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Vía El Clarín .-
Después de que el fiscal Claudio Navas Rial impulsó el viernes la denuncia del gobierno por el supuesto contrabando agravado de material antidisturbios a Bolivia días después de la salida forzada del poder de Evo Morales, en noviembre del 2019, el juez Javier López Biscayart decidió habilitar la feria judicial, para avanzar con el expediente y ordenó una serie de medidas.
Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la titular del a AFIP, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron a Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, y un puñado de ex funcionarios por "contrabando agravado" por el "envío irregular de armamento y municiones" a aquel país "a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero".
El caso quedó en el juzgado a cargo del juez en lo Penal y Económico López Biscayart e intervino el fiscal Navas Rial, quien el viernes pasado firmó el requerimiento de instrucción con el que abrió la investigación. Junto con el planteo, solicitó que se habilite la feria judicial para continuar con el caso.
El dictamen del fiscal pidió "investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino".
La persona que habría autorizado el grupo de traslado, sostiene el dictamen, fue la ex ministra Patricia Bullrich, y la provisión del avión que transportó el equipo humano inmaterial fue Oscar Aguad. En tanto, el fiscal menciona que el ex embajador de Bolivia "habría recibido una carta que agradece la dotación del material cuestionado".
Entiendo -continuó señalando- que dentro del esquema esgrimido por los denunciantes "los hechos habrían contado con algún nivel de conocimiento de quien ejercía el cargo de presidente de la Nación y comandante de las Fuerzas Armadas". El texto no especifica si Mauricio Macri está acusado o no por la supuesta maniobra que desde ahora será investigada.
Según pudo saber Clarín, al habilitar la feria y dar impulso a la investigación, el juez López Biscayart ordenó que se aporte el original de la carta supuestamente recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia del 15 de noviembre de 2019.
También se requirió un informe, con el respaldo documental, para saber "si en la Embajada Argentina en Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada".
También que con respaldo documental, el juez pidió que se informe "si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019".
Entre otras medidas, al responsable de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina se le pidió "las constancias relativas a la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019, los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave. Los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión".
El gobierno de Alberto Fernández sostiene que la anterior gestión cometió un acto de "gravedad institucional" que podría encuadrarse además en los delitos de "abuso de autoridad" y "malversación de caudales públicos".
Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.
El exembajador de Mauricio Macri en Bolivia criticó la denuncia de contrabando de armas
Soldado leal del gobernador jujeño Gerardo Morales, Normando Álvarez García defiende su accionar como embajador argentino en Bolivia durante los tumultuosos días de noviembre de 2019 que determinaron la salida de Evo Morales del país. En diálogo telefónico con LA NACION, el hoy ministro de Trabajo de Jujuy niega estar involucrado en presunto contrabando de armas, objeto de la causa judicial iniciada por el gobierno de Alberto Fernández contra su antecesor Mauricio Macri y distintos funcionarios de su gobierno.
“La relación entre Argentina y Bolivia era excelente. No tenían nada contra nosotros y encontraron esto”, afirma el dirigente radical, que niega haber recibido la carta de agradecimiento de la Fuerza Aérea boliviana por la entrega de armamento antimotines, la misiva que dio origen a la denuncia. Centra, como el gobernador de Jujuy, sus dardos en su sucesor, Ariel Basteiro, a quien acusa de ser “fiscal y policía” por su activa participación en la denuncia.
-¿Cómo recuerda aquellos últimos días de su estadía en La Paz?
-Fueron días duros, de mucha tensión. Había un estado de locura en toda la sociedad boliviana, con un país enfrentado, dividido. Fue muy difícil, y no terminó bien. Evo había estado 14 años y había tenido el control, pero ya por esos días lo había perdido.
