El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) a vísperas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, contratados por la CIDH, presente su informe final sobre los hechos de 2019, espera que el mismo sea completo e imparcial, abarcando los delitos cometidos entre octubre y diciembre de ese año, con una relación de los derechos humanos vulnerados antes, durante y después del acto electoral del 20 de octubre, signado por el fraude electoral, la renuncia de los gobernantes del MAS, la generación de un vacío de poder y la conformación de un gobierno constitucional de transición para la realización de nuevas elecciones realizadas el 2020.
Un informe completo e imparcial, en ausencia de un organismo nacional que tenga la competencia para hacerlo (ni el Ministerio Público ni la interina Defensoría del Pueblo pudieron hacerlo), generará los procesos legales correspondientes para la sanción a los autores, cómplices y beneficiarios de las violaciones a los derechos humanos. Se entiende que la reparación es parte constitutiva de este proceso.
No hay masacres buenas y masacres malas
Parecería un absurdo hablar de masacres que destacan unas de otras o de unas por encima de otras, como principio, toda muerte, toda persona herida o agredida debería ser considerada con los mismos criterios de investigación. Para el CONADE todas las vulneraciones deben ser sancionadas, dejando de lado la construcción artificial únicamente de los hechos de Senkata y Huayllani como representativos de una violencia estatal y social cuyo autor fue el Gobierno de Evo Morales y cuyas responsabilidades deben quedar claramente establecidas. Fue la acción ilegal de impulsar el referendo constitucional del 16 de febrero de 2016 y de desconocer su carácter vinculante, el que llevó a generar la polarización que vivió el país desde ese año hasta el 2019. A ello se sumo la vulneración de derechos políticos y electorales consignada en el fraude electoral del 2019 que crisparon las posiciones entre el campo ciudadano, democrático y reivindicador de la democracia y de la Constitución Política del Estado frente al MAS, el gobierno y sus grupos de choque empeñados en imponer una repostulación sin ninguna base legal, porque la sentencia constitucional 084/2017 no tiene fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos tal como lo ha aclarado la Corte IDH.
Un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto que debe ser abrogada para no obstaculizar el informe GIEI-CIDH
El informe final, que imparcial y completo, establezca violaciones a los derechos humanos y señale los delitos penales cometidos, es saboteado intencionalmente por el gobierno de Luis Arce y su Ministro Iván Lima, con el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto que libera de toda acusación penal a autores de violaciones de derechos humanos y agresiones a la ciudadanía y los bienes del Estado, de manera parcializada e ilegal.
Para que el informe del GIEI-CIDH sea viable en su efecto penal, debe abrogarse el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto.
Un Juicio a Evo Morales y sus colaboradores
El informe del GIEI-CIDH será insumo de un Juicio de Responsabilidades contra Evo Morales y sus colaboradores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El CONADE recibe este informe con la aspiración de que se haga justicia y se supere esta campaña de odio y fanatismo con el cual se ha manipulado los hechos del 2019 desde el ámbito gubernamental.