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Por: Zulema Alanes B |
La publicación de la Sentencia Constitucional 0012/2021 que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía, ha devenido en una polémica escandalosa, ha puesto nuevamente en entredicho a la justicia y cuestiona seriamente la institucionalidad democrática, según coincidieron analistas y políticos consultados por Cabildeo Digital.
Desde que el pasado 25 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló la existencia del referido fallo en el periódico La Razón, se inició una trama de afirmaciones y desmentidos que hacen sospechar de argucias concertadas entre el gobierno y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ponen en serio entredicho la independencia del poder judicial, dijeron el diputado Carlos Alarcón y el analista y político Henry Pinto.
Una argucia concertada
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, dijo que estamos frente a “una controversia escandalosa, una puesta en escena entre el presidente del TCP y el Ministro de Justicia” que ratifica que en el país no hay independencia de poderes.
Según el parlamentario de la principal fuerza opositora en la Asamblea Legislativa, “todo hace ver que es una argucia concertada para dar marcha atrás y derogar un fallo que declaraba la inconstitucionalidad de los procesos en rebeldía porque violentan las normas y garantías del debido proceso establecidas en tratados internacionales”.
En su opinión queda claro que “el interés que está por detrás es generar un escenario de criminalización de la política, esta es una prueba más que de que el TCP está al servicio del gobierno que ha optado por el camino del totalitarismo”.
Para el analista y politólogo, Henry Pinto, lo que ocurre “es muy grave porque el TCP tiene asignada la tarea de velar por el respeto a la Constitución y la vigencia de los derechos y garantías fundamentales, lo mínimo que se espera es que actúe con la probidad necesaria para generar certeza, seguridad jurídica y certidumbre sobre los casos que llegan a su conocimiento”.
En su opinión, resulta llamativo que se haga público un fallo y que quienes lo firman “digan que es proyecto y pongan en vilo la página web” y advirtió que “anunciar otro fallo sobre una temática que se creía resuelta, cuestiona la independencia e imparcialidad del TCP, da entender que existen móviles de otro tipo”.
EL TCP en tela de juicio
El máximo tribunal constitucional y el Gobierno fueron puestos bajo sospecha. El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseguró que el TCP y el Ministerio de Justicia están dando un espectáculo que “confirma lo que todos sabemos y la comunidad internacional condena: que en Bolivia la justicia es una marioneta manejada por el MAS”.
Por su parte, el exmandatario y líder opositor, Jorge “Tuto” Quiroga, apuntó a los magistrados del TCP y denunció en su cuenta de Twitter que “En Bolivia, están fraguando firmas o escondiendo sentencias, mientras el Gobierno manipula y el Congreso calla”.
Y en opinión de Henry Pinto, este no es un hecho menor “es grave, envilece la institucionalidad democrática porque pone en tela de juicio la institución que en teoría debe velar por la vigencia de la Constitución”.
El diputado Carlos Alarcón advirtió que “estamos en total indefensión” porque no es la primera vez que el TCP acomoda sus fallos al interés del partido de gobierno y dijo que desde la sentencia de reelección indefinida está en cuestión el accionar del máximo tribunal que “en varios casos está jugando con las notificaciones, las demora, las posterga y ahora levanta su pá. ina web para ocultar evidencias”.
Ambos coincidieron que el TCP está provocando una enorme inseguridad jurídica, abuso de poder y vulneración de los derechos humanos poniéndose al servicio del poder de turno.
Alarcón insistió que la situación es muy compleja y peligrosa porque “toda la estructura del andamiaje garantista del Estado –Defensoria, Procuraduría, TCP, Ministerio Público, Contraloría– está al servicio de una persona y no del pueblo ni de la Constitución ni de la democracia”.
No hay crimen perfecto
La evidencia de la sentencia constitucional 0012/2021 fue hecha pública y está fechada el 11 de marzo. Lleva la firma de seis de los nueve magistrados del TCP, su presidente Paul Franco y los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Georgina Amusquivar, Julia Cornejo y Petronilo Flores; y consta la posición disidente de Carlos Calderón y Brígida Vargas y la excusa de Karem Gallardo.
El fallo del TCP declara la inconstitucionalidad de los procesos en rebeldía, tal como lo reveló el 25 de marzo el ministro de Justicia Iván Lima y lamentó que el gobierno estuviera impedido de enjuiciar a los exministro Arturo Murillo y Fernando López sean juzgados porque se encuentran fuera del país.
“Ya no hay juicio en ausencia, sin estar presente la persona no vamos a poder juzgarlo hasta que podamos extraditarla, tiene una implicación muy grande”, explicó Lima en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón, reconoció que “no es la mejor noticia” para el Gobierno, pero anunció que “la respetamos”.
Un mes y medio después, el 9 de mayo, el ministro de Justicia fue desmentido por su oficina de prensa a través de un comunicado en el que detalló que “El TCP tramita la acción de inconstitucionalidad abstracta acerca del juicio en rebeldía y no alcanzó el número necesario de votos para realizar la notificación debido a las disidencias registradas”.
Un día antes, el 8 de mayo, el presidente del TCP, Paul Franco, aseguró que no existía tal fallo “no existe nada por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía. Esa causa sigue en trámite en el TCP, en tanto y en cuanto no se produzca una notificación todas las causas siguen en trámite”.
La exdiputada Norma Piérola denunció que el Gobierno trataba de cambiar el contenido de la sentencia constitucional que falló a favor de la acción abstracta de inconstitucionalidad que presentó en diciembre de 2019 para dejar sin efecto los procesos en rebeldía en contra de los perseguidos políticos, durante el gobierno de Evo Morales.
Este domingo, 16 de mayo, el periódico El Deber alertó que “luego de estallar el escándalo por la Sentencia Constitucional 0012/2021 (…) el Tribunal Constitucional (TCP) suspendió su página web a la cual no se puede ingresar desde el sábado para consultas sobre sentencias aprobadas y publicadas”.
La prueba que tanto el TCP como el gobierno intentaron ocultar apareció con todas las firmas y se hizo viral en las redes sociales.
En criterio del diputado Alarcón, los actuados del TCP están siendo puestos en evidencia “in fraganti”; recordó que los abogados que en noviembre de 2019 demandaron la nulidad de la sentencia 0084/2017 que permite la reelección indefinida, denunciaron que un día antes de la audiencia para resolver el recurso de amparo, fijado para el 21 de abril de 2021, apareció un auto supremo de rechazo a su demanda, pero que tenía fecha de hace 16 meses, 24 de diciembre de 2019.
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