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Por: Zulema Alanes B. |
Tras 15 años de violencia, dos adolescentes ponen en jaque a la justicia.
Carolina y Cristel ya no están solas. Recibieron el apoyo de más de 60 organizaciones que decidieron respaldar su demanda ante la justicia tras 15 años de haber estado sometidas a violencia sistemática de parte de su padre.
Las dos jóvenes decidieron romper el silencio y denunciar la violencia física y psicológica a la que su padre, Carlos A.V. de 52 años, las sometió desde que tenían cinco y seis años, y su complicidad con la violación de una de ellas, pero que la justicia desoyó.
El caso se conoció en las redes sociales y se hizo viral no sólo por la magnitud de la violencia sino por el riesgo de que el acusado quede en la impunidad por negligencia de los operadores del sistema judicial.
La violencia y la injusticia
Las vidas de Carolina y Cristel han estado signadas por la violencia y por la injusticia.
Siempre vivieron en un ambiente familiar violento. Su madre fue víctima de violencia familiar, y cuando se divorció, en 2005, la justicia otorgó al padre la tutela de las niñas que, desde entonces, se convirtieron en el blanco de la furia machista de su progenitor.
En un breve contacto con Cabildeo Digital, Carolina, repitió lo que no se cansó de contar a los medios de comunicación en los últimos días. “Son 15 años de golpes, mi padre nos pegada hasta dejarnos inconscientes desde que éramos chiquitas, pero también nos sometía a violencia psicológica”.
Varias veces intentaron buscar ayuda, pero su empeño siempre fue infructuoso. “Teníamos miedo, yo siempre temía que no me crean, como no me creyó mi padre cuando le conté que desde mis cinco años fui violada por mi primo”, dijo Carolina sin poder ocultar la angustia que le provoca el recuerdo de la vejación y la indiferencia de su padre que ahora interpreta como complicidad.
Por eso mismo, ella y su hermana Cristel decidieron registrar algunos episodios de violencia. Guardaron fotos con las marcas de los golpes y grabaron sus insultos: “¡Boluda de m…! ¡Me tienes cabreado! Eres una p... maldita” se escucha a un encolerizado sujeto que ella identificó como su padre y detalló que además de los golpes e insultos “Cuando salíamos, nos revisaba la ropa interior, no sé qué tiene en la cabeza, eso es de enfermos”. Cristel sólo añade que “teníamos miedo, mucho miedo, hemos vivido años paralizadas, con mucho miedo”.
A principios de mes denunciaron a su padre por violencia física y psicológica y por consentir la violación de Carolina.
“Este no sólo es un caso de violencia extrema, es un hecho de negación de protección y justicia”, dijo a Cabildeo Digital la directora de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, una de las 60 instituciones que emitió un pronunciamiento respaldando a las jóvenes.
La abogada aseguró que este caso “configura una grave violación a los derechos de las víctimas, los delitos deben ser sancionados, pero también las fallas en la justicia”.
Las fallas del sistema
Mónica Bayá detalló que “las víctimas han revelado que al inicio de la denuncia, esta habría sido desestimada, y que no dieron curso a su demanda por falta de pruebas, y esto es absolutamente irregular porque la víctima no está obligada a presentar pruebas, esa es la labor de la fiscalía y de la policía”.
Añadió que “se tenía que haber valorado el riesgo y disponer medidas de protección, justamente porque vivieron ciclos de violencia, se les privó de libertad, se las amenazó de muerte y no se hizo la valoración de riesgo de manera oportuna, hay retardación en términos de protección”.
Y a la lista de errores del sistema judicial, Bayá añadió que “no se aplicaron medidas cautelares acordes a la magnitud del caso y de los riesgos procesales, pero tampoco se atendió el pedido de detención preventiva que formularon las víctimas porque sienten mucho miedo, y se siente en riesgo por lo vivido y por las amenazas de su padre y toda la familia”.
Dijo que la fiscalía no sólo debía procesar al acusado por violencia familiar o doméstica, sino “por lesiones graves, que además de ajustarse con mayor rigor a lo que conocemos del caso, corresponde para aumentar la pena por los delitos cometidos y, asimismo, iniciar de oficio un proceso por la violación de la que fue objeto una de las hermanas”.
En su criterio, se ha incurrido en un conjunto de fallas procesales, que conllevan responsabilidad institucional y personal de las diferentes instancias. En términos de investigación quien tiene la dirección y debe investigar de oficio es el Ministerio Público, lo que no impide desconocer las obligaciones de la Policía y el SLIM, que debían haber dispuesto las medidas de protección”.
Lamentó la actuación de los operadores de justicia advirtió que “si este caso no salía a la luz, hubieran estado aun en una situación, de vulberabilidad extrema, están atemorizadas porque no saben lo que va a suceder”.
Respaldo unánime
En un pronunciamiento público, más de 60 organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos de las mujeres, manifestaron su indignación por los hechos de violencia que vivieron las hermanas Carola y Cristel en la ciudad de La Paz por su propio padre que “ejerció violencia física y psicológica contra las niñas, restringió su libertad personal al mantenerlas bajo encierro y ejerció contra ellas todo tipo de amenazas, además de haber encubierto otras agresiones por parte de familiares, según la denuncia pública realizada por las hermanas. Este padre quien tendría que haberles brindado amor, protección y seguridad se convirtió en su mayor verdugo”.
Ante los hechos, exigen al Ministerio Público “investigar eficaz, oportuna, oficiosa y exhaustivamente todos los hechos denunciados por las víctimas, en el marco del estándar de la debida diligencia”. Y anuncian una marcha de solidaridad este lunes a las 15.00 horas.
Demandan a las autoridades judiciales “actuar con celeridad, garantizar la participación y acceso de las víctimas y sus representantes durante el proceso, garantizar la efectividad de las medidas de protección impuestas para evitar nuevos hechos de violencia y generar un entorno de seguridad para las víctimas”.
Asimismo, exigen “aplicar la Sentencia Constitucional Plurinacional 017/2019-S2 de 13 de marzo de 2019 por la que, en los casos de violencia contra las mujeres, se deberá evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas”.
Según el pronunciamiento, las autoridades competentes de la Fiscalía General del Estado, Órgano Judicial y Policía Boliviana “deben supervisar los avances en este caso para evitar retardación de justicia, revictimización y parcialización o favorecimiento hacia el imputado”.
