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Por: Zulema Alanes B. |
Graves violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez podrían derivar en demandas ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) responsabilizó a los gobiernos de Morales y Añez de graves violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió con llevar el caso ante dos Cortes internacionales.
A través de un tuit que publicó en su cuenta @Almagro_OEA2015, Almagro anunció que el informe #GIEI Bolivia “contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
El Secretario General de la OEA, ratificó anteriores anuncios en los que daba cuenta de que preparada evidencias de presuntos actos de lesa humanidad para enviar a la Fiscalía de la CPI.
Sin embargo, en conferencia de prensa los miembros del GIEI dejaron en claro que no pudieron establecer que se hubieran cometido delitos de lesa humanidad, pero no cerraron la posibilidad de que otras investigaciones puedan confirmarlos.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia” es una de las principales conclusiones del informe del GIEI que detalla en 471 páginas los hechos ocurridos en ese periodo en el país
Involucra “la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”:
Asegura también que la Policía y las Fuerzas Armadas “usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado” y que particulares “promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”.
El informe del GIEI sostiene que “hay personas afectadas en ambos lados del espectro político” por enfrentamientos que estuvieron alentados “por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas”.
En conferencia de prensa, los expertos del GIEI pidieron que su informe no sea usado políticamente y ratificaron que si bien se violaron los derechos humanos no encontraron indicios de que se hayan cometido delitos de lesa humanidad.
El informe del grupo de expertos marca como el inicio de la crisis el incumplimiento del referendo del 21F y asegura que Evo Morales menospreció las movilizaciones de plataformas ciudadanas y activistas.
UNA JUSTICIA SIN INDEPENDENCIA
El informe del GIEI también observa que hay “serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones”.
Los expertos que participaron en las investigaciones, dejaron sentado que el trabajo del GIEI no sustituye la investigación criminal que debe llevar a cabo la Fiscalía y por tanto no debe ser utilizado para fines de persecución política.
“El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, destaca el informe.
Este tema motivó varios mensajes en el Twitter. El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, escribió que “la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse. Hoy, jueces y fiscales sometidos al MAS no son confiables ni imparciales”.
En cambio el presidente Luis Arce aseguró que es tiempo de hacer justicia “esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia” y David Choquehuanca lo secundó afirmando que “no puede haber reconciliación sin justicia”, aunque ambos evitaron referirse al sometimiento político de la justicia cuestionado en el informe.
El GIEI observa también el uso frecuente de las figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.
También cuestiona el decreto de amnistía de Luis Arce que “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia”.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, aseguró que “Ha sido lapidario este informe contra el Gobierno porque señala que no es admisible ninguna situación de impunidad en estas investigaciones y búsqueda de la justicia, y el decreto (4461) de la amnistía claramente está aludido como uno de los grandes obstáculos para una justicia integral”.
SACABA, SENKATA, MONTERO, VILA VILA, PLAYA VERDE
“Las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre” según concluye el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y asegura que constató que varios manifestantes "fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía".
Destaca la responsabilidad del MAS en "Los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia".
El informe asegura que no había riesgo de toma o explosión de la planta de Senkata y que "las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia” y en consecuencia "ocurrió una masacre en la cual diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas".
También cuestiona la impunidad en los hechos de Montero y observan que aún no se haya podido identificar a los autores de las muertes de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra. Y recomiendan reactivar la investigación del fallecimiento de Roberth Calizaya.
POR JUSTICIA Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
En un pronunciamiento conjunto de Creemos, Comunidad Ciudadana y CONADE anuncian que coordinarán acciones “en defensa de la democracia, la búsqueda de justicia sin impunidad de ningún tipo, el respeto a la libre expresión y no la censura a la protesta" y destacan las conclusiones del GIEI que apuntan a “la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el referendo del 21F, la institucionalidad democrática".
Sostienen que ha quedado manifiesto que “entre los meses de septiembre y diciembre de 2019 se produjeron graves violaciones a los DDHH en varias zonas del país, con el resultado de muertes, personas heridas, agresiones; además de destrucción de propiedad pública y privada; acciones para generar terror y amenazas contra la vida y la integridad de las personas".
Las violaciones a los derechos humanos “podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de una Fiscalía y una Justicia selectivas si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatorios del presidente Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el Fiscal general del Estado", dice el pronunciamiento.
Asimismo aseguran que “para llevar adelante procesos de investigación y sanción contra quienes resulten responsables de estos hechos, el cambio de operadores fiscales y judiciales que conocerán estos hechos, resulta imprescindible porque el sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad para encontrar la verdad e imponer recta justicia, como condición para una paz verdadera".
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