¿RE-ENCUENTRO CON LA PACHAMAMA?

Por: José Luis Saavedra | 

El gobierno del presidente Arce, a través de la Vicepresidencia, está convocando al “Reencuentro con nuestra Madre Tierra/Pachamama” para los próximos días 21 y 22 de abril, en cuyo evento se construiría un par de leyes ciertamente interesantes, pertinentes y (añadiría) necesarias: una de protección de los Derechos de la Madre Tierra y contra el ecocidio (incendios) y otra de creación de la Defensoría de la Madre Tierra.

¿Quién es el inspirador de estas sugestivas ideas?, obviamente el vicepresidente Choquehuanca. ¿Cuál es la credibilidad del vicepresidente?, por hoy ninguna. ¿Por qué?, porque (entre muchas otras razones) el 08 de noviembre, cuando juró como vicepresidente del Estado, emitió un lindo discurso de reconciliación, unificación y equilibrio entre los diferentes sectores del país. Y ¿qué ocurrió inmediatamente después?, la más salvaje persecución, cacería y encarcelamiento no sólo de los miembros del gobierno transitorio sino de cualquier voz medianamente crítica del régimen hoy imperante en el país.

¿Qué presagia entonces el discurso pachamamista del vicepresidente Choquehuanca?, la más violenta arremetida, agresión y avasallamiento de los pueblos y territorialidades indígenas u originarios. Pero, a ver, ¿hay algo que nos indique que el gobierno del MAS actúa en contra tanto del discurso indigenista como de los pueblos indígena originarios campesinos? Hay muchas evidencias y, en este artículo, vamos a dedicarnos a referirlas, aunque limitándonos -por razones de espacio- a los eventos acaecidos en el primer trimestre del presente año.

Un primer tema realmente preocupante es el desmantelamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es decir la designación de directores sin convocatoria pública y la destitución de los jefes de protección, guardaparques y técnicos de las áreas protegidas en todo el país.

¿Cuál es la consecuencia de estas arbitrariedades, atropellos e ilegalidades? En un pronunciamiento público, la CONTIOCAP denuncia que la intención del gobierno es “debilitar y desmantelar las áreas protegidas, con el claro propósito de desaparecerlas y dar cabida (vía) libre a las actividades extractivas al interior de las mismas” (30 enero 2021).

Con todo, el desmantelamiento y la devastación de las áreas protegidas no es el único, ni el principal problema, hay muchas otras problemáticas que afectan a los derechos de los pueblos y de la naturaleza, tales como los mega proyectos extractivistas iniciados o reiniciados en el decurso del primer trimestre del presente año.

Un tema preocupante es que el régimen MASista ha asegurado que va a retomar la construcción de la carretera trans cocalera, que pasa por medio del TIPNIS, afectando severamente a los pueblos indígenas, a la biodiversidad y al medioambiente. Según Cecilia Requena la pretensión de concluir la construcción de la carretera por el TIPNIS es un “ecocidio y un crimen” contra la naturaleza y contra los pueblos indígenas.

Se trata en realidad de garantizar los intereses de los sectores cocaleros (del trópico de Cochabamba) por sobre los derechos de los pueblos indígenas, también de generar graves daños al medioambiente y del evidente interés en y por generar presión sobre los territorios indígenas, además de profundizar el monocultivo de la hoja de coca en la Amazonia.

Otra cuestión también alarmante es el proyecto de la planta de producción de diésel renovable, para la que se destinarían $us 250 millones, que a su vez serán consignados para la subvención al sector agroindustrial, que tradicionalmente depende de la ayuda pública, sin consideración alguna de la rentabilidad económica, menos de la viabilidad ambiental: bajo rendimiento agrícola y alto costo de producción.

Aquí los impactos (costos) ambientales -como el desmonte y la deforestación- se prevén catastróficos, principalmente desde y a partir del cambio de y en el uso de suelos y la consiguiente ampliación de la frontera agrícola, primariamente en los bosques, que hoy (más que nunca) son estratégicos ante el inminente colapso y crisis ambiental que prontamente viviremos/sufriremos.

Más aún, en los países donde se ha promovido este tema de aceites y bencinas, ha habido un desplazamiento de los territorios indígenas, de las comunidades campesinas, y se ha dejado de producir alimentos para dedicarse a los monocultivos de los agrocombustibles. Entonces, el biodiesel tiene una serie de impactos que van más allá de lo ambiental, entraña temas de seguridad, de soberanía alimentaria, etc.

Last but not least, está el anuncio que YPFB retomará las actividades de exploración hidrocarburífera en Tariquía desde el próximo mes de abril. Frente a esta arremetida los comunarios de Tariquía demandan al gobierno de Arce revertir los contratos de exploración y evitar el ingreso de las empresas petroleras a la Reserva para realizar trabajos de búsqueda y sondeo.

Al respecto, la CONTIOCAP emitió un pronunciamiento en y por el que hace un llamado “a la población de Tarija y a todo el pueblo boliviano para no permitir que las exploraciones petroleras en áreas protegidas, como Tariquía, destruyan el futuro de nuestros jóvenes, a quienes el gobierno y los políticos quieren despojarles de lo más esencial para la vida, como es el agua” (26 marzo 2021).

No hay más espacio para hablar de las campañas de intimidación y persecución de los defensores de derechos, ni del tráfico de tierras en la Chiquitania, ni de las violaciones de derechos para imponer actividades extractivistas, ni de los avasallamientos de territorios indígenas y áreas protegidas perpetrados por el gobierno de Arce y las empresas transnacionales; pero, basten estos apuntes para darnos cuenta de que la fraseología pachamamista de Choquehuanca es una vil impostura, patraña, falacia, engaño, embuste y farsa para imponernos -autoritariamente- un extractivismo violentamente depredador de la Madre Tierra.

¡Jallalla Bolivia!

José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.