Por: Amalia Pando |
Tres disparos se oyeron como cañonazos que alertaron al vecindario del condominio del Km 9 al Norte de Santa Cruz.
Las balas perforaron la parte lateral del taxi donde viajaba Humberto Monasterio Iglesias. El conductor frenó en seco y Monasterio empezó a sentir los golpes de al menos dos hombres que se habían metido en el vehículo y que por ambos costados le reventaron la cara, la cabeza y el pecho. Estaba al borde del desmayo cuando oyó el nombre del coronel Gonzalo Medina.
CAPO DE CAPOS
Medina fue director del FELC-C de Santa Cruz, mano derecha e izquierda del exministro de gobierno Carlos Romero. Fue detenido en abril de 2019 después de unas bacanas vacaciones en Cartagena- Colombia junto a su protegido y mentor el narco Pedro Montenegro Paz quien solo pudo ser extraditado al Brasil después de la renuncia de Evo Morales.
Medina también es requerido por la policía brasileña para que declare sobre el secuestro y asesinato del ganadero Alfredo Rengel ocurrido en la ciudad fronteriza de Curumba en febrero de 2019.
Así mismo, Medina está procesado por la familia de Ana Lorena Torres, una de las cinco víctimas fatales del asalto ocurrido en julio de 2017 a la joyería Eurochromos, el más cruento de la historia del país.
Sospechan que la policía, con Medina a la cabeza, contrató a gente del oficio para cometer el asalto y los mató a quemarropa para silenciarlos y quedarse con el botín. Ana Lorena, gerente de la empresa, tras ser blanco de un francotirador se desangró lentamente en el piso mientras un policía vestido de civil recorría la trastienda de la joyería rematando a los asaltantes que se rendían y a quienes le pedían ayuda.
LA RED ESTA MÁS VIVA QUE NUNCA
En el taxi aquel, Humberto Monasterio Iglesias, identificó al policía William Gutiérrez García como el autor de los tres disparos. Entre tanto, la presencia de los vecinos frustró el intento de los matones de trasladarlo a golpes a otro vehículo. Se libró de ser secuestrado pero el mensaje le quedó clarísimo.
Debía visitar al padrino Medina “para conciliar”. El ex coronel Medina estaba internado en la clínica Virgen de Lourdes donde Humberto Monasterio debía presentarse para firmar una transferencia gratuita de uno de los terrenos de su empresa “Capital Privado Inmobiliaria S. R. L.”
OCHOS AÑOS, 12 DEMANADAS Y UNA RED
Desde el año 2013 cuando este grupo de avasalladores apareció en la empresa de Humberto Monasterio Iglesias, su vida, la de su familia y la de su socio, Ángel Castellanos Costas, ha sido un infierno.
Tienen 12 demandas penales, presentadas en cascada, que sirven para extorsionarlos: “El terreno o te vas a Palmasola”
El domicilio de sus padres y la casa de la madre de su socio fueron allanados. Allí vio por primera vez al policía William Gutiérrez. Además del susto y los destrozos de rigor, les dejaron el Covid-19.
DECLARAN HASTA LOS MUERTOS
Seis hermanos de apellido Añez Paz, (apellido materno similar a Montenegro Paz) que operan desde la empresa Mahogany S. R. L, están identificados como los avasalladores. Para apropiarse indebida y gratuitamente de un terreno en el Barrio Oriental tiene al coronel Medina, cabeza de una la red de policías, fiscales, jueces y notarios. La nómina citada por Monasterio es larga e incluye a la fiscal Rose Mary Barrientos y la juez Albania Caballero.
La red convierte todo lo legal en ilegal y viceversa. Adulteran firmas, eliminan hipotecas, anulan registros, admiten demandas contra las víctimas y rechazan cualquier acusación contra los avasalladores. En este caso es notable la presentación de una testigo clave, que hizo una declaración testifical, se trata de Miriam Malale, una mujer que está muerta y que años atrás trabajó para los Añez Paz.
ACORRALADO ENCUENTRA UNA SALIDA
Acorralado, Humberto Monasterio Iglesias recurrió al Tribunal Constitucional que le dio la razón y reconoció su derecho propietario en la sentencia 0028/ 2019 - S4.
De nada le sirvió. La red demandó a los magistrados y por la vía penal intentó tumbar una sentencia constitucional que se supone es la última palabra. Luego, pasó a la intimidación estilo narco: al secuestro, la golpiza y al ataque a los seres más queridos del entorno familiar.
