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Por: Zulema Alanes B |
El Ministro de Justicia, Iván Lima, nuevamente volvió atrás en sus declaraciones y, una vez más, su oficina de prensa tuvo que aclarar en un comunicado lo que la autoridad quiso decir en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter respecto del matrimonio igualitario.
La opinión del titular de Justicia provocó un enérgico pronunciamiento de ADESPROC Libertad que, a nombre de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, le recordó que “los derechos humanos no se negocian, no se consultan, ni se debaten”.
Este lunes, Lima anunció en su cuenta de Twitter que “el tema del matrimonio igualitario está en trámite en nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional” y detalló que el máximo tribunal “ha pedido “amicus curiae” a la Iglesia Católica y otras entidades y personas expertas” y aseguró que “este es un tema que debería tener mayor debate en el país y decidirse ya”.
ADESPROC recordó al titular de Justicia que como funcionario público “representa a un Estado Laico” y, por tanto, no puede auspiciar una opinión consultiva (amicus curiae) para conocer el punto de vista de la Iglesia Católica respecto a temas que no están en el ámbito de su competencia.
Asimismo, repudió que Lima “ponga sus opiniones personales por encima de los principios de igualdad y no discriminación” y lo invitan a la lectura de la normativa vigente en el país de la que nacen los estándares de derechos de la población GBTLI.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informa a la opinión pública que el titular de esta cartera de Estado, Iván Lima Magne, no ha solicitado ninguna información ni posición jurídica en el caso de matrimonio igualitario que actualmente se encuentra bajo el conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia.
El que explica se complica
La controversia obligó a la oficina de prensa a emitir un comunicado en el que segura que “Iván Lima Magne no ha solicitado ninguna información ni posición jurídica en el caso del matrimonio igualitario”.
Contrariamente a lo que sostiene el titular de Justicia en su tweet, el comunicado asegura que “El TCP solicitó el criterio de “Amicus Curiae” a José Miguel Vivanco (de Human Rights Watch); Iglesia Católica; Colegio Nacional de Abogados; Defensoría del Pueblo; Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersex; (y la) Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, antes de asumir una decisión que posteriormente se traducirá en una Sentencia Constitucional”.
ADESPROC Libertad, mandó a Lima a leer la normativa vigente para que “no se vuelvan a cometer estos actos que son vergonzosos para una autoridad de su jerarquía” que son observados por la comunidad internacional.
No es la primera vez que Lima se desdice de sus dichos. En febrero pasado, declaró que en el marco de la reforma de justicia en Bolivia se modificará la Ley 348 para dejar a las mujeres agredidas la decisión de denunciar o conciliar con su agresor.
“Darle la palabra a las víctimas, que las víctimas decidan si van por la vía familiar o vía penal, para mí ese es el cambio fundamental. La víctima tiene que decidir, el Estado no es el padrastro ni tutor de las víctimas que sufren violencia. Si la mujer quiere ir a la vía penal, va a poder ir, si quiere ir a la vía familiar y resolver su conflicto ahí, lo podrá hacer” aseguró el ministro Lima.
Pero tras duras críticas de organizaciones feministas, se vio forzado a rectificarse a través de un video difundido en redes sociales en el que admitió que “no se puede volver a la conciliación porque eso significaría retroceder”.
En diciembre pasado, el titular de Justicia afirmó que “los hombres públicos no pueden equivocarse”, dijo que “el que explica se complica y si realmente te has equivocado lo mejor es dar un paso al costado”, y se mostró contrario a que “los empleados públicos tengamos que estar dando explicaciones en la prensa y más si esas explicaciones no convencen a nadie”.
Lima formuló esas declaraciones en medio de la controversia con el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, criticado y luego obligado a renunciar por designar a su pareja como jefa de gabinete de su despacho.
Lo que dice y se desdice
El pasado marzo, un recuento de Página Siete develó que desde que fue posesionado “el discurso y los preceptos jurídicos del ministro de Justicia, Iván Lima, parecen haber dado un giro de 180 grados” y tras constatar que al menos en 8 oportunidades dijo cosas que no cumplió, ese medio concluyó que “la credibilidad del ministro iba en descenso”.
En el recuento, ese medio recuerda que Lima a poco de tomar posesión dijo que “Hablar de un Ministerio de Justicia y de independencia judicial es incompatible”, pero que luego “se convirtió en el operador de los juicios a Añez”.
Señala que el titular de Justicia, abogó por garantizar el desempeño de jueces y de magistrados independientes, pero luego advirtió con asumir “las acciones que le competen por ley” cuando la jueza Ximena Mendizábal desestimó el caso con el líder de la RJC, Jassir Molina.
En el recuento Página Siete detalla que Lima afirmó que “no puedes imputar a nadie si no lo escuchas, es un principio básico, que se haga un juicio a espaldas del ciudadano está prohibido en la Constitución” pero no reclamó ese principio cuando Jeanine Añez fue aprehendida, sin ser notificada ni citada para que declare.
También aseguró que “Un expresidente debe tener juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa (…) Eso va para Jeanine Añez, fue para García Meza y tiene que ser para Evo Morales”, pero luego aseguró que en el caso contra Añez “no corresponde un juicio de privilegio constitucional”.
Lima dijo que el “terrorismo y sedición, me parece que son inconstitucionales” pero no sostuvo esa postura cuando imputaron a Añez por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Afirmó también que “La regla tiene que ser defenderse en libertad, la detención preventiva tiene que ser mínima. Todos tienen derecho a un debido proceso”, pero incumplió esa regla en el caso de Añez.
“Tiene que haber independencia judicial y la Fiscalía tiene que cumplir su función” reclamó Lima en el caso de los procesos por Sacaba y Senkata, pero luego autorizó la intervención del Ministerio de Justicia.
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