-Ahora el expresidente de Bolivia pide que Mauricio Macri sea juzgado en su país por haber complotado contra él…
-No deja de sorprenderme. No tenían nada contra la Argentina, y con esto buscan involucrarnos, como lo hicieron con Estados Unidos, la Unión Europea, y la Iglesia, que incluso debió sacar un documento para desmentir ese supuesto apoyo. Con Brasil y Chile habían intentado lo mismo que con Argentina, la diferencia es que nuestro país tiene de embajador a [Ariel] Basteiro, que parece más el embajador de Evo o el ministro de Justicia de Bolivia más que de Argentina. Impulsa las denuncias en una jugada lamentable.
-¿Sigue sosteniendo que no vio la carta de agradecimiento que le habría enviado la Fuerza Aérea de Bolivia el 13 de noviembre, en el que detalla el material recibido?
-Seguro que no la vi ni la recibí, y el propio Basteiro dijo, aunque luego lo negó, que él mismo la encontró revolviendo papeles y se la llevó al canciller boliviano [Rogelio Mayta]. La embajada, en esos días, estaba cerrada por cuestiones de seguridad. Si yo la hubiese recibido habría hecho un cable diplomático informando. El propio autor de la carta dice que es falsa.
-Pero el agregado naval dice que él sí la recibió, lo cual consta en los registros…
-Puede ser que a él sí le hubiese llegado, pero no a mí. Yo estaba en la residencia, a cinco cuadras de la embajada, y repito, si me hubiese llegado alguna comunicación la habría comunicado.
-La exministra Patricia Bullrich reconoció el envío del grupo entrenado para proteger la embajada en aquellos días. ¿Allí tuvo participación?
-Claro, eso es verdad, nosotros pedimos los visados y las autorizaciones para esta gente, y se hizo de manera normal. Estaban bien pertrechados para la defensa de la embajada, eran días de mucha violencia en las calles y se habían introducido en la embajada argentina en Chile, el propio embajador [José Octavio Bordón] había corrido peligro. Recuerdo que llegaron en el avión Hércules, vi las cajas y como las bajaban.
-¿No le parecieron mucho 70.000 municiones?
-No lo sé, desconozco si son muchos o pocos, la embajada no controla el contenido, eso se hace a través de los agregados militares.
-El juez Javier López Biscayart suspendió la feria para avanzar en el trámite judicial en la que usted está imputado, ¿cómo lo evalúa?
-Evidentemente está con toda la decisión de avanzar rápidamente. La causa es por contrabando y todos tendremos que demostrar que no tenemos nada que ver. Personalmente no hice ningún pedido ni participé de ningún envío, y me llama la atención que ya durante el gobierno de Alberto Fernández la Gendarmería diga que muchas de esas municiones fueron utilizadas para prácticas de tiro. Es todo bastante raro.
-El gobernador Morales lo homenajeó la semana pasada. ¿Lo siente como una reivindicación?
-Sí, hoy nos volvimos a ver y le agradecí el gesto. Él sabe lo que pasamos y que en su momento tomamos la decisión de proteger en la embajada a todos quienes lo pedían, sean periodistas o dirigentes del MAS. Gerardo sabe que esta operación política también apunta hacia él, por la cercanía política que tenemos, y quiso que la gente sepa todo lo que se hizo en Bolivia en esos días.
-¿Hay un acuerdo entre ambos gobiernos para perjudicar a Juntos por el Cambio?
-Evidentemente sí. El embajador Basteiro se pone en fiscal y policía. En mi caso particular, el Presidente lo llamó a Gerardo Morales para decirle que ellos sabían que mi accionar fue correcto, y el canciller Felipe Solá dijo algo parecido.
-¿Y Macri y los demás funcionarios imputados pudieron haber hecho alguna gestión para perjudicar a Evo?
-Personalmente creo que nadie estuvo involucrado, la relación entre ambos gobiernos era excelente. Han encontrado la carta, los gases y las granadas y comenzaron con esto. El exjuez [Eduardo] Freiler dice que hubo participación del anterior gobierno en un golpe, pero hay expedientes previos que afirman que el propio Evo pidió a la Argentina material como municiones a través de la policía boliviana.
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