UN ANTECEDENTE
En La Paz, en 2014, operó del mismo modo la banda del fiscal Humberto Quispe. La policía, por ejemplo, incautaba un vehículo por exceso de velocidad y el fiscal Quispe ordenaba la aprehensión del propietario hasta obligarlo a pagar mil dólares si quería recuperar su libertad y su carro. Asaltó a un joyero, a propietarios de terrenos y tantos otros hasta que se organizaron en una Asociación de Víctimas del fiscal Quispe que logró su destitución.
Estas redes de extorsionadores, como otra que operó con los abogados del ministerio de gobierno, son la prueba de la putrefacción del Poder Judicial, llevada a este estado por el sometimiento al gobierno.
CRIMEN SIN CASTIGO
En febrero del 2019, cuando se puso en evidencia la red de jefes policiales, fiscales, jueces, magistrados y ministros que daban protección al narco Pedro Montenegro Paz, se tenía la ilusión que se había desbaratado la mayor estructura de protección al narcotráfico y delincuencia en general.
Pero, no fue así. De los 40 involucrados quedan apenas cuatro detenidos. Ni siquiera el principal está preso.
VÍRGEN DE LOURDES
Tras descubrirse sus vínculos con el narco Montenegro Paz, el coronel Medina en abril de 2019, fue llevado a la prisión de Chonchocoro, en La Paz.
Un año mas tarde, en marzo del 2020 había logrado que lo trasladen a Santa Cruz, a la clínica Virgen de Lourdes, y estaba a un paso de ser liberado pues el Tribunal Doceavo de Sentencia de Santa Cruz le concedió arresto domiciliario, sin escolta policial.
El entonces ministro de gobierno, Arturo Murillo inventó una amenaza a la vida de Medina y lo devolvió a Chonchocoro de La Paz para “preservar su vida “.
Medio año más tarde, el 2 de octubre, salió otra vez de Chonchocoro rumbo a Santa Cruz. Horas después ya estaba dando órdenes a su red de extorsionadores desde una cómoda cama de la clínica Virgen de Lourdes que lo alojó durante tres semanas.
Y VOLVIERON LAS AZULES GOLONDRINAS
El 14 de octubre fue trasladado a Palmasola donde a los abrazos se reencontró en la sección PC 6 con Fernando Moreira, el segundo en la estructura de la red de corrupción y protección al narcotráfico.
Cuatro días después festejó como nadie el triunfo electoral de sus amigos del MAS. Y con toda razón, casi de inmediato el vocal Julio Nelson Alba resolvió concederle arresto domiciliario y una fianza de 160 mil bs.
Y las puertas de Palmasola se le abrieron y se fue disfrutando de la brisa cálida que soplaba por las ventanas de la vagoneta 4 X 4 que lo recogió para llevarlo a su lujoso departamento, en la Torre Libertad.
LIBERTAD SIN PEROS
En enero de este año, la jueza Livia Alarcón fue aún más generosa. Levantó el arresto domiciliario y le concedió la libertad irrestricta, para que se defienda en libertad, con todas las garantías procesales, dijo la jueza Alarcón.
Derechos y garantías que no son para todos. Por ejemplo, no corren para la expresidente Jeanine Añez y menos para los generales caídos en desgracia o para Tonchy Bascopé, detenido por escribir la palabra “libertad” en la pared de la Fiscalía General.
Como sea, desde noviembre pasado, el capo de los capos, el coronel Medina pasea con toda libertad por las calles de Santa Cruz, pero todavía tenía una atadura legal por el caso Eurochromos.
Sin embargo, el 15 de abril último, le entregaron la resolución firmada por el juez José Ortiz que también en este caso le otorgó arresto domiciliario. Eso de “arresto”, como se sabe, es solo un decir.
EPÍLOGO DE UNA HISTORIA CONSABIDA
Jorge Santisteban, abogado de la familia de Ana Lorena Torres, lamentó que en estos últimos cuatro años la Justicia no hubiera dado señas de su existencia. Aunque se sabe quién es el policía que disparó contra Ana Lorena Torres nunca se esclarecerá el papel que desempeñó el exdirector de la FELC-C, Gonzalo Medina y menos ahora que está libre.
Por su parte, Humberto Monasterio Iglesias, sigue defendiendo su terreno. Como último recurso le ha hecho llegar al Ministro Iván Lima, una detallada carta en la que le cuenta sobre los ocho años que ha tenido que soportar a esta red de extorsión dirigida por el ex coronel Medina. Espera una respuesta y sanciones para los policías, jueces y fiscales involucrados.
No es ingenuidad, es lo que espera cualquier ciudadano de sus máximas autoridades, que se haga justicia. Pero, lamentablemente, como están las cosas en la carnal relación entre el gobierno y el aparato judicial, mucho me temo que al igual que le rompieron la cara esta vez también le rompan el corazón.