Por presunta asunción ilegal al cargo y prolongación ilegal de funciones, es ahora procesada la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ante la justicia ordinaria.
Este se constituye en un segundo proceso abierto en contra de Añez, quien está recluida en el penal de Miraflores de La Paz desde marzo pasado.
A la par de estos dos procesos, en los que Añez es acusada de haber asumido la presidencia del país ilegalmente, el Gobierno impulsa cuatro demandas de juicio de responsabilidades en su contra por presuntos delitos cometidos como presidenta.
La primera se refiere a la contratación y la recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la segunda fue planteada por un decreto de lucha contra la pandemia que temporalmente catalogó penalmente como “delito contra la salud pública”, la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población.L Latercera demanda se refiere a la ampliación directa por decreto, y no mediante una licitación, de la concesión a un consorcio privado del manejo del registro público de empresas y la cuarta al impedimento de ingreso a bolivianos que retornaban al país después de las declaraciones de emergencia por la pandemia en países vecinos.