Informe del GIEI-Bolivia ya está en manos del Gobierno, corren 10 días para "comentarios"

Vía Brújula Digital .-

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó que entregó a la embajada de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe final sobre la violencia y vulneración de derechos humanos durante la crisis política de 2019.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, publicó un tuit que confirma la entrega del documento cuyo contenido aún no se conoce.

"El GIEI-Bolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos”, señaló a través de un comunicado.

También explicó que “el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la revisión que realice el gobierno de Luis Arce no implica que exista la posibilidad de alguna modificación. "Simplemente se va a tomar conocimiento para precisar si hay alguna información que tengamos que hacer como gobierno”, dijo.

Tomando en cuenta los plazos establecidos, el informe en su integridad podría ser divulgado en agosto.

"Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019" tuiteó Vidal.

Si bien ayer se entregó el informe al embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, el GIEI entrevistó al gobernador de Santa Cruz y otrora líder cívico, Fernando Camacho, por los hechos ocurridos en 2019.

El mecanismo de investigación sobre hechos de violencia, invocado por la CIDH con expertos independientes, ya se aplicó en 2014 ante la desaparición forzada de 43 maestros de Ayotzinapa (México) y en Nicaragua en un caso de violencia estatal.