Rechazan el diferimiento del censo hasta 2024

El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que el censo de población y vivienda se realizará en 2024, pues su preparación técnica y logística necesita al menos tres años y medio, cuyo proceso puede empezar este año si se aprueba una norma y se garantizan recursos económicos.

Este diferimiento generó una ola de rechazo a nivel nacional de legisladores opositores y oficialistas, al extremo que autoridades electas de Santa Cruz se declararon en emergencia y algunos analistas y políticos dijeron que la postergación pretende evitar el debate del pacto fiscal o redistribución de recursos económicos, y también la reasignación de escaños para las próximas elecciones generales, según reporta Página Siete.

“Lo que estamos imponiendo aquí en el INE es un plazo técnico muy reducido. Estamos hablando de 2024 si sólo se dan las condiciones financieras, logísticas y técnicas aprobadas, destacando que este proyecto censal es un proyecto técnico, no es un proyecto de dimensión política como lo quieren hacer ver algunos conservadores y analistas”, informó el director del INE, Humberto Arandia.

El INE tendrá el proyecto del censo concluido en los próximos meses; después buscará financiamiento estatal y externo, tras ello podrá iniciar el trabajo preparatorio.

Un sondeo efectuado por este medio muestra que varios sectores rechazan el diferimiento y exigen que se lleve adelante el proceso censal el próximo año.

Por ejemplo, sobre el tema Antioco Cala, concejal de El Alto, sostuvo que “sería un grave atentado si se consolida la postergación”. “No creo que la población acepte la intención del Gobierno (de aplazar el censo)... ojalá esto sólo sea un discurso”.

Javier Tarqui, también concejal alteño, explicó a ese medio que El Alto recibe transferencias del nivel central para una población de 840 mil personas y no así para los 1.089.126, de acuerdo con las proyecciones del INE, y donde la pobreza afecta al 36% de sus habitantes, según el reporte del censo 2012. Afirmó que este 2021 no se recibirá “cerca de 400 millones de bolivianos, de 1.800 millones del presupuesto 2020 y este año serán 1.400 millones; hay una reducción y hay más población”.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que esta región se declara en emergencia y dijo que buscará coordinar con el movimiento cívico para exigir el censo. “Ante esa arbitrariedad nos declaramos en emergencia y empezaremos una coordinación con el movimiento cívico de todo el país” y “con las instituciones representativas de cada departamento y con la ciudadanía, para rechazar este intento del gobierno centralista del MAS”, dijo.

Afirmó que “este retraso de tres años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800 mil habitantes más que viven en nuestra tierra desde 2012” y “postergar tres años el censo equivale a la confiscación de facto de recursos que corresponden a las regiones”. Camacho protestó contra “el gobierno del MAS que ya tiene un mal antecedente; el anterior censo lo postergó un año, debió realizarse en 2011 y lo hizo en 2012”.

Arandia informó que los tres años y medio que requiere el INE para preparar el censo es un tema técnico. “Comenzamos el proyecto censal a principios de 2019, incluso el documento (estaba) a finales del 2018, pero la paralización el INE durante el 2020, con cuatro directores distintos, que no realizaron secuenciación lógica, eso ocasionó un retraso del censo en 2023, pero ahora estamos hablando de un año perdido producto de la pandemia (de la Covid en 2020)”.

El alcalde electo de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, rechazó la decisión del INE por “bloquear el desarrollo de Santa Cruz y de toda Bolivia”.

Publicó un comunicado en el que señala que “nos declaramos en emergencia y advertimos que tomaremos las medidas y acciones necesarias para impedir que siga postergando el desarrollo y progreso de nuestra región”.

En el texto, Fernández rechaza los argumentos de las “limitaciones operativas del INE” y explica que hay experiencias, como en Paraguay, Guatemala y República Dominicana, donde “demuestran que un censo puede organizarse y ejecutarse en un año”.

PACTO

Yuri Miranda, exdirector del INE, explicó que no hay ninguna norma legal que diga que se debe realizar cada 10 años, pero de acuerdo con organismos internacionales que hacen comparaciones de crecimiento y disminución de población, pobreza, educación, los censos se deben realizar al término de una década. “La idea es que se hagan en tiempo parecido y los censos tienen que ser comparables intertemporalmente; no hay ley y técnicamente se recomienda cada 10 años porque en ese tiempo cambia la demografía”.

Walthy Egüez, diputado de Creemos, sostuvo que el Gobierno postergó el censo para evitar la discusión del pacto fiscal. “Como le ha ido muy mal en las elecciones subregionales donde no tiene el manejo de los gobiernos departamentales y de muchos municipios, ellos no quieren distribuir el dinero, no quieren un verdadero pacto fiscal”, añadió.