golpe de Estado”.
ETHICAL HACKING PLANTA UNA DUDA RAZONABLE
Ethical Hacking, la auditora del proceso electoral del 20 de octubre de 2019, cuestionó la pericia del profesor y los dos alumnos de la Universidad de Salamanca y puso en duda la experticia del grupo conformado por Bisite, las dos empresas donde aparecen los firmantes del informe solicitado por la Fiscalía de Bolivia.
Álvaro Andrade | Foto: Opinión BoliviaEn contacto con Asuntos Centrales, Álvaro Andrade, gerente de Ethical Hacking, reveló que las empresas que firman la pericia no figuran como empresas en España.
Air Institute DiTECH LAB es una institución de investigación privada sin fines de lucro y no tiene personería jurídica, y Bisite es un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, dirigido por el profesor Juan Manuel Corchado.
Andrade dijo que ninguna tiene experiencia en materia de informática forense, manejo de evidencia digital, peritaje informático y sistemas electorales y aseguró que “No entiendo cómo la Fiscalía hace este trabajo con una unidad de investigación de una universidad para algo tan delicado, donde la OEA trajo más de 20 profesionales”.
También dijo que llama la atención que en varias partes del informe mencionan a Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, una persona a la que “nadie pudo ubicar desde el día de las elecciones. Lo último que supimos fue que salió de Bolivia, escapó a Alemania, luego a Rusia y nadie más supo nada de esta persona: me llama la atención que hayan consultado a una sola parte y no a nosotros. Es unilateral. Piden información a una de las partes, mientras que nosotros somos la empresa auditora”.
Recordó que Ethical Hacking identificó “seis alteraciones al código fuente, detallados con fecha y hora, antes, durante y después el proceso electoral. Al final, en el informe dijimos que como empresa auditora no podíamos dar fe de los resultados electorales por la gran cantidad de errores, manipulaciones y fallas del proceso electoral tanto en lo procedimental, técnico y metodológico”, y se mostró extrañado de que el equipo que firma la pericia bajo la cobertura de la Universidad de Salamanca “no nos hubiera consultado”.
Andrade dijo que el estudio que Lanchipa usó para cerrar el caso fraude electoral “Tiene muchas fallas en la parte procedimental, de análisis y metodológica”.
NUEVAMENTE A LAS CALLES
En coordinación con agrupaciones ciudadanas, la Asamblea de la Cruceñidad llamó a la población a movilizarse en defensa de la democracia, la justicia y la verdad y anunció para este 5 de agosto la primera movilización ciudadana “contra el intento de imponer la mentira del golpe de Estado”.
La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, que estuvo presente la asamblea, destacó el trabajo de los líderes cívicos y pidió a la población mantener unida “para luchar por la democracia”.
El encuentro cívico contó también con la participación de representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) que demandó acciones de alcance nacional.
La Asamblea de la Cruceñidad resolvió “Instruir al presidente del Comité Pro Santa Cruz realizar todas las acciones legales necesarias para que el fraude electoral de 2019 sea castigado y los culpables sean procesados y juzgados. En ese sentido se le instruye agotar todas las instancias legales nacionales y también la representación internacional ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y demás organismos internacionales”.
Y determinó que la “acción de protesta ciudadana contra el intento de imponer la mentira del ‘golpe de Estado’ será la primera de muchas acciones de calle hasta que la verdad sea instaurada y se reconozca el fraude electoral de 2019, los culpables sean sancionados y los perseguidos sean liberados”.
En un documento de siete puntos, aprobado por unanimidad, también anunció que se agotarán todas las instancias legales, dentro y fuera del país, para que el “fraude electoral” de 2019 no quede impune.
“Pese a las pruebas, el fiscal general, Juan Lanchipa, ha cometido irregularidades en el proceso, pues no notificó a las partes y ha incurrido en actividad procesal defectuosa” y ha actuado de “manera unilateral vulnerando el derecho a la igualdad de las partes”, dice el pronunciamiento que cuestiona la pericia de la Universidad de Salamanca en la que Lanchipa sustenta el cierre del caso fraude y el sobreseimiento de los acusados en ese proceso.
La Asamblea cívica también se pronunció por el tema tierras y decidió “Ratificar el apoyo al bloqueo de carreteras de 48 horas decretado para este 9 de agosto en San José de Chiquitos por los comités cívicos provinciales como respuestas a la inasistencia del director del INRA (Eulogio Núñez) a la Comisión Agraria Departamental”.
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