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Por: Zulema Alanes B |
Firmó un contrato millonario y se fue de embajador ante la OEA. El exministro de Justicia de Evo Morales, Héctor Arce, fue señalado como el líder de un clan de corrupción judicial que se beneficia de contratos millonarios con el Estado.
El diputado José Manuel Ormachea, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que el contrato por 2.5 millones de bolivianos para la defensa del Estado boliviano ante el arbitraje iniciado por la firma de India Jindal Steel contra el Estado boliviano, puso al descubierto un “clan de corrupción tan mafioso como el del exministro de Gobierno, Arturo Murillo”.
“Uno y otro son lo mismo, hacen uso discrecional del poder para beneficiarse ilegalmente de recursos del Estado”, dijo Ormachea a Cabildeo Digital y anunció que, luego de agotar todas las instancias de fiscalización, demandará la anulación de la millonaria contratación con la que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) favoreció al bufete de abogados del exministro de Justicia, Héctor Arce, y del ex procurador Pablo Menacho.
Según el parlamentario, hay indicios suficientes para pensar que el bufete Alliance Abogados Asociados forma parte de “un esquema de corrupción que hace uso y abuso del poder político para ser favorecido de manera irregular con contratos millonarios del Estado”.
El negocio de los arbitrajes internacionales
“Por donde se mire fue una contratación irregular”, dijo el diputado Ormachea porque “considerando tanto el monto del contrato como el desafío que implicará la defensa de los intereses del Estado ante la Jindal Steel, todo hace ver que no han considerado el mejor interés del país y manejaron el contrato en medio de un secreto inusual”.
El contrato fue denunciado el pasado 24 de mayo por el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Desde la clandestinidad, reveló a través de las redes sociales la contratación por excepción y por Bs. 2.505,600 del bufete de abogados de la exautoridades del gobierno de Morales, Héctor Arce, y Pablo Menacho.
A partir de esa denuncia, se constató en el SICOES donde que el 20 de abril la Empresa Siderúrgica del Mutún contrató al bufete Alliance Abogados Asociados.
Luego se estableció que el bufete registra a Arce y Menacho como asociados de un bufete improvisado para la firma del referido contrato puesto la única experiencia que acreditan fue la acumulada mientras se desempeñaban como máximas autoridades de la Superintendencia Procuraduría General del Estado (PGE).
En 2015, Arce y Menacho fueron parte del proceso en el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Quiborax, minera no metálica chilena, en el juicio internacional contra Bolivia.
El CIADI determinó una indemnización de US$ 48,6 millones, más costas, para la empresa, sin embargo, en septiembre de 2015 el Estado boliviano solicitó anular la sentencia arbitral. A casi tres años de esa petición, la disputa finalmente terminó con la decisión de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que exigía Bolivia contra la empresa de capitales chilenos.
Ese fallo obligó a Bolivia a pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares habían sido fijados cuatro años antes, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.
El diputado Ormachea cuestionó si esos antecedentes pueden ser considerados confiables para confiar otro proceso internacional a dos abogados que ya provocaron un serio daño al Estado.
En su columna de opinión que titula Arce Zaconeta y el lucrativo negocio de “perder”, el ex canciller Ronald MacLean asegura que el exministro “ha perfeccionado el mal arte de negociar los arbitrajes internacionales a nombre del Estado y transar con los litigantes por sumas infinitamente mayores a las que por ley o negligencia les correspondiera”.
Menciona justamente la indemnización que Bolivia tuvo que pagar a la empresa chilena Quiborax, destaca, en base a información revelada por el Gral. Freddy Bersatti, la empresa minera “pretendía –sólo 3 millones de dólares de compensación y Arce Zaconeta transó en pagarle ¡42.6 millones de dólares del erario nacional! Algo así como 15 veces lo reclamado. ¿Dónde fue la diferencia?”.
De abogado de empresa a embajador
En opinión del diputado Ormachea, otro dato que hace sospechar del tráfico de influencias es que el pasado 3 de mayo, el Movimiento al Socialismo (MAS) designó al exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cuestionó la trayectoria de Arce y recordó que fue denunciado por el caso fraude electoral y se presentaron pruebas de que montó equipos para alterar papeletas en sus oficinas del Ministerio de Justicia.
Las sindicaciones contra Arce por el caso fraude electoral fueron archivadas luego de que en noviembre de 2020 las autoridades judiciales determinaron anular el proceso instaurado contra varias autoridades del gobierno de Evo Morales.
Ormachea reiteró que la contratación del bufete de Arce y Menacho está “viciada de nulidad, pero además atenta contra los intereses del Estado, y con la designación de Arce como embajador está claro que hay tráfico de influencias y contratos armados para beneficiar al entorno de Evo Morales”.
Añadió que hay “presunción de daño económico al Estado, tiene por detrás el concepto de desvío de poder en función al aprovechamiento del Estado para beneficio económico personal de Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, es una contratación para favorecer a los amigos del Gobierno”.
Entre las irregularidades mención que el Bufete Alliance no tiene Registro Público de Abogacía (RPA), además está registrado como organización no gubernamental sin fines de lucro, e incumple las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, puntualizó.
La bancada de Comunidad Ciudadana ha formulado una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Minería exigiendo explicaciones ante las irregularidades advertidas en el proceso de contratación, asimismo, ha solicitado la intervención de la Contraloría General del Estado, “vamos a agotar todos los recursos hasta lograr la anulación de este contrato”, dijo Ormachea.
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