Por: José Baptista Morales |
Según lo establecido en la Constitución en su artículo 12, la organización del Estado está fundamentada en la independencia y separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Con sujeción a esa regla, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia procedieron hace poco a la designación y posesión de nuevos magistrados para ejercicio de las funciones de Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
En transgresión inicua de la indicada norma, el Ministro de Justicia, portavoz del Poder Ejecutivo, ha objetado esas decisiones. En más de una ocasión, en esta columna dominical, coincidiendo con otras opiniones expuestas desde hace muchos años por juristas de otros y actuales tiempos, he señalado que ya es hora de intentar que en una próxima reforma parcial a la Constitución Política del Estado se suprima esa cartera ministerial que se ocupa única y exclusivamente de avasallar al Poder Judicial transformándolo en servil instrumento de su ánimo de dominio con carácter dictatorial.
La ciudadanía percibe que existe un alto grado de corrupción en el seno de los administradores del sistema de administración de justicia. En gran medida, esa podredumbre proviene de la acción que emana del Poder Ejecutivo del Estado a través de los ministros de Justicia y de Gobierno e, inicialmente, de los integrantes del Poder Legislativo que poseen la atribución de seleccionar a postulantes a la cúpula del Poder Judicial para los fines de elección por voto popular.
La corrupción no surge solamente de ese ámbito sino también de juristas que actúan ante Tribunales de Justicia demandando o respondiendo. A lo largo del tiempo, muchos jueces llegaron o llegan a descubrir que algunos magistrados tienen una particular relación con abogados que son asesores legales de instituciones del Estado y de empresas del sector privado.
El año 1920, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo la siguiente amonestación a los abogados: “El buen abogado es guía del juez porque facilita su tarea de juzgador, ilustrándolo y mostrándole la verdad. Merece el respeto de los jueces porque se presenta ante ellos armado de la ley y de la razón. El mal abogado es el azote de los litigantes y el peor enemigo de la justicia porque falsea la verdad y ofende a la verdad y a la ley. Los abogados son responsables ante la ley de los daños que, por malicia, impericia o negligencia ocasionan a los litigantes”.
José Baptista Morales es abogado
